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MIAMI.- El comisionado por el distrito 11 de Miami-Dade, Joe Martínez, que representa la zona de la avenida Krome y Kendall Drive, afirmó que es “falso” que los “agresores sexuales”, cuyo improvisado campamento se encuentra en territorio del Condado, cerca del municipio de Hialeah, vayan a ser relocalizados al “área semidespoblada” del suroeste del condado, que pertenece a su jurisdicción.

De acuerdo con el legislador condal, el mismo alcalde del Gran Miami, Carlos Giménez, le indicó personalmente, el martes, durante una reunión de la Comisión, que no es cierto que esos individuos serían removidos o relocalizados. “Nadie en el Condado está considerando eso; tampoco el alcalde”, afirmó el comsionado.

El lunes pasado varios de los 200 exconvictos por delitos sexuales, que habitan en un carpamento de carpas improvisadas, en el área de la calle 71 y la avenida 36 del noroeste, dijeron a DIARIO LAS AMÉRICAS que “serían trasladados” a un lote situado entre la avenida Krome y la calle 88 o Kendall Drive.

Luis Concepción, un hombre que utiliza silla de ruedas, y “Juan”, quien dijo padecer problemas cardiovasculares y mentales, enseñaron un mapa en el que aparecía demarcada el área en el que supuestamente serían reubicados en próximos días.

Ambas personas aseguraron que “inspectores del Condado” les habían suministrado esa información. “Ellos han estado viniendo por aquí muchas veces estos días, y nos han dicho que tenemos que irnos a ese lugar, pero yo para allá no voy porque eso es un monte, en donde hay culebras y no hay ni agua, ni luz”, aseveró “Juan”.

De hecho, en la zona de Krome Avenue y Kendall Drive ya existen carpas donde habitan personas, cuya procedencia se desconoce.

“Aquí no los quieren”

El comisionado Martínez añadió que es consciente del problema que están pasando esas personas, casi todos exconvictos por faltas contra menores, pero -subrayó- “por supuesto que en nuestro distrito la gente no los va a querer”.

Y agregó: “Yo le hice la pregunta al alcalde Giménez, y también estaba ahí el vicealcalde. Los dos me dijeron que eso no es verdad. Yo no creo que me estén diciendo una mentira”.

En un memorando del edil Giménez, dirigido al presidente de la Comisión condal, Esteban Bovo, el alcalde expuso que “estas personas no cumplen con los requisitos para recibir socorro en los albergues para personas sin techo”, como Camillus House, que es administrado por el Miami-Dade Homeless Trust.

No obstante, estas personas –según la nota de Giménez– “sí pueden recibir otros tipos de asistencia”, ya sea para alquilar viviendas, encontrar empleos u obtener servicio médico mental”.

Acorde con el memorando, en un plazo de 45 días, que se cumple el 6 de mayo, el Condado "determinará las necesidades específicas" de cada individuo para resolver esta situación. "Cada acción para el cumplimiento de la ley será cuidadosamente evaluada y empleada sólo como una medida de última instancia de la Policía condal".

El legislador Martínez acotó que la posición del Condado es esperar a que se cumpla el tiempo estipulado y, acto seguido, “serán quitados los baños y las otras cosas que se les han dado a estas personas”. No obstahte, el comisionado Martínez no descartó que el campamento sea levantado mediante el uso de la fuerza policial.

Al respecto, el vocero del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, había informado a la prensa en días recientes que la Unidad de Depredadores Sexuales de la institución policiaca “está monitoreando la situación para determinar un plan de acción el 6 de mayo”.

Una ordenanza adoptada por la Comisión de Miami-Dade, en 2005, establece que las personas convictas por delitos relacionados con abuso sexual a menores, aún después de cumplir las sentencias, no pueden residir a 2.500 pies de una escuela, jardín infantil o parque, ni tampoco a 1.000 pies de una parada de bus escolar.

Esta situación delimita el área donde estos individuos pueden habitar, forzándolos, en muchos casos, a vivir en lugares públicos, incluso bajo puentes, que nos están comprendidos en los límites antes mencionados. Otros no pueden obtener empleos porque son rechazados por los empleadores tras analizar el informe de antecedentes penales.

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