Ante la Corte Penal Internacional se han denunciado más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, en los que se demuestra la inducción al crimen operada desde los altos cargos con el fin de anular los movimientos opositores, tanto civiles como militares.

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Según el artículo 5 de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Venezuela, la tortura es un acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”.

Desde el fallecimiento del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta [urbanización en Caracas], se desataron las alarmas dentro de la nación caribeña en internacionalmente, por las denuncias que se han publicado acerca de otros militares y civiles que presuntamente han sido torturados durante los primeros días de su detención, con el fin de obtener información o una declaración jurada.

Explica la abogada venezolana Tamara Suju, que para denunciar una red de torturas ante un organismo internacional se debe demostrar dicha inducción en el crimen, y en estos casos los presuntos culpables serían los más altos cargos quienes dictan las órdenes. “Debes ir a la cabeza. Ir al por qué está sucediendo ese crimen y por qué ese crimen es sistemático o cómo es inducido por estas personas”.

Destaca que en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro está a la cabeza de la estructura represiva, de la estructura criminal, porque él es quien manda.

“Luego está el ministro de Justicia; está la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, quien es la jefa del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia). Después están aquellos organismos que deben evitar el crimen, como lo es el sistema de justicia, encabezado por la Fiscalía, la Defensoría, y los tribunales, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia, dirigida por Mikael Moreno”.

Suju también incluye a los gobernadores y alcaldes que no hacen nada para evitar que se cometan los atropellos, así como los jueces y fiscales que se repiten en estos casos.

Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada el miércoles 18 de julio, para discutir la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la abogada Tamara Suju participante en los debates, presentó sus argumentos acerca de lo que define como el esquema de mando responsabilizado con el sistema de torturas que se aplica en la nación sudamericana, según lo comunicó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Dentro de esa red de tortura, de acuerdo con la versión de la abogada Suju, en el ámbito militar después de Nicolás Maduro está el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y los jefes de varios componentes que se describen a continuación.

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