CARACAS.- A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, el ‘madurismo’ comienza a posponer las conversaciones sobre las garantías políticas y electorales que debe tener este evento. La excusa en este caso es el supuesto desconocimiento al Acuerdo Social pactado en México. La Plataforma Unitaria -que agrupa a los principales partidos de la oposición venezolana- y el régimen de Maduro suscribieron el 26 de noviembre de 2022 un ambicioso acuerdo social que incluía la creación de un fondo de 3.000 millones de dólares para atender la emergencia humanitaria compleja que sufre el país.
La firma de este acuerdo era el paso previo para que se iniciaran las conversaciones sobre garantías políticas y electorales para los comicios presidenciales de 2024. Estas conversaciones debían iniciarse durante la primera semana de diciembre. No obstante, dos meses después de la firma del Acuerdo Social, el fondo no ha sido constituido, las conversaciones sobre garantías electorales no han comenzado y el ‘madurismo’ acusa a la oposición y al gobierno de EEUU de incumplir los acuerdos.
Jorge Rodríguez, coordinador del grupo negociador de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional oficialista, designada en 2020, sostiene que las conversaciones sobre garantías electorales no continuarán hasta que los 3.000 millones de dólares que forman parte del acuerdo social puedan ser ejecutados.
“Si hay algo en lo que yo creo es en la palabra, los representantes de la derecha que firmaron un acuerdo social, en presencia del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, de los países acompañantes -sostiene Rodríguez- Si no se cumple con la palabra empeñada de liberar los más de 3.000 millones de dólares que han robado, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Un hombre sin palabra es nada, una mujer sin palabra es nada”.
¿Es cierto que la oposición ha incumplido el acuerdo? Gerardo Blyde, coordinador de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, desestima las acusaciones de Rodríguez, al tiempo que exhorta a su contraparte a regresar a la mesa de negociación cuando antes.
Blyde sostiene que Maduro tiene mayor conocimiento de en dónde se encuentran los recursos de la República, por lo que solo el trabajo conjunto (entre la Plataforma Unitaria y el madurismo) permitirá encontrar los mecanismos jurídicos y técnicos para desbloquearlos y poder iniciar su transferencia al Fondo Fiduciario que manejará Naciones Unidas para los proyectos en materia de salud, infraestructura escolar, sistema eléctrico, programa mundial de alimentos y la ayuda a los afectados por las lluvias del pasado año.
En relación con las aseveraciones de Rodríguez sobre la inmediatez con la que debía contarse con los tres mil millones de dólares, el coordinador del grupo negociador de la PU indica que "jamás se señaló que los fondos iban a ser transferidos de un solo golpe”.
Blyde aclaró que “en el acuerdo firmado no se estableció que esos fondos iban a entrar a una cuenta del gobierno de Maduro, sino al Fondo Fiduciario manejado por la ONU. Lo que sí convenimos es que el desarrollo de toda la agenda integral del memorando de entendimiento no podía ser retrasado, suspendido o condicionado por ningún aspecto derivado de la ejecución del acuerdo. Debemos cumplir con lo acordado”.
La explicación de Blyde fue rechazada por Nicolás Maduro Guerra (hijo del gobernante venezolano e integrante del grupo negociador oficial) quien sostiene que algunos miembros de la delegación de la oposición “no querían firmar. Yo los vi, nadie me lo contó. Y los llamaron del Departamento de Estado y firmaron, pero al final pareciera que no podrán cumplir con lo que se firmó”.
Por su parte, Diosdado Cabello ha indicado: "Jorge Rodríguez fue muy claro: la oposición no tiene palabra, ya nosotros habíamos dicho algo similar en la reunión de nuestro partido. No nos vamos a sentar a dialogar si ellos no son capaces de traer el dinero que deben poner, qué se robaron (...) Busquen la plata, devuélvanles el dinero a los venezolanos, díganle a sus amos que hagan algo por ustedes, porque están quedando muy mal".
El papel da la razón a Blyde
En el acuerdo firmado por las partes el 26 de noviembre de 2022 se señala que el dinero corresponde a “los fondos legítimos de la República que se encuentran congelados en el sistema financiero internacional”.
En este documento se especifica que las partes “piden a la ONU el apoyo para la creación de un fondo fiduciario a favor de Venezuela: el Fondo para la Protección Social del Pueblo”. Para constituir este fondo ambas partes deben reunirse y firmar su creación con Naciones Unidas.
Adicionalmente las partes se comprometieron “a gestionar ante los organismos internacionales y nacionales que corresponda, la liberación del dinero de la república congelado, y su traslado a este fondo para el pago de los proyectos antes señalados”.
¿El dinero tiene que ir a las cuentas del gobierno de Maduro? El documento firmado no lo estipula así. Al contrario, indica que el dinero recuperado integrará el fondo administrado por Naciones Unidas y el dinero será ejecutado a través de los multilaterales que trabajan en el país.
Aunque el acuerdo se firmó el pasado 26 de noviembre la falta de nuevos encuentros formales entre la oposición y el gobierno de Maduro ha imposibilitado avanzar en las siguientes etapas del proceso: Designación de la comisión técnica que evaluará los procesos, designación de la comisión de control y seguimiento de los recursos, firma de las partes con Naciones Unidas para constituir el fondo e identificación de los recursos congelados que se pueden transferir al fondo.
Las dos partes deben ubicar los recursos
Mariela Ramírez, integrante del Foro Cívico, instancia que agrupa a organizaciones y líderes sociales que han impulsado la firma del Acuerdo Social, sostiene que “la ingeniería financiera necesaria para que se puedan proteger estos activos de los acreedores de la República es compleja y lograr constituir el Fondo de Activos que manejará la ONU requiere compromiso de ambas partes”.
Ramírez recuerda que el gobierno de Maduro no solo está condicionando la negociación política al cumplimiento del Acuerdo Social, sino que también está postergando la discusión de fondo, a la vez que evade comprometerse al trabajo mancomunado con los factores de la Plataforma Unitaria para lograr la constitución del Fondo de Activos y la implementación del acuerdo que beneficiaría a millones de venezolanos.
Por su parte, Juan Gonzalez, asesor de la administración Biden para Latinoamerica explica que el acuerdo logrado “toma tiempo para implementarse porque es un tema muy complejo”. Gonzalez se refiere no solo a las distintas jurisdicciones legales en las que se encuentra el dinero que se incluirá en el fondo, sino también a la protección adicional que estos recursos deben recibir para evitar que los acreedores del Estado venezolano intenten tomar control de estos recursos para cobrar las deudas que los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro mantienen con ellos.
Buscan excusas
Julio Borges, ex canciller del Gobierno Interino, sostiene que las declaraciones del oficialismo en Venezuela obedecen a una estrategia para paralizar el proceso de negociación.
“Hay que estar muy alertas porque Jorge Rodríguez al final no le interesa la gente, ningún acuerdo social, ningún bienestar del pueblo, que llegue el dinero, allí lo único que hay es un interés de conservar el poder y tener fundamentalmente la capacidad de extender y distraer (…) En el mes de diciembre del 2022 se tenía que comenzar nuevamente las discusiones en México y la dictadura le ha dado larga. Al final están buscando excusas para retardar el proceso y eso no puede ser aceptado. Lo que hace Rodriguez hoy es distraer y tratar de buscar excusas para no ir al corazón de los temas que es fundamentalmente una agenda política que permitan unas elecciones competitivas en menos de 24 meses”,
