PANAMÁ.- Otra vez el sistema de Justicia de Panamá parece incapaz de superar la prueba de fuego que significa resolver casos emblemáticos de corrupción, como los que involucran a Odebrecht y el pago en sobornos de decenas de millones de dólares salidos de las arcas públicas.
La especie de pugna entre el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha quedado nuevamente en evidencia con una decisión de un tribunal, que levantó todo tipo de reclamos tanto contra el Órgano Judicial como el ente que dirige la procuradora (fiscal general), Kenia Porcell.
Se trata del rechazo a nueva prórroga en un caso de supuesto blanqueo que involucra a Odebrecht, decidida por la juez Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá encargada, Lania Batista, que pidió remitir el expediente alegando que había una persona detenida.
"El Órgano Judicial decidió impedir la continuación de la investigación y obliga la Ministerio Público a remitirla", denunció Porcell en una declaración pública, en la que acusó al Órgano Judicial de provocar la "impunidad en casos emblemáticos" de corrupción que involucran a personalidades de alto perfil, como dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y cinco exministros de Estado.
De allí, la lluvia de reproches: Transparencia Internacional (TI) capitulo Panamá afirmó que el Órgano Judicial ha demostrado ser un bastión de ineficiencia judicial y de antesala a la "impunidad", mientras que analistas locales tildaron de "absurdo" la resolución judicial.
El propio presidente panameño, Juan Carlos Varela, en una alocución nacional de menos de dos minutos se preguntó si fallos como el del caso que involucra a Odebrecht están "allanando el camino hacia la impunidad" y llamó a la población a respaldar la lucha contra la corrupción y estar vigilante.
Pero las críticas también llegaron para la Fiscalía: el Colegio Nacional de Abogados (CNA) la llamó a "corregir los errores de litigación que parecen ser recurrentes en las investigaciones" de los casos de corrupción de alto perfil, del que Odebrecht es solo uno de muchos.
El gremio además señaló al MP dar información "errada" a la opinión pública sobre el alcance de la resolución judicial que provocó la nueva tormenta, lo cual, opinó, "crea caos e inestabilidad sobre la administración de Justicia".
El CNA asegura que "es incorrecto decir que el fallo esté impidiendo que sigan las investigaciones, pues esto no fue lo pedido ni lo resuelto" y asegura que "el trámite del expediente continuará una vez la Fiscalía remita la vista fiscal sobre las personas que ya han sido imputadas" y se les haya aplicado medida cautelar.
Algo parecido dijo el Órgano Judicial en una escueta "aclaración a la ciudadanía" en la que asegura que "la Fiscalía no solicitó prórroga para continuar las investigaciones" y "por lo tanto, el proceso penal no ha sido archivado".
La jueza "negó la solicitud de extensión del término de dos meses adicionales de prórroga para remitir al Tribunal el expediente con la respectiva vista fiscal", añadió el Órgano Judicial.
Estos dimes y diretes vuelven a dejar muy mal parado al sistema judicial. Hace apenas semanas otro huracán vapuleó a los tribunales, cuando el Supremo anuló parte de una investigación por un caso de corrupción muy mediático: la compra supuestamente irregular de radares a un conglomerado italiano durante el Gobierno de Martinelli.
También entonces se lanzaron piedras contra los tribunales, señalados de responder a intereses ajenos al Estado, y contra los fiscales, acusados de extralimitaciones y errores en la investigación.
Pero lo que parece claro es que hay un divorcio entre el Órgano Judicial y la Fiscalía que está impidiendo lo que dicta la ley: una armónica colaboración que permita al Estado trabajar en favor de la sociedad, especialmente en un tema tan delicado como la lucha contra la corrupción.
Hasta el gremio de abogados lo ha resaltado: la administración de Justicia de Panamá está "golpeada y postrada por falta de credibilidad y transparencia".
FUENTE: EFE
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