Candidato demócrata: "La fiscalía debe ser del pueblo, no el abogado del gobernador" de Florida

Tras una carrera que comenzó en la Cámara de Representantes en 2012 y continuó en el Senado, Rodríguez se presenta ahora como "el abogado del pueblo" frente a lo que define como los intereses corporativos en Tallahassee.

Su trayectoria legislativa se vio interrumpida en 2020 por un escándalo. Rodríguez perdió su reelección por apenas 32 votos frente a la republicana Ileana García, un margen ínfimo que luego, según pesquisas, habría sido el resultado de un esquema orquestado por el exsenador Frank Artiles.

Artiles habría pagado a un "candidato fantasma" con el mismo apellido, Alex Rodríguez, al parecer, para confundir al electorado y restar votos cruciales, de acuerdo con las investigaciones. Rodríguez perdió el escaño en el Senado, aunque la justicia finalmente sentenció a Artiles a 60 días de cárcel.

Lejos de retirarse, el exsenador utiliza esa experiencia como combustible para su plataforma actual, bajo el argumento de que la corrupción en el estado “no es un mito”, sino una “maquinaria que debe ser desmantelada” desde la fiscalía general.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, el candidato desplegó su propuesta de gobierno basada en "las tres C": combatir el crimen, reducir los altos costos y erradicar la corrupción. Rodríguez criticó duramente a la actual gestión y dijo que actúa como “el bufete personal del gobernador en lugar de defender a los consumidores frente a las subidas de tarifas eléctricas y seguros”.

Además de la economía, Rodríguez puso el foco en la protección de los propietarios de viviendas. Prometió mano dura contra las mafias y fraudes que operan en las asociaciones de condominios, un problema que deja a miles de residentes vulnerables y sin respuesta por parte del Estado.

El candidato no esquivó la polémica sobre el manejo de recursos estatales. Cuestionó severamente el uso de 10 millones de dólares en fondos públicos que salpican a la oficina del gobernador y a la primera dama, Casey DeSantis, calificándolo como un desvío de dinero de los contribuyentes hacia propaganda política, y prometió investigaciones independientes si llega al cargo.

-Se acerca una contienda complicada y usted ha presentado propuestas que tocan directamente el bolsillo y la seguridad de los residentes. ¿Cómo resumiría su plataforma y por qué cree que es la persona indicada para el cargo?

Mi carrera profesional y política siempre se ha guiado por valores firmes, y uno de los principales ha sido enfrentar a quienes se quieren aprovechar de la gente. Como abogado y legislador, he defendido a trabajadores estafados, a dueños de casa con bajos recursos, a personas de la tercera edad y a estudiantes. Para mí, el trabajo del fiscal general es ser, literalmente, ‘el abogado del pueblo’. Esa ha sido mi trayectoria y es lo que necesitamos en Tallahassee. Mi propuesta se resume en lo que llamo ‘Las tres C’: combatir el crimen, combatir los altos costos y la corrupción. Primero, la seguridad: debemos proteger a nuestros hijos y enfrentar crisis reales como la de los opioides. Segundo, el costo de vida: llevamos décadas sin un fiscal que defienda el bolsillo de los floridanos ante los aumentos desmedidos. Y tercero, la corrupción: necesitamos frenar a los estafadores y a los intereses especiales que operan impunemente.

-Una de sus grandes luchas ha sido el tema de las tarifas eléctricas. ¿Cómo lograría un fiscal general que las tarifas se mantengan asequibles para la clase trabajadora frente a empresas tan poderosas?

He pasado mi carrera peleando contra esos intereses especiales. El problema es que la actual fiscalía general no actúa; tiene la potestad de intervenir, de realizar investigaciones y presentar demandas, pero no hace nada. Yo voy a utilizar esas herramientas para dar un alivio a las familias y negocios que ven subir la renta, la luz y los seguros sin nadie que los defienda. En otros estados, los fiscales generales defienden a los consumidores. Aquí, actúan como un títere de los poderosos. Yo he dado esas batallas contra las compañías eléctricas, incluyendo a la FPL (Florida Power & Light). De hecho, si recuerdan el escándalo del ‘candidato fantasma’ en 2020, yo fui el objetivo de ese ataque precisamente porque era la única voz defendiendo a los clientes contra los aumentos injustificados. Esa corrupción y esos intereses son los que voy a enfrentar desde la Fiscalía.

-Hablemos de seguridad. A pesar de los esfuerzos, la trata de personas sigue presentando cifras alarmantes en Florida. ¿Qué está fallando y cómo frenaría, si sale electo, este delito que sigue vigente en pleno siglo XXI?

Mi mensaje es claro: no me importa cuán poderoso sea el criminal; si es peligroso y se aprovecha de la gente, sabrá de mí. El problema es que mucho de lo que se hace actualmente es teatro político diseñado para Washington, no para la seguridad real de nuestras comunidades. En un evento con la fiscalía estatal, yo llevé a víctimas reales de tráfico laboral y a organizaciones que las apoyan. Pero se han enfocado en una retórica de fronteras y en proyectos como el que llaman ‘Alligator Alcatraz’, negando el debido proceso y separando familias que no son criminales, en lugar de enfocarse en el verdadero tráfico humano y sexual que sigue ocurriendo en nuestras comunidades. Como fiscal general, voy a detener ese descontrol y aplicar la ley con vigor donde realmente se necesita, no para el espectáculo político.

-De llegar a ser escogido como fiscal, ¿usted cerraría ‘Alligator Alcatraz’ y otros establecimientos similares que se han construido en Florida?

Definitivamente, sí.

-Otro tema que preocupa a los residentes son los fraudes en los condominios y las asociaciones de propietarios. Existen mafias descubiertas y desfalcos procesados judicialmente, y la gente aún siente que no tiene a quién recurrir. ¿Qué puede hacer la fiscalía?

Muchos constituyentes recuerdan el trabajo que hicimos en la Legislatura para reformar las leyes de condominios en Florida, pero no logramos todo lo que queríamos y aún falta mucho. Es desgarrador ver a dueños de casa, a menudo de bajos recursos, ver su inversión y su hogar en manos de estafadores y criminales sin saber a dónde acudir. El Estado hace muy poco para ayudar a estas víctimas. La fiscalía general puede y debe hacer mucho más: desde apoyar a las fiscalías locales hasta tomar acciones directas contra estos estafadores. Conozco este tema muy bien y, bajo mi gestión, veremos acciones concretas a favor de los dueños de condominios para brindarles una capa adicional de protección que hoy no tienen.

-Existen serios cuestionamientos sobre el manejo de 10 millones de dólares en fondos públicos. ¿Cuál es su postura ante este episodio y, de ser elegido fiscal general, abriría una investigación formal para determinar si hubo ilegalidad?

La Oficina del Fiscal General tiene un mandato: servir al pueblo de la Florida de manera independiente, no ser el abogado personal del gobernador ni de su partido. Este caso no es un asunto personal, se trata de los contribuyentes. Estamos hablando del escándalo más grande de la administración de DeSantis: el uso de fondos que eran para familias necesitadas, dinero de Medicaid y fondos COVID, que fueron desviados para campañas publicitarias y propaganda política. Es inverosímil y descarado que funcionarios electos tomen dinero destinado a niños y familias pobres para usarlo en campañas. Esto es solo la punta del iceberg. Como fiscal general, mi trabajo será poner fin a este tipo de abusos y asegurar que los recursos del estado se utilicen para lo que fueron destinados: el bienestar de la gente.