WASHINGTON — El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votó el martes una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos.

En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su “alarma ante el reciente deterioro" político en el país centroamericano.

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Una veintena de países votaron a favor de la resolución, mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron.

La resolución se dio poco después de que el exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Con Tinoco, funcionario del primer régimen sandinista en la década de los 80, ya suman 13 los dirigentes opositores detenidos desde el 2 de junio, entre los cuales hay cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre.

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El Consejo Permanente de la OEA resolvió "condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en Nicaragua, indicó el texto.

Además, expresó su "grave preocupación" por el hecho de que el régimen nicaragüense no haya implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios previstos para el 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

Y exhortó "enérgicamente" al régimen de Ortega a aplicar "sin demora" todas las medidas acordes con las normas internacionales "a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países".

La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, fue también respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).

"Acción de injerencia"

Nicaragua declaró "inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno" de Ortega el texto adoptado por la OEA.

"La política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos, y de los países que se suman a esta acción de injerencia en contra del Estado soberano de Nicaragua, son los responsables del fraccionamiento, la falta de relevancia y la atomización de la OEA", dijo el embajador de la dictadura nicaragüense, Luis Alvarado.

El delegado de Estados Unidos, Bradley Freden, no respondió a las críticas, sino que reiteró el "llamado urgente" de Washington para que Nicaragua "cambie de rumbo" y subrayó la disposición para trabajar en ese sentido con el resto de los miembros de la OEA.

"No podemos permitir silenciosamente que Daniel Ortega consolide otra dictadura en nuestro hemisferio. Debemos defender la democracia y la libertad", dijo.

En la resolución del martes, el Consejo Permanente de la OEA también se comprometió a "continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General", el máximo órgano de la organización.

La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por considerar que en el país centraoamericano se produjo una "alteración del orden constitucional".

Una eventual suspensión debe ser aprobada en una Asamblea General extraordinaria por dos tercios de los Estados miembros y entraría en vigor de inmediato.

El martes, Almagro dijo que el gobierno de Ortega incumplió todos los acuerdos alcanzados con la OEA en pos de la institucionalidad en Nicaragua en los últimos años, en particular desde el estallido de masivas manifestaciones antigubernamentales en abril de 2018, que dejaron al menos 328 muertos y decenas de miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Las condiciones en Nicaragua se han deteriorado (...) No se cumple con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres" y "la concentración de poder absoluto en el oficialismo se ha acentuado cada vez más", dijo Almagro.

"Ojalá los colores rojo y negro del sandinismo puedan significar en el futuro democracia. Hoy esa imagen lamentablemente ha sido cruelmente manchada y eso duele en todo el continente", agregó.

Ortega, uno de los líderes de la revolución sandinista que en 1979 depuso al entonces dictador Anastasio Somoza, gobernó con mano dura e instauró una dictadura de izquierda en el país hasta 1990. En 2007 retornó al poder y, ahora, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) no descarta postularlo para un cuarto mandato sucesivo.

Ortega ha sido el secretario general del FSLN desde hace más de 40 años.

FUENTE: Con información de AP

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