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Los agentes antinarcóticos de Estados Unidos están impacientes por el silencio que el régimen de Venezuela guarda sobre Mario Moreno Lozano, un importante traficante de drogas colombiano con el que oficiales de las Fuerzas Armadas, policías y altos funcionarios del chavismo se relacionaron, y ahora protegen en una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), reveló una investigación exclusiva de DIARIO LAS AMÉRICAS.

La fiscalía estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tienen conocimiento de que Moreno Lozano presuntamente recibió protección directa de Miguel Rodríguez Torres -un mayor general y exministro del Interior, quien se ha convertido en un disidente del chavismo y ahora hace oposición al dictador Nicolás Maduro-, según testimonios de narcotraficantes presos en EEUU.

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Tareck El Aissami,Miguel Rodríguez Torres y Walid Makled.
Tareck El Aissami,Miguel Rodríguez Torres y Walid Makled.

Estos relatos a cambio de beneficios judiciales han permitido armar los expedientes por los que se acusan al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, “de jugar un papel clave en el tráfico internacional de narcóticos”, como denunció en febrero de este año el Departamento del Tesoro.

Los testimonios a los que accedió este diario, además, implican a media docena de empresarios ligados al gobierno venezolano, que amasaron fortunas no solo con contratos estatales, sino operando con el narcotráfico.

Nacido en Guaduas, en el departamento colombiano de Cundinamarca, Mario Moreno Lozano, alias “Juan Carlos”, “Luis Carlos Vélez López” o “Alexis Antonio Rodríguez Rodríguez”, durante años mantuvo confundida a la DEA en diversas operaciones de narcotráfico a expensas de su trabajo con el capo Daniel Barrera Barrera, “Loco Barrera”, o los hermanos Fernández, “Los Gorditos”, todos ellos condenados en EEUU.

De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito de Puerto Rico, testimonios y entrevistas a narcotraficantes a los que accedió este diario, Moreno manejó el transporte y cargamentos de cocaína del “Loco Barrera” en Venezuela, “gracias a sus contactos significativos con la comunidad policial venezolana” y tras la caída de su jefe fue detenido sin que el Gobierno lo hiciera público, a diferencia de otros casos de cómplices del capo colombiano.

Con sus falsas identidades, Moreno aparecía señalado en diversas operaciones, pero logró camuflarse hasta que agentes de la DEA descubrieron su verdadera identidad gracias a la cooperación de un importante narcotraficante, cuya organización operaba en el estado Apure, en el occidente de Venezuela.

El colombiano Roberto Méndez Hurtado, que lideró una banda de contrabando de drogas, y ahora está encarcelado en EEUU, contó a la DEA y a fiscales de distrito que “alias Juan Carlos está en Venezuela, específicamente en la sede del SEBIN en Caracas, donde mantiene sus operaciones traficando con normalidad. Recibió protección del general Miguel Rodríguez Torres, y a él como a otros no les interesa que se sepa que está allí”.

El trabajo de Moreno en territorio venezolano llegó a un punto en el que, junto a sus socios, hicieron operaciones de narcotráfico usando la valija diplomática, que está exenta de inspección en aduanas y puertos de todo el mundo, con lo que cualquier cargamento podía salir de Venezuela sin que nadie conociera el contenido, según detalles brindados por Méndez Hurtado.

Convertida en una prisión del Gobierno, y centro de tortura de presos políticos del chavismo, la sede del SEBIN, en el Helicoide, en el sur de Caracas, es el refugio de Mario Moreno Lozano, indicó Méndez Hurtado.

La información aportada en documentos fue contrastada por este diario tras una investigación con fuentes policiales, data pública del sistema judicial venezolano, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia, y una fuente de alto rango de la policía política que confirmó la presencia del traficante colombiano en el SEBIN “desde hace al menos tres años”.

Las celdas de la policía política venezolana en el Helicoide albergan en estos momentos unos 350 detenidos, entre delincuentes de alta peligrosidad, presos de conciencia, retenidos sin orden judicial y personas que siguen allí a pesar de que los tribunales ordenaron sus liberaciones, según datos de diversas ONG.

Méndez Hurtado, condenado a 19 años de prisión en EEUU por transportar cientos de kilogramos de cocaína desde Apure para ingresarla a territorio estadounidense, colaboró con datos sobre el caso de Moreno Lozano, además de información con nombres, rutas y contactos que permiten engranar parte de la maquinaria de narcotráfico que opera en Venezuela.

Moreno Lozano es solicitado por la Corte de Distrito de Puerto Rico por importar cientos de kilogramos de cocaína a EEUU desde esta isla. Vivió en Venezuela en los últimos años con una identidad falsa, y logró crear una telaraña de contactos con militares que le permitieron lucrar, antes de su trabajo con grandes narcotraficantes. El “Loco Barrera”, que purga una condena de 35 años en una prisión de Miami, fue su mayor enlace con la mafia internacional.

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Considerado el “el último gran capo” por la justicia colombiana, Barrera fue detenido el 18 de septiembre de 2012 en el estado Táchira, en el suroeste de Venezuela, gracias a una operación internacional que implicó a agentes venezolanos, británicos, colombianos y estadounidenses.

Méndez Hurtado describió que alias “Juan Carlos” fue protegido por el mayor general del Ejército venezolano Miguel Rodríguez Torres de forma directa, sin aclarar los vínculos que ambos pudieron tener. Éste fungía como ministro de Interior en el tiempo en que la fiscalía estadounidense informó del arresto del colombiano.

El representante de comunicaciones del exministro declinó comentar sobre el tema, y nunca devolvió llamadas y mensajes para una entrevista. Los vericuetos en torno a Rodríguez Torres corresponden al secretismo que rodea a las figuras del poder chavista. En las propias filas del oficialismo ortodoxo lo acusaron en 2016 de haber colaborado con la DEA y la CIA, a las que supuestamente aportó información de inteligencia.

Como jefe de la DISIP, organismo que por 40 años y hasta 2009 se encargó de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, Rodríguez Torres estuvo en el Santo Santorum del espionaje nacional durante todo el Gobierno de Hugo Chávez, quien le encargó reestructurar el organismo, ahora llamado SEBIN, del que se convirtió en el máximo líder en 2010.

En 2013, Maduro le pidió ocupar el cargo de ministro de Interior, Justicia y Paz, una conexión excepcional con el trabajo que realizaba en el SEBIN, lo que lo convirtió en el todopoderoso del lado oculto del poder en Venezuela.

La sombra

El 31 julio de 2012, dos meses antes de la caída del “Loco Barrera”, autoridades antinarcóticos requisaron en la isla de Saint Maarten la residencia de Luis Macías Nieto alias “El Viejo”, un importante traficante de drogas. Entre las pruebas encontradas había una cédula venezolana bajo el nombre de Alexis Antonio Rodríguez-Rodríguez, quien sería alias “Juan Carlos” y cuyo verdadero nombre es Mario Moreno.

Este hallazgo permitió a las autoridades atar cabos en torno a las falsas identidades de Moreno, quien había salido del mapa de los agentes antidrogas estadounidenses tras la caída del “Loco Barrera” en Venezuela. Sin embargo, el 13 mayo de 2014 la Fiscalía de Puerto Rico notificó a la corte que el narcotraficante había sido detenido en territorio venezolano y estaban en proceso de solicitar su extradición, reveló un documento judicial.

Nicole Navas Oxman, vocera del Departamento de Justicia, rechazó hacer comentarios sobre si se solicitó a Caracas la extradición de Moreno.

Lo cierto es que los registros de identidad venezolanos y del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran a siete individuos bajo el nombre Alexis Antonio Rodríguez-Rodríguez, que adoptó Moreno para camuflarse según el documento de identidad en manos de agentes antidrogas en Saint Maarten, pero ninguno de estos presenta órdenes de arresto o expediente policial ligado al tráfico de drogas.

Los archivos judiciales públicos no arrojaron ninguna acusación o nexo con este nombre y tampoco con el de Mario Moreno Lozano como implicado en algún delito, con lo que técnicamente su historial o record delictivo es un misterio.

La base de datos del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que almacena sentencias, tampoco guarda registros. No existe o es un secreto sumarial.

La ausencia de expedientes es un “hecho irregular” a juicio del abogado venezolano Luis Quintero Chong. “En toda actuación administrativa o judicial debe existir un expediente que resguarde las actas del proceso al cual está sometido alguien. Para llegar a cualquier tipo de aprehensión debe existir un acta que inicia el expediente de la investigación”.

A partir de la detención de este narcotraficante colombiano, sin fecha exacta, comienza la misteriosa historia de alias Juan Carlos, a quien la Corte de Puerto Rico acusa de ser parte de una red internacional de narcotráfico en el Caribe cuyos miembros más prominentes han sido capturados.

Algunos de ellos, como Ricardo Yu, alias “El Chino”, traficó narcóticos desde Venezuela y en sus tantas operaciones tuvo contactos con funcionarios policiales venezolanos, como Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de inteligencia financiera del SEBIN, uno de los fugitivos más buscados por la DEA desde 2015 por conspiración para distribuir cocaína.

La investigación e información proporcionada por agentes de la agencia antinarcóticos en textos judiciales sostiene que Moreno Lozano era un narco que operaba en el Caribe. Por lo general, negociaba cocaína mediante conexiones que tenía desde Colombia y Venezuela con clientes en Puerto Rico y República Dominicana.

Melvin S. Patterson, vocero de la DEA, afirmó que la División del Caribe de la agencia, que lleva el caso de Moreno, aún no ha completado la investigación y por tal razón no podía opinar sobre el caso.

Peces gordos

Un informe de la DEA sobre amenazas de droga de 2016 advirtió que organizaciones basadas en Puerto Rico tienen rutas de tráfico de heroína establecidas desde Venezuela hasta la isla. En algunos casos, los traficantes están instruyendo a los correos humanos que llevan la droga para que viajen desde Caracas a las ciudades a lo largo de la costa este estadounidense, como Nueva York o Miami, para entregar la heroína.

“El nivel de filtración del narcotráfico en el alto Gobierno es impresionante. Se explica entonces una parte de la crisis que atraviesa Venezuela: civiles que se hicieron ricos operando con militares que ahora lo son [ricos] gracias a este negocio”, admitió Joaquín Pérez, un prominente abogado en Miami que ha llevado casos de importantes narcos con nexos en el país sudamericano.

En el último lustro, los testimonios de narcotraficantes a cambio de beneficios judiciales en EEUU -la famosa “Ruta 35”- han sido esenciales para descubrir con nombre y apellido los nexos de militares y civiles que operan en el llamado “Cartel de los Soles”.

La recolección de numerosa información ha permitido armar expedientes con datos clave, que hasta el momento implican a militares y civiles, incluyendo a familiares del vicepresidente El Aissami.

Cuando el Tesoro acusó a este político de la línea más ortodoxa del chavismo de ser un “narcotraficante activo”, alegaba que había recibido pagos por facilitar el envío de drogas que pertenecían al capo venezolano Walid Makled, quien cumple una condena en Caracas, y además tenía vínculos con el transporte de alijos de drogas a Los Zetas, un cartel mexicano que mantuvo operaciones en Venezuela.

Los datos aportados por el Tesoro al acusar a El Aissami -ex gobernador y exministro del Interior-, figura clave en la transición de poder que vivió Venezuela tras la muerte de Chávez, indican que brindó protección al “Loco Barrera”, así como al también narcotraficante Hermágoras González Polanco, arrestado en Venezuela en marzo de 2008.

Mientras Washington trabaja para cerrar el círculo sobre la red que habría facilitado al vicepresidente actuar en contubernio con narcos, ha embargado multimillonarios bienes de su supuesto testaferro, el empresario Samark López Bello.

Grupos de apoderados o simples socios del narcotráfico en ese país petrolero, que tienen negocios con el Estado a expensas de su relación con el chavismo, están en la mira de la DEA o ya con investigaciones en curso.

Dos importantes narcotraficantes, sin relación directa, mencionaron en varias de sus comunicaciones al empresario Antonio Alvelaiz Idler, procesado por la justicia estadounidense por estafa, de tener relación con el también empresario venezolano Neif Antonio Gebran, que estuvo en la mira de la justicia de Venezuela.

“Arvelaiz trabajó con un señor que se llama Neif Antonio Gebran, que tenía relación con el vicepresidente El Aissami. Gebran trabajó con otros socios amigos míos, y Tarek trabajó con Walid Makled”, indicó una de las correspondencias de Méndez Hurtado a las que accedió DIARIO LAS AMÉRICAS. En ese mismo correo se habla de “Emilio Martínez, alias ‘Chiche Smith’, quien operó junto a Makled, y es una persona grande en Venezuela en narcotráfico que la fiscalía [estadounidense] conoce”.

En otras comunicaciones salen a relucir las reuniones y contactos entre un traficante ya enjuiciado en EEUU, en el que relata sus encuentros en mayo de 2011 en República Dominicana con Pedro Martín Olivares -exagente del SEBIN buscado por la DEA-, así como los empresarios Carlos Orense y Alexander Del Nogal Márquez, más conocido como Alex del Nogal.

“Del Nogal es realmente un delincuente. Se vinculó a las altas esferas del chavismo y desde hace al menos muchos años, ya estaba implicado en casos de narcotráfico. Él es una ficha en la expansión de ese negocio en Venezuela gracias a sus contactos con militares”, dijo Mildred Camero, quien fue jefa de la oficina antidroga venezolana hasta 2005.

Sobre este último personaje la justicia internacional ha tenido mucho que ver. Detenido en Italia por tráfico de estupefacientes, el empresario amasó una fortuna gracias a negocios con el régimen venezolano, al nivel de convertirse en asesor financiero del SEBIN, según reportó un diario caraqueño.

El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de un centenar de altos funcionarios venezolanos y sus familiares por vínculos con el narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. En la mayoría de los casos, los agentes antidrogas estadounidenses y europeos trabajan bajo el supuesto de que las redes criminales en Venezuela están aparadas por un “Estado paralelo mafioso”, con lo que se hace más difícil las pesquisas, pero no imposible.

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