El traspaso a Caracas de la presidencia semestral del grupo ha provocado la peor crisis del Mercosur, en sus 25 años de existencia, luego que la mayoría de sus miembros se opusieran a que el país caribeño ejerciera el mandato de turno, debido a la paupérrima situación política y Derechos Humanos que consideran existe en Venezuela.
La crisis en el Mercosur estalló después de que Uruguay comunicara a sus socios, el 29 de julio pasado, que culminaba su presidencia temporal, a lo que le siguió el anuncio de Venezuela de que asumía la jefatura a pesar de que Brasil, Paraguay y Argentina no están de acuerdo.
Con la excepción de Uruguay, que no pone reparos, la asunción de Venezuela a la presidencia del Mercosur ha sido considerada “unilateral” por los otros miembros del grupo, que no reconocen el mandato de Caracas.
“Venezuela no puede ejercer la presidencia pro témpore del Mercosur sin la aceptación de todos los países miembro porque el acuerdo que prevé las reglas para el funcionamiento institucional del Mercosur, que es el Protocolo de Ouro Preto, dice que ‘las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con presencia de todos los Estados Parte’”, explicó el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba.
Aunque Venezuela asegure que ejerce la presidencia del Mercosur, la falta de consenso podría paralizar la toma de decisiones en el bloque, que actualmente negocia un acuerdo de comercio con la Unión Europea (UE).
“A pesar de que Venezuela diga que ejerce la Presidencia del Mercosur, si convoca una reunión y solo asiste Uruguay, no se podría tomar decisión alguna ya que no habría consenso y tampoco la presencia de todos los Estados Parte”, agregó De Alba.
De acuerdo con la norma, la Presidencia del Mercosur se ejerce según una rotación semestral, siguiendo un orden alfabético. Venezuela asegura que cumple con este precepto.
Sin embargo, se ha hecho costumbre en el Mercosur (lo que puede obligar a los Estados según el Derecho Internacional) que la presidencia se traspase formalmente en una reunión especial de cancilleres o Jefes de Estado, lo que esta vez no ocurrió.
“Tanto el Tratado de Asunción como el Protocolo de Ouro Preto establecen que las presidencias pro témpore son rotativas, por orden alfabético, pero no dicen que se hace de forma automática”, sostuvo el internacionalista Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri).
El experto añade que “esto implica que no estamos ante un asunto meramente administrativo, sino político, que requiere consenso según los tratados. No se puede ejercer la presidencia de forma unilateral a través de hechos consumados como lo ha pretendido la Cancillería venezolana”.
Fractura interna
La crisis por el traspaso a Venezuela de la presidencia pro témpore del Mercosur ha puesto al desnudo la fractura dentro del bloque regional ante el malestar por la situación política y económica que atraviesa el país caribeño.
Además, los socios del Mercosur cuestionan la manera cómo se realizó la incorporación de Venezuela al bloque y la consideran un miembro moroso por incumplir con los estatutos requeridos para formar parte del mecanismo de integración.
“Buena parte de los incumplimientos de Venezuela obedecen a la firma irracional que hizo este país de su adhesión al Mercosur. Se comprometió en materias que nunca debió comprometerse. Un ejemplo clarísimo, el arancel externo común”, señaló el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Félix Arellano.
Cuando entró en vigencia el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, en 2012, se le dio un plazo de cuatro años a Caracas para adoptar la normativa del grupo. Dicho plazo expiró el 12 de agosto pasado sin que el país culminara su adecuación.
Ante la incertidumbre, las cancillerías iniciaron un periodo de consultas que debía terminar ayer, cuando se analizaría el caso venezolano en una reunión de coordinadores, en la que también se plantearían las opciones para destrabar la crisis por la presidencia. Sin embargo, el encuentro terminó sin anuncios importantes.
Brasil ha anunciado que están revisando el Protocolo de Adhesión de Venezuela para analizar los cumplimientos e incumplimientos, tras lo cual podrían anunciar “medidas jurídicas”, aunque las normas del Mercosur no prevén sanciones en caso de incumplimiento de normativas.
“El Protocolo de Adhesión de Venezuela, si bien establece la necesidad de que se adopte la normativa del Mercosur en un plazo, no prevé que la membresía de Venezuela es condicional a esa adopción y tampoco prevé que de no adoptarse Venezuela pierde su condición de miembro”, sostuvo De Alba.
En todo caso, cualquier decisión en el Mercosur debe pasar por el consenso de todos los Estados miembros.
“Transcurrido el plazo de cuatro años, Venezuela no ha cumplido con la normativa, por ello, como mínimo, nos hemos inhabilitado para representar al bloque. Los otros miembros podrían buscar suspendernos o terminar el tratado, pero una decisión así requeriría consenso y Uruguay parecería no estar de acuerdo”, apuntó Ramírez.
En opinión de Arellano la solución a la crisis del Mercosur es obvia y pasa por la activación de la cláusula democrática a Venezuela.
“El malestar que hay sobre Venezuela en el Mercosur tiene que ver con el tema de los Derechos Humanos… Llama la atención que los sistemas de integración adoptan cláusulas democráticas para tenerlas de adorno. Realmente lo que procede para impedir que Venezuela ejerza la Presidencia del Mercosur es aplicar la cláusula democrática, no para expulsarla, sino para someterla a observación hasta que cumpla con los preceptos democráticos y de Derechos Humanos. Ese es el tema fundamental”, enfatizó el internacionalista.
