Represores entran con parole a EEUU, ¿es posible frenarlos?

Aunque este no es un temor nuevo, pues durante años muchos represores han burlado los controles migratorios para obtener beneficios que solo corresponderían a quienes han sido víctimas del comunismo, con la habilitación del programa de parole humanitario que inició el pasado 6 de enero, se abre otro capítulo de esta historia.

En concreto, la denuncia de una usuaria identificada como Maydel Poyato indicaba que una funcionaria del Partido Comunista y presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) viajaría a EEUU luego de ser beneficiada con parole humanitario.

“Esta señora es la presidenta del CDR, pertenece a la FMC, PCC. Es la coordinadora de las brigadas de respuesta rápida junto a G-2. En el reparto la Fortuna municipio Boyeros, La Habana”, advirtió Poyato en el tuit y añadió el testimonio de Agustín Figueroa Galindo, quien asegura que él y su familia han sido víctimas de los ataques de la beneficiaria de parole.

“Se ha personado frente a mi casa dando mítines de repudio con mis hijos menores de edad dentro, han lanzado piedras y heces fecales para la puerta de mi hogar, ella y los agentes del G-2. Y acólitos del PCC”, precisa la denuncia e incluye el nombre y la dirección de la aludida, Dalia Briñones Mendoza, residente en Calle el reparto La Fortuna, municipio Boyeros.

DIARIO LAS AMÉRICAS preguntó a abogados con experticia en Inmigración sus criterios sobre casos de este tipo y, en sus respuestas, coincidieron en que es posible avisarles a las autoridades migratorias sobre irregularidades mediante un número telefónico y sin ponerse en riesgo porque se podría proteger la identidad de quien denuncie siempre y cuando no se abra un proceso judicial.

“Que denuncien a todas las instancias aquí relacionadas y luego que no se echen atrás cuando les pidan testimonio de valor judicial”, declaró el letrado Santiago Alpízar y compartió una lista de sitios web, direcciones de correo electrónico y líneas telefónicas de contacto de instituciones y agencias, incluidos el Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.

“Es a la víctima a la que le toca denunciar al chivato”, enfatizó Alpízar. Por su parte, Yunior Piñeiro destacó que ICE también tiene un número para reportar denuncias de fraude y violaciones migratorias. Explicó además las posibilidades que existen al amparo legal para filtrar de manera más efectiva quién llega mediante el programa de parole o con visado de no inmigrante.

“La investigación para los aplicantes a parole abarcan el ámbito económico porque el gobierno quiere asegurarse de que usted tenga solvencia y no se convierta en una carga pública. Sin embargo, los controles y las revisiones desde otros puntos de vista como el ideológico y la pertenencia al Partido Comunista, no son tan profundos porque la persona no llega como inmigrante”.

De modo que las investigaciones más profundas se reservan para momentos posteriores, cuando la persona opta por la residencia permanente o por la ciudadanía.

De todas formas, la persona beneficiada con parole, como se sabe, puede no ser admitida si las autoridades detectan inconsistencias en su caso.

“Estando en el aeropuerto existen muchas posibilidades, incluso de abrir un proceso de deportación, para quien sea sospechoso, porque hasta ese momento el parole se trata de una especie de privilegio; pero el día en que te admiten, pasas a adquirir derechos como el de poder ir ante un juez que escuche tu versión de los hechos”, detalló Piñeiro y sostuvo que “hay una gran diferencia entre un privilegio y un derecho”, en tanto “se quita más fácil el privilegio; el gobierno te lo quita el día que le da la gana”.

Por tanto, sugirió el letrado, existe mayor oportunidad de impedir el ingreso de un represor cuando este se encuentra en frontera que de expulsarlo ya cuando entra al país. En opinión de Alpízar, el camino de las soluciones estaría en que cada víctima tome acción contra sus represores, incluidas las acciones de valor judicial.