RÍO DE JANEIRO.- El cine brasileño, el segundo en importancia en América Latina y el octavo en el ránking mundial, está en alerta roja por nuevas producciones que pueden quedar en el limbo si el Gobierno no fiscaliza adecuadamente los recursos públicos que son otorgados para proyectos del sector audiovisual.

El futuro de este mercado, uno de los más prolíficos del país y que ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, está en jaque por una decisión de la Justicia que encontró "irregularidades" en las rendiciones de cuentas de los recursos otorgados a proyectos.

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Según autoridades del sector consultas por Efe, la solución depende del "buen entendimiento" al que se llegue entre las partes, algo que si bien puede tener respuesta a corto plazo, también puede irse a las largas y trabar el sector.

Así las cosas, el Tribunal de Cuentas del Estado (TCU) condicionó la financiación de nuevos proyectos a la entrega de cuentas claras de todos los recursos públicos con los que se ha dado apoyo financiero a programas de ese ramo.

Esa tarea implica, entre otros, fortalecer "con muchos servidores" la fuerza de trabajo actual de la entidad que gestiona los recursos, algo incompatible con la realidad de la administración pública actual.

El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha cortado miles de plazas y frenado la posibilidad de abrir otras nuevas, en la búsqueda de poner coto al grave déficit fiscal del país, que el año pasado fue equivalente al 7,14 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil.

De acuerdo con el Tribunal, las arcas públicas han entregado, entre 2008 y 2016, más de 1.000 millones de reales (unos 256 millones de dólares) a 1.491 proyectos de cine y del sector audiovisual en Brasil, de los cuales 1.174 no han concluido y otros 317, que ya fueron finalizados, no han presentado las respectivas rendiciones de cuentas.

El embrollo tiene en carreras a Ancine, la agencia que regula y fomenta la producción cinematográfica y audiovisual en Brasil, que en un máximo de 60 días debe comprobar que tiene las condiciones para analizar, en un año, el pasivo de las rendiciones de cuentas de los proyectos aprobados por ella.

"Ancine no dispone actualmente de una estructura capaz de analizar todo el pasivo de rendición de cuentas en 12 meses, principalmente cuando se trata de un pasivo acumulado a lo largo de 10 años de operación", explicó a Efe un vocero de la entidad.

Por eso, Ancine presentó el pasado jueves un recurso con el que pretende suspender la sentencia.

Según datos suministrados a Efe por esa entidad, el mercado brasileño de cine es el octavo más grande del mundo en número de entradas vendidas (más de 180 millones al año), por delante de países como Japón y Reino Unido, y uno de los pocos sectores de la economía que ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, con una media de 5 %.

"Este mercado en la mayoría de los países está estancado mientras que Brasil, con un promedio de casi un 5 % de incremento, forma con Rusia y México un grupo selecto que viene creciendo año a año. Si se mantiene el ritmo actual, llegaremos a la sexta posición en pocos años, superando a Francia y Corea del Sur", aseguró el vocero de Ancine.

Por eso, la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado preocupa a los productores de películas y series brasileñas. Algunos incluso han frenado proyectos que ya habían puesto en marcha tras haber sido aprobados por Ancine, pero cuyo apoyo financiero aún no se ha desembolsado.

En ese sentido, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), con sede en Madrid, también manifestó su temor ante la situación del sector brasileño, que puede "erosionar los lazos creados" con la región que fueron fortalecidos "en el último lustro" con un intercambio entre ambas partes "nunca antes (visto) en la historia".

"Dueña de una facturación anual de 11.000 millones de dólares, la industria del cine y del audiovisual corre el riesgo de entrar en colapso, poniendo en riesgo a más de 12.700 empresas y el trabajo profesional de más de 300.000 personas", recalcó la FIPCA en un comunicado.

Además, Bolsonaro manifestó este domingo que por respeto a la "aplicabilidad del dinero público" su Gobierno determinó "la revisión de los contratos vigentes y posibles futuras posibilidades" que vinculen Petrobras al sector que "algunas personas dicen ser cultura".

"El orden es saber qué se hace con miles de millones (de reales) del pueblo brasileño", sostuvo en una publicación en su cuenta de Twitter.

La petrolera estatal es una frecuente patrocinadora de las producciones audiovisuales del país, que generan cerca de 6.500 millones de dólares en valor agregado, según la FIPCA.

Mientras Ancine gestiona cerca de 300 millones de dólares por año entre renuncia fiscal y fomento directo, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los valores anuales recaudados por el sector en impuestos llegan a 500 millones de dólares.

Frente al futuro del mercado cinematográfico brasileño y si este debe preocuparse por futuros recursos, Ancine señala que todo es cuestión de tiempo y que tiene la esperanza de llegar a un "entendimiento" con la Justicia.

"Ancine buscará todos los caminos para proteger la continuidad de las políticas de fomento al audiovisual", precisó el vocero de la entidad.

FUENTE: EFE

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