El 15 de noviembre, el Gobierno cubano abrió las fronteras del país a los viajeros internacionales con el objetivo de reactivar el turismo, uno de los motores de la economía nacional, maltrecha desde antes de la llegada de la pandemia de COVID-19. ¿Ha sido una medida apresurada? ¿La apertura podría propiciar un nuevo disparo de los contagios? ¿A qué funcionario podrían exigir responsabilidad los cubanos afectados si tal escenario se produce? lanza la interrogante DIARIO DE CUBA.

No es la primera vez que el Gobierno intenta reavivar el turismo durante la pandemia. Al inicio, mostró resistencia a cerrar las fronteras y llamó a que los vacacionistas foráneos se refugiaran del Covid-19 en Cuba, donde supuestamente los protegería el clima veraniego. El cierre inevitable llegó, pero luego de varios meses, a finales de 2020, decidió reabrir las fronteras del país. En ese momento los partes oficiales reflejaban entre 40 y 60 casos diarios.

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DIARIO DE CUBA sostiene que el 15 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba reportó 49 nuevos casos, 15 días después reportaba 97. El 10 de diciembre, 86 pacientes eran diagnosticados con el Covid-19. El 20 de diciembre los positivos ascendían a 115. Ya para el 10 de enero de 2021 se registraban 431 casos y dos fallecidos. A partir de ese momento, las cifras subieron progresivamente hasta varios miles de casos diarios y los cubanos vieron colapsar los hospitales del país, incapaces de responder a la demanda de atención.

En la Mesa Redonda del 11 de marzo de 2021, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García reconoció que la apertura de fronteras en noviembre de 2021 "no salió del todo bien". En ese momento, la cifra oficial de nuevos contagios era de 778. Cuatro personas fallecieron durante la mencionada jornada.

Ahora, el número de casos y fallecidos por Covid-19 disminuye de manera sostenida en los partes oficiales. El día 15 se registraron 243 nuevos casos, casi tres veces los que había, según los partes del MINSAP, cuando se reabrieron las fronteras en noviembre de 2020. Al cierre del 21 de noviembre, se reportaban 240 casos.

El 7 de noviembre pasado, el Gobierno anunció un nuevo protocolo para los viajeros que ingresan a Cuba, que eliminó la cuarentena obligatoria y la realización de la prueba de PCR. Basta mostrar un certificado de vacunación o el resultado negativo de una prueba de PCR realizada 72 horas antes del viaje.

Las vacunas homologadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se aplican en la mayoría de los países emisores de turismo a Cuba, han demostrado su eficacia para reducir el número de personas ingresadas con Covid-19 en las salas de cuidados intensivos.

No evitan el contagio, pero aumentan la capacidad de respuesta del organismo ante el virus. Por tanto, el Gobierno cubano está apostando a que sus vacunas no homologadas hasta el momento ni por la OMS ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) proporcionen a los cubanos una capacidad de respuesta ante el Covid-19 similar a la que brindan Pfaizer, Moderna y Janssen, entre otras.

Por otra parte, aunque los ingresos en salas de cuidados intensivos han disminuido en esos países, actualmente varios experimentan un repunte en la cantidad de personas diagnosticadas positivas al virus: vacunadas o no.

En España, por ejemplo, la incidencia del coronavirus sigue al alza, principalmente en Cataluña, donde el riesgo de rebrote se disparó el fin de semana, con 200 puntos (100 por encima del umbral que los epidemiólogos consideran indicativo de riesgo alto).

En Alemania, el 11 de noviembre se registró un récord de contagios en un día y la situación continúa siendo preocupante. El Ejército ha desplegado 12.000 efectivos para realizar labores de apoyo logístico en la vacunación.

Rusia, que el 31 de octubre registró cifra récord de contagios, muestra un ligero descenso en el número de contagios, con 35.681 casos y 1.241 fallecidos, en las últimas 24 horas.

DIARIO DE CUBA sostiene: ¿Quién responderá ante los cubanos si esta nueva reapertura tampoco sale bien y la situación se desmadra otra vez?

Durante meses, la Policía y las autoridades han aplicado multas desproporcionadas a los cubanos por no usar los llamados nasobucos que el Estado nunca proporcionó ni vendió, o por llevarlos mal puestos. Bajo la acusación de propagación de epidemias, muchos cubanos fueron multados e incluso encarcelados, sin que se hubiera decretado el Estado de Emergencia, paso previo obligatorio para la aplicación de semejantes medidas.

Según informaciones hechas públicas por el presidente del Tribunal Provincial de La Habana, Yojanier Sierra infante, hasta el 14 de abril de 2020 unas 59 personas habrían sido condenadas en la capital por delitos asociados a la propagación de epidemia, número que fue creciendo a medida que se difundía el contagio.

El mismo funcionario del sistema judicial cubano informaba el 28 de agosto de 2020 que al 70% de los sancionados se les había impuesto penas de prisión. El 17 de septiembre, expresó preocupación, junto la dirección del Partido Comunista, por la cantidad de personas multadas que no podían pagar los altos montos fijados. Esta circunstancia obligaba a que se les sancionara a prisión por incumplimiento de pago de multas contravencionales; en vista de ello, sugirió el pago a plazo de las multas.

DIARIO DE CUBA enfatiza en que ningún cubano ha demandado hasta el momento al Gobierno por el manejo irresponsable de la pandemia hasta el momento. Los funcionarios cubanos directamente vinculados a la reapertura de fronteras el 15 de noviembre son el primer ministro, Manuel Marrero, y el ministro del Turismo, Juan Carlos García Granda. Es poco probable que algún cubano piense en demandarlos si la reactivación del turismo trae resultados desastrosos para la población.

Si alguno decidiera hacerlo chocaría con el límite que impone el apartado 1 del Artículo 657 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo vigente. La norma dispone expresamente: "No corresponden a la jurisdicción administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una autoridad concerniente a: 1) la defensa nacional, seguridad del Estado, el orden público y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales…".

Por otra parte, según la vigente Ley de Procedimiento Penal, para procesar y juzgar a un miembro del Buró Político del PCC se requiere autorización del mismo órgano político.

Mientras a los cubanos les han caído multas prácticamente impagables en medio de la pandemia y de la llamada Tarea Ordenamiento y hasta penas de cárcel por no llevar o llevar mal puesto un nasobuco, el Gobierno goza de total impunidad tras tomar decisiones que pueden haber costado la vida a cientos de cubanos.

FUENTE: DIARIO DE CUBA

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