Ley DIGNIDAD 2025, con mejoras que tendrían efecto en el Congreso

Las congresistas María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, reintrodujeron el 15 de julio en el Congreso una versión “nueva y mejorada” de la Ley DIGNIDAD de 2023, renombrada ‘Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream Act of 2025’.

El proyecto de Ley Dignidad se enfoca en cinco puntos clave: seguridad fronteriza, sistema de asilo, estatus legal de los inmigrantes, oportunidades para los estadounidenses y estabilidad económica del país.

La iniciativa, es en respuesta a la realidad de un Estado que se ha mostrado inmutable ante la creciente inmigración ilegal que forma parte del mercado laboral del país.

“Durante 40 años, presidentes y congresos han ignorado que millones viven aquí ilegalmente, muchos de ellos trabajando en sectores esenciales que sostienen nuestra economía. La Ley DIGNIDAD ofrece una solución sensata: estatus legal, no ciudadanía, para quienes trabajan, pagan impuestos y contribuyen al país. Sin regalos. Sin atajos. Solo responsabilidad y estabilidad para nuestra economía y nuestro futuro”, sostiene Salazar, representante federal por el distrito 27 del sur de Florida.

Según estimaciones de la Encuesta de Población Actual (CPS, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hay 53,3 millones de inmigrantes para enero de 2025, lo que representa un aumento de más de 8,3 millones en los últimos cuatro años. De ellos, 15,4 millones se encuentran en situación irregular, de los cuales 10,8 millones forman parte de la fuerza laboral del país.

“Por cuatro décadas no se ha hecho nada para legalizar a las personas correctamente (...) Esta es una respuesta a una necesidad (...) Es lo que se necesita en este momento en los EEUU para solucionar la ley”, afirma Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston y fundador de la asociación de apoyo inmigrantes Americas Community Center, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Mano de obra y estabilidad

Andrade, líder de la comunidad colombiana en el sur de la Florida, resalta la importancia que el proyecto de ley tiene para las comunidades inmigrantes, pues abriría la puerta para que millones de extranjeros indocumentados puedan regularizar su estatus migratorio, en medio de las deportaciones masivas que lleva adelante la administración Trump.

“Este proyecto de ley es muy importante en estos momentos, es vital para nuestras comunidades, especialmente para la gran mayoría que vienen a trabajar, vienen a educar a sus hijos, vienen a portarse bien y que cumplen con todos los derechos establecidos por las leyes americanas”, precisa.

A su juicio, esta prometedora legislación, que cuenta con un respaldo bipartidista, brindaría una solución a la dificultad que están presentando las empresas en EEUU para conseguir personal calificado y autorizado en las distintas áreas, como exige la ley. Además, estima que será significativa para la estabilidad nacional en “todo sentido de la palabra”, para que “no se nos caiga la economía ni tampoco tengamos dificultades”.

El proyecto de ley establece un camino para ofrecer “dignidad” a millones de inmigrantes indocumentados que hacen vida en EEUU desde antes del 31 de diciembre de 2020, con una protección para los dreamers (soñadores) y receptores del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que podrán recibir una residencia condicional por 10 años, con vía a residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o estudio.

El Programa Dignidad también dispone de un sistema de regularización para aquellos inmigrantes que tienen más de cinco años en el país, siempre y cuando no tengan antecedentes penales, cumplan con todas las leyes federales y estatales, paguen todos los impuestos atrasados desde su llegada al país. Para ello, además, deberán pagar una “restitución” de 7,000 dólares en un plazo de siete años y presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cada dos años.

Trabajo, no ciudadanía

El inmigrante que cumpla con estos requisitos podrá recibir el Estatus de Dignidad, que le otorga autorización de trabajo, protección de la deportación y autorización de viaje. Esta protección migratoria puede renovarse de manera indefinida, si la persona mantiene una buena conducta, sin embargo, no da acceso a beneficios federales, ni a una residencia permanente ni a la ciudadanía estadounidense.

Para Andrade, estos requisitos son similares a los que deben cumplir los solicitantes de visa de turismo. “Para EEUU, siempre será prioridad número uno su seguridad nacional. Aquí el reto estará en que la persona deberá tener un récord limpio, haber trabajado legalmente pagando impuestos, no haber utilizado el sistema de salud evadiendo cualquier responsabilidad de pago y no haber recibido beneficios públicos”, menciona.

Un punto significativo que impone esta versión mejorada de la Ley DIGNIDAD es la restricción de solicitar la ciudadanía estadounidense. Respecto a esto, el comisionado asegura que este fue un camino que eligieron seguir millones de inmigrantes para poder residir y trabajar legalmente en EEUU. “Muchos de los inmigrantes trabajadores no quieren hacerse ciudadanos, les ha tocado ser ciudadanos porque la ley les prohibía si no lo hacían”, asevera.

A su juicio, los extranjeros llegan a EEUU buscando trabajos que les permita ahorrar para viajar y poder retirarse a sus países de origen cuando llegue el momento. “La gente quiere trabajar una temporada acá, irse de vacaciones a sus países con sus hijos o ir para las navidades, las festividades que son espectaculares en cualquier país en Latinoamérica, retirarse e irse a vivir en su país. Se van a ir a vivir a su país al final de todo este período”, sostiene.

“Efecto positivo”

La Ley DIGNIDAD busca, igualmente, asegurar las fronteras y restaurar la ley tras la crisis migratoria sin precedentes que creó Biden con sus políticas de fronteras abiertas, que permitió el ingreso al país a más de 10 millones de inmigrantes irregulares, sin contar a los más de dos millones de fugitivos.

Para ello, exigirá el uso obligatorio del de E-Verify para las autorizaciones de empleo de los inmigrantes, establecerá un riguroso control operativo en la frontera sur, mejorará la seguridad en los puertos de entrada y agilizará el comercio legal, aumentará las sanciones contra traficantes de personas, abusadores sexuales de menores y quienes crucen ilegalmente.

También plantea una reforma al sistema de asilo, colapsado en los últimos años con más de 3,5 millones de casos atascados en las cortes de inmigración, que permita la aceleración de los procesos y elimine la política de “captura y liberación” que, de acuerdo con republicanos, ha sido abusado en los últimos años.

La Ley DIGNIDAD también otorga beneficios para los trabajadores estadounidenses, con la creación de un fondo que estaría financiado por los pagos de restitución, por un monto estimado de inversión de 70,000,000,000 dólares, que servirá para ofrecer becas de formación laboral y aprendizaje en oficios de alta demanda para los nacionales.

Además, busca impulsar la prosperidad y competitividad de EEUU, sin tocar el bolsillo de los contribuyentes, con la modernización del sistema migratorio legal y reducción de los atrasos, el aumento del límite de visas por país de 7% a 15%, la creación de una visa familiar por 90 días, la instauración de una Coordinación de Inmigración para agilizar procesos de agencias, entre otros.

Superadas las reticencias por ciudadanías y beneficios a inmigrantes que han infringido la ley, Andrade considera que este nuevo proyecto cumple con todos los requisitos para “tener un efecto positivo” en el Congreso, donde las congresistas Salazar y Escobar continúan sumando apoyo. “Darles premios a los que infringieron la ley y darles la ciudadanía (a inmigrantes) no era negociable y ya se han removido esos temas, pero llega la legalidad”, enfatiza.

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