El alcalde Bryan Calvo anuncia creación de un grupo de trabajo que supervisará cerca de 290 empresas y podría suspender o revocar licencias comerciales a quienes mantengan nexos con el régimen de La Habana
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
CESAR MENENDEZ DLA
El influencer cubano Alex Otaola, que forma parte de la Task Force, respaldó públicamente la iniciativa.
CESAR MENENDEZ DLA El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, calificó el tema como un asunto de seguridad nacional.
CESAR MENENDEZ DLA MIAMI.— Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anunció en rueda de prensa la constitución oficial de CUBAT Task Force, un equipo consultivo creado mediante orden ejecutiva para investigar empresas que operan en la ciudad y que pudieran mantener vínculos comerciales con la dictadura cubana.
El alcalde realizó el anuncio de este martes 20 de enero junto a miembros del Concejo municipal y funcionarios electos de otras ciudades del condado, entre ellos autoridades de Doral, Coral Gables y Miami.
“En mi primer día en funciones firmé la orden ejecutiva número dos para crear CUBAT Task Force, un grupo asesor que va a investigar empresas en nuestra ciudad que estén haciendo negocios con la dictadura cubana”, afirmó Calvo al ofrecer un balance inicial del proceso.
De acuerdo con el alcalde, el Departamento de Licencias Comerciales de Hialeah identificó aproximadamente 290 empresas que, en su solicitud de licencia, declararon algún tipo de relación con Cuba. Calvo subrayó que esa cifra no implica culpabilidad automática.
“No significa que todos estén en violación. Son potenciales casos que pasan a la siguiente fase del proceso”, puntualizó.
Según el alcalde, la iniciativa se desarrollará de forma escalonada. Primero, la identificación preliminar de los negocios; luego, una investigación formal con requerimientos de documentación, cuestionarios y verificación de posibles exenciones legales, y, cuando corresponda, el traslado de expedientes a la Unidad de Crímenes Económicos del Departamento de Policía de Hialeah; finalmente, una etapa de debido proceso administrativo, en la que los negocios podrán comparecer ante la ciudad para presentar su defensa antes de que se determine la suspensión temporal o revocación permanente de la licencia, según la gravedad y si la falta es corregible.
“La ley de Florida nos permite revocar o suspender licencias a negocios que apoyen a la dictadura cubana, siempre respetando el debido proceso”, afirmó Calvo. “No vamos a dudar en hacerlo si es lo mejor para la ciudad y nuestros residentes”.
En los próximos días y semanas, cada una de estas empresas recibirá cartas certificadas solicitando documentación, cuestionarios y evidencia sobre posibles exenciones permitidas por las leyes estatales y federales, como las relacionadas con ayuda humanitaria.
El alcalde enfatizó que muchos de estos negocios operan en varias jurisdicciones del condado, por lo que la coordinación entre ciudades es clave.
Por su parte, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, respaldó la iniciativa y recordó que su ciudad ya cuenta con ordenanzas similares respecto a Venezuela. “Es inaceptable que existan negocios en nuestras comunidades que hagan tratos con dictaduras”, afirmó.
Desde Miami, el comisionado Rafael Rosado anunció la presentación de una medida inspirada en el modelo de Hialeah.
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, calificó el tema como un asunto de seguridad nacional.
“Esto no es política partidista. Cualquier autoridad local puede revocar un impuesto comercial si una empresa hace negocios con la dictadura comunista cubana”, afirmó, al advertir que su oficina revocará licencias a quienes no cumplan la ley.
El pasado 15 de enero, la oficina del recaudador de impuestos emitió 50 avisos de cumplimiento a empresas presuntamente vinculadas con el gobierno de La Habana, solicitándoles información adicional sobre sus actividades y advirtiendo que los negocios deben cumplir con la ley y “mi oficina continuará haciendo cumplir estos requisitos de manera firme”.
Durante la rueda de prensa, Calvo confirmó gestiones para obtener información de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y hacer cumplir los regímenes de sanciones económicas y comerciales. Esa coordinación permitirá verificar licencias federales y determinar si existen incumplimientos que ameriten acciones locales o el traslado de casos a autoridades federales.
El influencer cubano Alex Otaola, que forma parte de la Task Force, respaldó públicamente la iniciativa y destacó el valor político de abrir investigaciones que, según dijo, “debieron comenzar hace años”, asegurando que se pondrá fin a la impunidad y a la complicidad con el régimen cubano.
“Me siento profundamente orgulloso de haber apostado por un candidato que responde a los intereses de la comunidad. Se acabó la impunidad y la complicidad que durante años se permitió desde Miami”, declaró.
Otaola aseguró que las investigaciones “llegarán hasta el fondo” y advirtió que no solo se revisarán los negocios con licencia, sino también posibles sucursales no declaradas.
En un recorrido realizado por DIARIO LAS AMERICAS por varios negocios de la ciudad que envían paquetes a Cuba, representantes de estas empresas afirmaron ver con buenos ojos la medida anunciada por el alcalde y negaron mantener vínculos con el gobierno cubano.
La gerente de uno de los negocios de mayor tamaño en Hialeah aseguró que cuentan con todas las licencias requeridas, incluidas las emitidas por la ciudad, por lo que no anticipa inconvenientes derivados de la supervisión anunciada. Aunque reconoció que su empresa podría figurar entre las entidades a evaluar, se mostró confiada en que su operación es totalmente legal y subrayó que poseen todos los permisos federales y locales necesarios para operar, incluidos los correspondientes al régimen de sanciones.
Otro establecimiento consultado explicó que sus envíos a la isla se realizan bajo la categoría de “ayuda familiar”, que incluye ropa, medicamentos y utensilios domésticos sin fines comerciales, por lo que no requieren un permiso específico, al estar autorizados bajo una licencia general conforme a las Cuban Assets Control Regulations (31 C.F.R. § 515.570(b)).
El alcalde Calvo estimó que el proceso de supervisión podría tomar alrededor de seis meses, con posibilidad de extenderse durante el año. “La meta es clara, eliminar cualquier apoyo desde nuestra comunidad al régimen castrista, cumpliendo estrictamente las leyes estatales y federales”, concluyó.
En 2024, el primer ministro del régimen de La Habana, Rafael Marrero, anunció el cierre de 24 de las 73 empresas aprobadas para importar a Cuba, reconociendo que el gobierno debe ejercer el monopolio del comercio exterior.
Descarga LA APP