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MIAMI.- El año 2019 será recordado por sus protestas masivas en disímiles países de América Latina, pero también como un periodo en el que se abrieron nuevos espacios a la esperanza de cambios, principalmente en naciones que han estado bajo el dominio de gobiernos que el pueblo rechaza tras el anhelo de conseguir mejores condiciones de vida.
En países como Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y Honduras, entre otros, multitudes salieron a las calles para expresar su descontento. Los reclamos tuvieron como fundamento desde denuncias por corrupción y estancamiento económico hasta desigualdad, en la mayoría de los casos.
Por el lado de Cuba, la represión a quienes se oponen al régimen castrista tuvo un aumento exponencial, en tanto que la élite gobernante “estrenó” un “nuevo modelo de Estado”, con figuras “puestas a dedo” como el presidente, vicepresidente y primer ministro, en una isla con los peores niveles de crecimiento en la región.
La detención del opositor cubano José Daniel Ferrer por un delito que no ha sido probado, la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitió una mayor presión de Estados Unidos a Cuba, y nuevas denuncias en contra del régimen por la presunta inoculación de un virus o bacteria a la activista Xiomara Cruz Miranda son situaciones que tuvieron un amplio despliegue en la prensa internacional.
Venezuela
Aunque las protestas vienen realizándose desde años anteriores, vale la pena resaltar las acciones emprendidas por el pueblo venezolano, de la mano de grupos opositores que mantuvieron vigente y con más fuerza el pedido para que el usurpador Nicolás Maduro abandone el poder.
El año 2019 inició con una jornada de manifestaciones el 23 de enero, que culminó con la proclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino, con un objetivo basado en tres pilares: la salida de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres. Más de 50 países apoyaron este paso.
Meses después, el 1ro. de mayo la oposición volvió a salir a las calles tras un supuesto levantamiento cívico militar el 30 de abril que puso en serios aprietos al régimen de Maduro, quien convocó a sus seguidores a una movilización que mostró el “casi nulo” respaldo que tiene el usurpador entre el pueblo.
Durante el año pasado se produjeron “acercamientos” entre la oposición y el régimen que no terminaron con ningún acuerdo. La posición asumida por un amplio sector de movimientos desafectos a la dictadura chavista es una sola: elecciones sin Maduro.
Entretanto, el régimen hizo ingentes esfuerzos por desarticular la unidad que da soporte al presidente interino, con denuncias de corrupción que no han sido probadas.
El 16 de noviembre nuevamente el régimen y la oposición salieron a marchar. El pueblo en masa pidió la renuncia o derrocamiento de quien usurpa el poder en Venezuela.
Entretanto, encuestas publicadas en diciembre muestran que en unas eventuales elecciones presidenciales, el diputado Juan Guaidó obtendría el triunfo en las urnas.
Chile
Chile también estuvo estremecido por protestas que iniciaron a mediados de octubre por cuenta del aumento en el precio de los boletos del metro de Santiago, lo que derivó en acciones vandálicas estimuladas por la izquierda latinoamericana.
Las manifestaciones en ese país no se detuvieron a pesar de que el presidente Sebastián Piñera pidió perdón y anunció un aumento en las pensiones, la creación de un ingreso mínimo garantizado y de un mecanismo para estabilizar los precios de la electricidad.
Piñera insistió en que la intervención extranjera tuvo incidencia en el estallido social chileno.
En ese sentido, el mandatario afirmó en una entrevista con CNN que “la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de desorden y de una crisis total, ha sido gigantesca. Y en eso ha habido, sin duda, participación de Gobiernos e instituciones extranjeras”.
El presidente chileno criticó a quienes quieren mostrar a su gobierno como “violador de los derechos humanos” y se refirió a videos publicados por medios internacionales que “no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados”.
Por su parte, diferentes organizaciones chilenas hicieron denuncias por “graves y sistemáticas violaciones” a los derechos y libertades cometidas por agentes del Estado, por lo que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una misión de verificación para examinar dichas denuncias.
El 15 de noviembre, el Congreso de Chile anunció un acuerdo para redactar una nueva Constitución, que reemplazará la promulgada en la época de Augusto Pinochet. Para ello se realizará un plebiscito en abril de 2020.
Las movilizaciones en esa nación sudamericana habían dejado hasta diciembre pasado una cifra de 21 muertos y más de dos mil personas heridas.
Bolivia
El caso de Bolivia envía un claro mensaje al castrochavismo. Tras casi 14 años en el poder, el dictador boliviano, Evo Morales, renunció al cargo en medio de una crisis social y política desencadenada por el fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que la Organización de Estados Americanos (OEA) puso al descubierto.
Morales anunció su renuncia el 10 de noviembre, solo horas después de que prometió que se celebrarían nuevas elecciones.
Según la OEA, una serie de fallas en la cadena de custodia de las boletas electorales, alteración y falsificación de material electoral, redirección de datos a servidores no autorizados y manipulación de datos determinaron el fraude cometido durante la jornada de votaciones.
Con la dimisión de Morales y su posterior exilio en México, la opositora Jeanine Áñez asumió el cargo de presidenta interina del Gobierno de Bolivia, y el Tribunal Constitucional de Bolivia avaló su presidencia.
Las manifestaciones en contra del gobierno de Morales y algunos a su favor se tornaron violentas, con manifestantes que quemaron urnas y enfrentamientos con la Policía en varias ciudades bolivianas.
Con un nuevo tribunal electoral en ese país, en marzo de 2020 se estima que haya comicios para escoger a un presidente en propiedad.
Colombia
El clima de disturbios en el continente también tocó las puertas de los colombianos. Aires de descontento social en contra del gobierno del presidente Iván Duque soplaron fuerte en Colombia con marchas multitudinarias que empezaron el 21 de noviembre pasado.
Un paro nacional fue convocado por sindicatos, estudiantes, indígenas, profesores y sectores políticos de izquierda para expresar su inconformidad por el aumento del desempleo, el asesinato de líderes sociales y posibles reformas en materia de pensiones, trabajo y tributación.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, entre otras, centenares de personas se lanzaron a las calles para expresar su malestar alentados en las redes sociales por líderes de la oposición.
Al menos tres personas murieron y 98 personas fueron detenidas, entre ellas ocho menores. Asimismo, 151 miembros de la fuerza pública y 122 civiles resultaron heridos en las protestas que en ciudades como Bogotá y Cali terminaron convertidas en violentas revueltas.
Ecuador
Entre el 3 y el 13 de octubre pasados se registraron protestas encabezadas por distintos grupos sociales en el Ecuador, estimuladas desde el exterior por el expresidente Rafael Correa, hoy enemigo político del presidente Lenín Moreno.
Indígenas, transportistas, estudiantes, trabajadores y otros grupos protestaron en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decretado por Moreno, hecho que Correa utilizó para impulsar por redes sociales una campaña de desestabilización del Gobierno.
Moreno suspendió la medida y llegó a un acuerdo para dialogar con varios sectores de la sociedad ecuatoriana tras un decreto de estado de excepción, un toque de queda y once días de manifestaciones, que tuvieron mayor repercusión en Quito.
Según las autoridades de ese país, las protestas dejaron 10 muertos y más de 1.300 heridos.
Nicaragua
Nicaragua no escapó al clima de protestas que tuvieron un amplio espacio en América Latina en 2019, luego de haber sufrido la muerte de más de 300 manifestantes en 2018.
En noviembre, la Policía al servicio del dictador Daniel Ortega dispersó por la fuerza a un piquete de manifestantes opositores que protestaba en contra del régimen, y exigía la liberación de presos políticos.
Dos periodistas denunciaron que fueron agredidas mientras realizaban la cobertura de los incidentes.
Asimismo, se reportó que en una situación anterior la Policía fracturó un brazo al periodista Armando Amaya y agredió a otros dos comunicadores en una situación.