CARACAS.- El pleno de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) legítima aprobó un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria, con el objeto de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional.

El documento presentado por la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN exige a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales.

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El diputado Williams Dávila, presidente de la referida instancia legislativa, reiteró la denuncia sobre la parcialidad del sistema judicial y el deterioro de la independencia de los Poderes Públicos, que están sometidos al poder Ejecutivo usurpador y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)

A su juicio, la reforma judicial y penitenciaria propuesta por el régimen “es una respuesta política” que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional y como parte de una estrategia que pretende hacer ver que el sistema judicial venezolano funciona de forma independiente y parcial en Venezuela.

“La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75 mil presos, de los cuales 40 mil están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio”, comentó Dávila y agregó que el régimen no tiene la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal.

Denunció que el régimen convirtió las cárceles venezolanas en “centros de corrupción y negocios ilícitos" y precisó que en el año 2020 se registraron 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron de desnutrición y tuberculosis. Subrayó que actualmente no poseen información precisa sobre los casos de contagios de COVID-19 en las cárceles.

En la sesión realizada vía online, el diputado Guillermo Palalcios tildó de “payasada” esta reforma del poder Judicial, que sería la número seis llevada a cabo por el "chavismo" durante los 20 años que ha estado en el poder en Venezuela.

Vaticinó que será un fracaso institucional, con intenciones totalitarias y que estará al servicio de los intereses políticos de la dictadura.

Seguidamente, la diputada Tamara Adrián señaló que el Poder Judicial de Venezuela ha quedado desinstitucionalizado debido a que los jueces de carrera fueron sustituidos por jueces bajo la figura de libre nombramiento y remoción. Dijo que el sistema judicial venezolano está "colapsado" y que es urgente reconstruirlo.

FUENTE: Centro de Comunicación Nacional

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