Dariel Fernández defiende su autoridad legal y reafirma una política de “cero tolerancia” contra negocios que operen con la isla sin autorización federal
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade.
CORTESÍA OFICINA DEL RECAUDADOR MIAMI.- Dariel Fernández, recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade, confirmó que una empresa privada presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, luego de que su oficina revocara el Recibo de Impuesto Comercial Local (Local Business Tax, LBT) por presunto incumplimiento de leyes federales que regulan el comercio con Cuba.
En un comunicado de prensa fechado el 27 de diciembre de 2025, Fernández sostuvo que su actuación se ampara en el Estatuto de Florida § 205.0532, el cual —según explicó— faculta a su oficina a intervenir cuando existan “preocupaciones legítimas” sobre empresas que operan en conexión con la dictadura cubana sin la debida autorización federal. “Mi responsabilidad es hacer cumplir la ley y proteger la seguridad, la confianza y el bienestar de los residentes de nuestra comunidad”, afirmó.
El recaudador subrayó que la presentación de una demanda no alterará el curso de las acciones administrativas. “Las demandas no nos disuaden de cumplir con nuestro deber. Por el contrario, refuerzan la importancia de aplicar la ley de manera correcta y sin concesiones”, señaló, al tiempo que ratificó que la revocación de licencias se mantendrá vigente hasta que las empresas demuestren cumplimiento pleno de los requisitos legales y administrativos.
Fernández fue enfático al vincular estas medidas con la seguridad nacional de Estados Unidos: “Tenemos el deber de asegurar que nuestro condado no sea utilizado, directa ni indirectamente, para beneficiar o apoyar a la dictadura cubana, un enemigo de los Estados Unidos de América”.
La demanda surge tras una revisión a gran escala iniciada por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, luego de detectar posibles violaciones a las leyes federales que regulan el comercio con la isla.
De acuerdo con los datos oficiales, 75 empresas fueron notificadas y se les solicitó documentación que acreditara permisos de la OFAC y/o la BIS. De ellas, 48 negocios respondieron satisfactoriamente y demostraron no mantener relaciones comerciales ilegales con Cuba. Las compañías que no respondieron recibieron una segunda advertencia el 25 de noviembre de 2025. Al vencerse el plazo sin respuesta, el condado revocó el LBT de 20 negocios, dejándolos legalmente impedidos de operar.
Entre las entidades afectadas figuran agencias de viajes, servicios de envíos, logística y empresas multiservicios, algunas con múltiples sedes en el condado. La revocación entró en vigor de inmediato e incluye sanciones adicionales para quienes continúen operando sin licencia válida.
En una entrevista previa con Univisión, Fernández reiteró su postura: “Según la ley de Florida, hacer negocios con Cuba sin autorización no es una falta técnica, es una violación. Operar sin un Local Business Tax es ilegal y la aplicación de la ley continuará”. Añadió que las investigaciones seguirán activas y advirtió que este proceso “es solo el comienzo”.
Mientras el litigio avanza en los tribunales federales, la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade mantiene que su posición es aplicar la ley, proteger a la comunidad y evitar que el condado sea utilizado para financiar actividades ilegales vinculadas al régimen cubano.
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