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@VeroEgui

CARACAS.- La emergencia humanitaria afecta todos los ámbitos de la vida en Venezuela, pero las mujeres son especialmente vulnerables en este estado de crisis total.

Esta desestructuración de la institucionalidad y pérdida de la calidad de vida genera una mayor brecha de desigualdad, lo que se convierte en el primer eslabón de fragilidad, siendo particularmente afectadas las mujeres en el derecho a la salud, que incluye la salud sexual y reproductiva, así como la alimentación y la violencia de género.

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“La pobreza, la crisis y la aplicación de medidas de ajuste macroeconómico no tienen un efecto homogéneo en toda la población. Esas medidas impactan de forma más negativa a las mujeres por las dificultades que tienen para acceder a trabajos estables, y bien remunerados. Mientras que la falta de inversión en educación y salud causa que las mujeres empleen más tiempo en los hogares, cuidando a las personas con condiciones de salud, o a niños”, todo esto incide en la pérdida de oportunidades de desarrollarse en el ámbito laboral, según advierte el informe Mujeres al límite realizado por la coalición Equivalencia en Acción, conformado por la Asociación venezolana para una educación sexual alternativa (AVESA), la Asociación Civil Mujeres en Línea, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), y el Centro Hispanoamericano de la Mujer, Freya, organización social especializada en el desarrollo integral de proyectos y programas que promuevan la igualdad.

Además de los problemas cotidianos que existen en Venezuela, asociados con la búsqueda de alimentos, transporte y vestido surgen los inconvenientes en materia de salud sexual y reproductiva, sumado al acceso, y oportunidades para la educación y trabajos estables que aseguren ingresos en un contexto de hiperinflación y escasez.

Como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, Venezuela enfrenta una disminución en la esperanza de vida de 3,5 años de quienes nacieron la generación anterior. Se considera este un fenómeno gravísimo, propio de las destrucciones económicas, epidemias, guerras o situaciones de hambruna.

Esta situación estuvo presente durante la Segunda Guerra Mundial en algunos países de Europa, en Camboya, durante el genocidio que impulsó los Jémeres Rojos y en África, cuando apareció la epidemia de VIH, advierte el informe.

Un indicador relevante tiene que ver con la interrupción de la trayectoria educativa: 209.240 niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años no asisten a ningún centro educativo, 12% de ellas suspendieron su enseñanza por estar embarazadas o tener que realizar los cuidados del hogar, 35% alegó que no quería seguir estudiando, 10% de las jóvenes necesitaba conseguir un trabajo remunerado como algo prioritario por encima de los estudios y 27% alegó otras razones para faltar a clases.

Entre las principales limitaciones expresadas por las personas encuestadas para asistir de forma regular al centro de estudios, el informe destaca que 28% señaló la falta de servicio de agua, que impacta de forma especial a niñas, jóvenes y mujeres, por razones asociadas con la higiene menstrual y el embarazo.

La higiene menstrual es un factor que puede desencadenar infecciones y otros problemas de salud pública. La escasez de toallas sanitarias, copas y tampones, afecta la capacidad de estudiar de las adolescentes y jóvenes y que puedan así desarrollarse plenamente en el ámbito laboral.

Migrar para no morir de hambre o parto

Desde 1990 hasta 2011 (última cifra publicada por el Instituto Nacional de Estadística) ha habido una tendencia al alza en que la jefatura del hogar recaiga en la mujer, pasando del 24 al 39% en 20 años, esta situación supone un riesgo de vulnerabilidad de las mujeres para atender la crianza y cuidados en el hogar. Unas 3.071.881 de venezolanas se dedican exclusivamente a las responsabilidades (culturalmente impuesta) de la vivienda. Esta situación ha disminuido las oportunidades de entrar al mercado laboral y ser independientes.

En cuanto a la alimentación, el aumento exponencial de la canasta básica producto de la hiperinflación genera un impacto directo sobre la capacidad de compra y consumo de alimentos que afecta a la población, pero genera una afectación diferenciada en el caso de niñas, adolescentes y mujeres.

El 96,5% de las mujeres consultadas antes de iniciar su proceso migratorio adujeron su decisión a la preocupación de no contar con alimentos en sus hogares, esta situación se asocia con el contexto socioeconómico que viven ellas en sus casas. De hecho, 43,63% manifestó que “a menudo” (más de 10 veces) estuvieron preocupadas de no tener disponible alimentos para sus hogares; un 28,60% señaló que “a veces” (de 3 a 10 veces); y el 24,5% “raramente” (1 a 2 veces) dentro de un período de cuatro semanas.

Una vez fuera del país, 70,58% de las mujeres mostró la responsabilidad de enviar remesas familiares para quienes dejaron en Venezuela, 48% para ambos padres, 15,20% para la madre, 9,25% a los hijos y ambos abuelos, 8,1% a los hijos y la abuela y 7,6% solo para los hijos. Solo 29,42% dijeron que no tenían responsabilidades con otras personas en el país.

Parte de la migración de las mujeres también está motivada por el embarazo. En Venezuela la mortalidad materna aumentó 66% solo entre 2015 y 2016. De hecho, 8.209 embarazadas venezolanas ingresaron a Colombia solo entre abril y junio de 2018, 77% de ellas no tenían ningún tipo de control prenatal en su país de origen.

Sin embargo, el parto de las mujeres venezolanas en territorio neogranadino, específicamente, genera otros problemas: el sistema de identificación de Venezuela tiene severos retrasos para otorgar los documentos, y en Colombia, un niño no adquiere la nacionalidad solo por nacer allí, requiere que uno de sus padres sea colombiano.

Solo si los padres son extranjeros y cuentan con visa expedida por la cancillería de Colombia, podrían tramitarle dicha nacionalidad al bebé. De lo contrario, debería acogerse a la nacionalidad de sus progenitores, y si éstos no pueden tramitársela, este niño podría formar parte de los 10 millones de apátridas (que ningún estado lo reconoce como nacional de ese país y por tanto no tiene derechos en ningún sitio) que hay en el mundo.

Por su parte, 10% de partos registrados entre enero de 2017 y marzo de 2018 en el estado fronterizo de Roraima, en Brasil correspondieron a embarazadas venezolanas que huyeron para no morir. En este país, sí se adquiere la nacionalidad por nacimiento.

Esterilización quirúrgica como método anticonceptivo

Un dato relevante, recabado entre agosto y diciembre de 2018 en cinco de las principales ciudades del país (Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Porlamar) evidencia que la escasez de todos lo métodos anticonceptivos oscila entre 83 al 92%, para los condones el promedio alcanza el 52%.

La ausencia de campañas educativas sobre la reproducción así como el control reproductivo han ocasionado que 24% de las madres venezolanas sean menores de 19 años, según las últimas cifras oficiales (de hace más de 4 años) 27% son menores de 19, destaca la coalición Equivalencia en Acción.

El informe refiere que la esterilización quirúrgica (26%) prevalece como un método anticonceptivo, 21% utilizan anticonceptivo oral, 10% dispositivo intrauterino, 3% preservativo, evidenciando una baja participación masculina en el hecho de protegerse, 4% método del ritmo y 5% coitus interruptus.

Frente a la ausencia de métodos de planificación familiar, el estado venezolano ha promovido las esterilizaciones quirúrgicas de mujeres dentro del “Plan Quirúrgico Nacional,” que se desarrolla desde el 2014, señala el informe, al tiempo que advierte que “si bien la esterilización quirúrgica es un método anticonceptivo de elección válido y goza de buena aceptación entre las mujeres venezolanas, preocupa que la decisión para someterse a esta intervención irreversible la estén tomando en base al temor de tener un embarazo no deseado y al desespero derivado de no contar con otros métodos, coaccionadas por la actual crisis”.

Por otro lado, la Asociación Probienestar de la Familia Colombia (Profamilia) realizó un informe a comienzos de este año en el que revela que hombres y mujeres provenientes de Venezuela, de diferentes grupos de edad, no estaban familiarizados con el concepto de salud sexual y salud reproductiva ni con los servicios y los derechos relacionados con ellos. Tampoco demostraban suficientes conocimientos sobre anticonceptivos, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y los servicios de salud necesarios para el manejo clínico de la violación. Jóvenes en edades comprendidas entre 14 y 25 años negaron haber recibido educación integral para la sexualidad.

Aumentan los casos de feminicidio

Aunque es difícil precisar la magnitud real de la violencia contra la mujer en Venezuela por la ausencia de cifras oficiales en este sentido, el informe destaca que 37,02% de las consultadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia. De ellas, 18,67% indicó que la agresión fue verbal y psicológica, 16,56% física, y 1,82% dijo haber sido víctima de violencia sexual.

En 58,6% de los casos, los victimarios fueron sus actuales parejas, 18,7% familiares directos masculinos (padres, tíos, abuelos y primos), 9,5% extraños, 7,7% sus parejas anteriores, 2,7% compañeros de trabajo.

En este mismo sentido, Cotejo, un portal cibernético venezolano de Fact Checking, reportó que en 2018 se habían cometido 448 feminicidios, un incremento del 11% respecto al año anterior. De cada 100 femicidios en el país, las edades de las mujeres oscilan entre 25 y 45 años, 27 de esos casos sucedieron a mujeres de menos de 25 años.

Un feminicidio se distingue de otro homicidio por la intencionalidad. "Matan a la mujer por ser mujer, porque socialmente se le percibe inferior o débil. Suele ser la expresión más radical de un ciclo de violencia", opina Luisa Kislinger, internacionalista y activista de los derechos humanos de la mujer y coordinadora general de dicho informe.

En el contexto de emergencia humanitaria compleja, es primordial priorizar la atención a necesidades específicas en salud sexual y reproductiva, incluyendo las de las adolescentes, así como la provisión de métodos de planificación familiar; el acceso a insumos de higiene menstrual, el suministro de complementos alimenticios a mujeres embarazadas y sus hijos/as en riesgo de desnutrición; la atención debida a casos de violencia sexual; y respuestas institucionales ante casos de violencia contra la mujer, particularmente los femicidios, la explotación sexual, la trata y el tráfico, advierte el informe.

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