CARACAS.- Como una declaración de guerra. Así han asumido en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la decisión de la Asamblea Nacional de designar a 13 magistrados principales y 20 suplentes en sustitución de los que el anterior Parlamento nombró días antes de disolverse, conocidos popularmente como “magistrados exprés”, y por ello no solo no han dudado con amenazar con encarcelar a los nombrados y a quienes los designaron sino que incluso ha pedido a los cuerpos de seguridad que actúen.
La instrucción no figuró en ningún fallo, sino que la dio de viva voz el presidente de la Sala Constitucional, magistrado Juan José Mendoza, quien mientras la mayoría opositora del Parlamento realizaba la designación y juramentación de los nuevos funcionarios en la plaza Alfredo Sadel, al este de Caracas, compareció ante los medios para reiterar lo que el día anterior ya había señalado la instancia: Que consideraba nulo lo hecho por el Parlamento y les alertaba que con este paso delinquían.
“La Sala Constitucional debe reiterar la advertencia dirigida a los diputados de la AN, a los ciudadanos integrantes del irrito Comité de Postulaciones Judiciales y a los ciudadanos que se pretendan investir del cargo de magistrados de este alto tribunal que con tal conducta incurren de manera flagrante, entre otros, en el delito de usurpación de funciones”, afirmó Mendoza, quien compareció flanqueado por los otros seis miembros de la Sala y quien agregó: “así mismo incurren en delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales (…) estos delitos también están contemplados en el vigente Código Orgánico de Justicia Militar, en conclusión ante los actos declarados nulos, de evidente animo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional”.
Coerción, según el diccionario de la Real Academia Española, supone una restricción a un derecho y, según la legislación venezolana, supone una limitación a la libertad personal.
Consultado sobre si estaba solicitando la detención de los académicos que evaluaron a los nuevos magistrados, a los diputados que los eligieron y de los propios seleccionados, Mendoza respondió afirmativamente.
“Deben dictarse las medidas de coerción porque hay un delito flagrante (…) La AN está en flagrante desacato desde hace más de un año a un conjunto de sentencias y es tiempo que volvamos al respeto al orden constitucional que le deben estos venezolanos que tienen una legitimidad de origen reconocida (por los diputados), pero que entraron en franco desacato y ya es tiempo que respeten las reglas del juego del orden constitucional”, respondió.
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El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.
EFE/Miguel Gutiérrez
Con esta declaración Mendoza daba luz verde para la aprehensión incluso de cualquier legislador, pues aunque el artículo 200 de la Constitución establece que están protegidos por el privilegio del antejuicio de mérito la misma norma señala: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ”.
La afirmación del presidente de la Sala Constitucional de que los diputados, los miembros del Comité de Postulaciones y los magistrados electos incurrieron en traición a la patria no figura en la sentencia 545, que el 20 de julio dictó la intérprete de la Carta Magna, pues en ella solamente se habla de usurpación de funciones, delito que se castiga con hasta seis años de prisión. Sin embargo, traición a la patria se pena con hasta 30 años, la pena máxima.
Sin cuidado
Las amenazas desde el TSJ no preocuparon ni a los legisladores ni a los designados, al menos con los que conversó DIARIO LAS AMÉRICAS.
“No tengo miedo a este tipo de acciones. Yo tengo toda la vida actuando contra la delincuencia organizada”, afirmó el flamante miembro de la Sala Penal, Alejandro Rebolledo, quien rechazó responderle a sus ahora colegas: “El compromiso es con la Constitución y con los venezolanos, mis decisiones jamás serán influenciadas por ningún poder (…) El pueblo venezolano está sediento de justicia y nuestro compromiso es saciarlo”.
En similares términos se pronunció el diputado y miembro del Comité de Postulaciones, Edgar Zambrano, quien aseveró: “Un Gobierno con miedo no tiene capacidad para intimidar a nadie más allá de quedar en evidencia ante su escasez de voluntad política y democrática para darle cauce al desideratum (deseo o aspiración) que esperan los venezolanos. La designación de los magistrados del TSJ es un mandato constitucional con doble empoderamiento del pueblo a través de la manifestación de voluntad popular expresada en diciembre del 2015, cuando se eligió la nueva AN; y de manera categórica en reafirmación de ese mandato el pasado domingo 16 cuando más de siete millones de electores sentenciaron con su participación la voluntad de cambio de todo el país”.
Para el legislador los ataques desde el TSJ no deberían sorprender, pues “es público y notorio” su entrega “al modelo político fracasado que castiga la población”, pero insistió en que “no es bajo la amenaza en franco abuso de poder que el régimen inhibirá al pueblo en su constante lucha por la libertad. El comportamiento anti democrático, la amenaza e intimidación son muestras inequívocas del estado comatoso donde hoy vive el Gobierno”.
