CARACAS.- El Parlamento legítimo de Venezuela aprobó un acuerdo en rechazo a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de regular las actividades de las ONG.

El documento fue aprobado durante la sesión celebrada este martes vía online, el cual establece que la providencia publicada en Gaceta Oficial número 42.098 de fecha 30 de marzo de 2021, emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es nula, contraria a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

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Asimismo, el acuerdo señala hacer un llamado a la sociedad civil organizada, que por medio de las ONG han denunciado las violaciones y persecuciones del régimen de Nicolás Maduro, a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y de las víctimas, apegándose en el artículo 350 constitucional y desconociendo la providencia antes mencionada.

Cerco normativo contra la sociedad civil

Al inicio del debate, tuvo un derecho de palabra el profesor Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, quien manifestó que la providencia implica un cerco normativo contra la sociedad civil, es decir, el régimen en vez de colaborar y ayudar lo que hace es allanar a las ONG, tales como Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mil Convive, entre otras, dedicadas a la asistencia humanitaria.

Explicó Daniels que este hostigamiento y persecución a las ONG se ha tratado de enmarcar dentro de la ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamientos al Terrorismo, que efectivamente en su artículo 8 exige que haga un registro, pero no hay ninguna normativa que indique cómo debe hacerse.

“Simplemente dice que las asociaciones y fundaciones civiles sin fines de lucro están obligadas por la ley, hasta ahí esto no tiene mayor trascendencia, lo que tiene una afectación a las organizaciones es la providencia, porque pide documentos que el mismo estado niega, es decir, desde hace años los registros y notarías se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales, de manera que se evidencia el carácter surrealista con que actúa este gobierno al pedir documentos que la misma administración pública se niega a dar”, expresó.

Esa providencia es un adefesio

Posteriormente, intervino el diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli, quien manifestó que la Asamblea Nacional rechaza categóricamente la providencia, a la que calificó de "adefesio", así como a la ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamientos al Terrorismo, "que consiguió como víctima al ciudadano común".

Indicó que una de las víctimas de esta ley han sido los partidos políticos y un ejemplo de ello es la tolda Voluntad Popular, a la que intentaron declararla como una organización terrorista y ahora pretenden "con este adefesio” que es la providencia administrativa, regular y controlar a las sociedades civiles, ONG y fundaciones sin fines de lucro.

“Lo que quieren es limitar sus libertades y aterrorizarlos, porque saben que están haciendo una gran labor y este régimen no le gusta ver ojo bonito en cara ajena, nada que ellos no hagan, así sea en beneficio del pueblo, no lo permiten y por eso inventaron este adefesio, que su grado de aplicabilidad es para todo el mundo, aquí no se salva ni el gato”, dijo.

No hay un sistema de justicia independiente

La diputada por el estado Barinas Sandra Flores afirmó que esta providencia es inconstitucional y tiene como propósito hostigar a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a los venezolanos.

“El régimen pretende obligar a las ONG a registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo bajo la presunción de terroristas y, además, a entregar una serie de recaudos, un listado de los organismos nacionales e internacionales que dan donaciones o le brindan cualquier tipo de apoyo para su funcionamiento, sus sucursales y de otras organizaciones con las que tengan algún tipo de asociación, e identificar a las personas beneficiadas por los programas sociales que llevan a cabo, entre otros listados”, resaltó.

Señaló que eso es inconstitucional, porque se viola el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49 de la Constitución, al igual que el 22, que establece que el Estado está obligado a facilitar el ejercicio del derecho de asociación.

“En Venezuela no hay un sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos, por tanto estas víctimas y sus familiares sólo cuentan con la ayuda, el asesoramiento y el acompañamiento de las Organizaciones no Gubernamentales para buscar justicia”, remarcó la diputada.

La parlamentaria Deyalitza Aray, en tanto, dijo que las ONG brindan atención a las familias de los privados de libertad injustamente, las víctimas de la violencia, los adultos mayores, las madres y niños del (hospital) JM de los Ríos; además, hacen distribución gratuita de alimentos y medicamentos , entre muchas otras acciones.

Aseguró que estas organizaciones están dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a visibilizar la cruda realidad por la que está atravesando la población venezolana, a extender una mano solidaria para ayudar a quienes menos tienen.

“Hoy estas ONG son atacadas, amenazadas, criminalizadas y sometidas al poder de una dictadura que quiere controlar absolutamente todo y que el único mecanismo que ha convertido en política de Estado es precisamente la persecución y sobre todo la construcción de expedientes que, disfrazados o amparados en supuesta normativa, atentan contra los derechos fundamentales de todos y en este caso les tocó a las ONG”, afirmó.

FUENTE: Centro de Comunicación Nacional

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