MIAMI.- Ron DeSantis, gobernador de Florida, ratificó mediante su firma el proyecto de ley que autoriza el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales de una vivienda y salvaguarda el derecho de los propietarios en todo el estado, a diferencia de lo que sucede en el resto del país.
“Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida”, dijo el gobernador antes de rubricar la Ley de Derecho de Propiedad, el 27 de marzo en la ciudad de Orlando.
“Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”.
Según el proyecto de ley HB 621, el propietario de una vivienda puede solicitar a las autoridades locales que expulsen inmediatamente a un ocupante ilegal si éste ha accedido sin autorización y permanece en la propiedad, si el propietario le ha ordenado que abandone la vivienda y el ocupante se niega, y si no es un inquilino real y, por lo tanto, carece de contrato.
Bajo perjurio
Para facilitar la expulsión del ocupante, el propietario solo tiene que llenar un formulario presentando una denuncia completa y verificada.
En el formulario, el solicitante del desalojo debe dar fe de que él es el dueño del inmueble o la persona autorizada por el dueño para encargarse del mismo.
Bajo pena de perjurio, el propietario debe prometer que los ocupantes no son inquilinos actuales o anteriores y que cualquier contrato de arrendamiento que estos puedan mostrar es fraudulento. Además, el propietario debe reconocer mediante firma que las personas desalojadas de la propiedad podrán interponer una demanda judicial contra su persona por cualquier declaración falsa que este haya emitido en la denuncia de desalojo.
Cobro del desalojo
La ley incluso permite a la oficina del sheriff - o la autoridad policial local- cobrar una tarifa por hora si el dueño de la propiedad solicita su presencia "para mantener la paz mientras el dueño de la propiedad o el agente del dueño cambia las cerraduras y retira la propiedad personal de los ocupantes ilegales de la vivienda”.
Por otra parte, libera al dueño de la propiedad de la responsabilidad de la pérdida o destrucción de la propiedad personal del desalojado a menos que haya sido removida indebidamente.
Más sanciones robustas
La nueva norma que entrará en vigor el próximo 1 de julio, establece sanciones severas para quienes participen en la ocupación y para quienes la fomenten. Considera un delito menor en primer grado escribir una declaración falsa con el objetivo de transmitir el derecho de propiedad.
Ocupar o traspasar ilegalmente una vivienda con la intención de causar intencionalmente 1.000 dólares o más en daños se considera un delito grave en segundo grado. También será un delito grave, en primer grado, anunciar a sabiendas la venta o el alquiler de una propiedad residencial, sin la debida autorización o sin ser el propietario legal.
Por otra parte, quienes participen en prácticas engañosas para obtener acceso no autorizado a propiedades residenciales pueden enfrentar consecuencias legales.
Florida vs Okupas
“Florida, una vez más, se pone a la cabeza de la nación, esta vez protege a nuestro estado contra los ocupantes ilegales”, dijo la fiscal general Ashley Moody.
“Biden ha permitido que millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera. Después de que surgiera la evidencia en video de su plan para apoderarse de las casas, nos hemos asegurado de que los floridanos estén protegidos de este plan atroz y descarado”, afirmó la fiscal sin dar más detalles y agradeció al gobernador por promulgar la ley.”
El pasado marzo, se hizo viral un video en redes sociales en el que un migrante instaba a invadir casas abandonadas en EEUU, bajo una supuesta ley que permitía hacerlo. “La ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado, podemos llegar y repararlas, vivir en ellas y si podemos, venderlas”, afirmó desde Nueva York el joven encendiendo todas las alarmas en las redes.
Pues en Florida, la HB-621 simplifica el proceso de desalojo de los ocupantes ilegales e impone fuertes sanciones por ocupación ilegal con el fin de proteger el derecho de propiedad y tiene el propósito de garantizar un entorno más seguro.
@menendezpryce