CARACAS.- Pese a que el presidente Nicolás Maduro aseguró hace diez días que para contener las manifestaciones opositoras que sacuden a Venezuela desde hace más de dos meses la policía y los militares están utilizando “lo básico: los equipos de dispersión por agua y los gases lacrimógenos permitidos nacional e internacionalmente”, los uniformados encabezan la lista de detenidos como sospechosos de las 64 muertes registradas por el Ministerio Público (Fiscalía) y de los más mil heridos registrados.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su última alocución pública informó que hay 422 arrestados por asesinar a manifestantes, herirlos o por participar en saqueos y disturbios. De esos detenidos, 28 son guardias nacionales y policías nacionales, estatales o municipales, a los cuales hay que sumar otros 19 con órdenes de captura pendientes de ejecutar.
Sin embargo, esta cifra podría aumentar en los próximos días, en virtud de que la funcionaria ya ha señalado a efectivos de ese componente militar de ser los presuntos responsables de la muerte del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete.
Pernalete falleció el pasado 26 de abril a consecuencia de un golpe que recibió en el pecho cuando participaba en una marcha en las inmediaciones de la plaza Francia de Altamira. En un primer momento se aseguró que una bomba lacrimógena lanzada por un militar habría sido la responsable, pero después desde el Gobierno pusieron a rodar la versión de que el joven habría sido asesinado por alguien que estaba con él en la concentración opositora, quien le habría disparado con una pistola de perno utilizada en la ganadería.
No obstante, el pasado 24 de mayo esta tesis terminó en la papelera cuando la Fiscal General aseguró: “Él (Pernalete) fue impactado por un objeto como este. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena”, quien agregó: “Sabemos de dónde salió, del grupo (de la GN del) que salió este objeto, lo que todavía no hemos (logrado es) individualizar a la persona”, declaró.
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La Guardia Nacional Bolivariana es el principal órgano represor de las manifestaciones pacíficas de los opositores en Venezuela.
EFE
Entre los 28 detenidos figuran 13 policías nacionales, estatales o municipales señalados por algunas muertes. Entre estos están los agentes de la Policía de Carabobo, Marcos Ojeda y Edwin Romero, quienes el pasado miércoles 31 fueron acusados por el Ministerio Público de ser los responsables de matar a Daniel Alejandro Queliz, estudiante de tercer año de Derecho, cuando participaba el pasado 10 de abril en una protesta en Valencia, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.
Queliz fue la segunda víctima mortal que dejó la represión gubernamental a las protestas que estallaron luego de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional.
Estos decesos, sumados al hecho de que 500 de los más de 1.000 heridos ocurridos en estos dos meses son atribuidos a funcionarios de la ley, explican la advertencia que Ortega Díaz lanzó el viernes: “Todo lo que se haga hoy referido a la violación de los Derechos Humanos será históricamente analizado y por supuesto repercutirá en las futuras generaciones”, dijo, al tiempo que advirtió: “Son inconstitucionales y violatorios de los Derechos Humanos el uso excesivo de la fuerza, los allanamientos masivos y sin orden judicial donde hay daños a la propiedad y donde hay maltratos a las personas, las detenciones masivas de personas, el uso de armas de fuego en las manifestaciones y también es inconstitucional y contrario a derecho la modificación de municiones para aumentar la letalidad”.
Los que más han crecido
En los últimos días el número de civiles detenidos como presuntos responsables de algunas muertes ha crecido y en los últimos se han identificado con nombre y apellido a 22. En este grupo están, por ejemplo, los ocho jóvenes señalados de linchar y dispararle al exteniente de la Guardia Nacional, Danny Subero, muerto el pasado 27 de mayo en la localidad de Cabudare, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas.
El fallecido fue interceptado por un grupo de personas que se encontraban en las calles protestando y participando en la caravana fúnebre de Manuel Sosa, un joven asesinado en la misma localidad el día anterior, a consecuencias de un disparo mientras se manifestaba contra el Gobierno.
De acuerdo con las primeras versiones las personas creyeron que el exuniformado era un infiltrado.
FUENTE: Especial
