El abogado Ángel Leal calificó la situación de "devastadora" y advirtió que el miedo ha permeado lugares antes considerados seguros, como iglesias, centros médicos y bufetes legales
Ángel Leal, abogado de inmigración.
CORTESÍAMIAMI.— En medio de la ofensiva migratoria de las autoridades en el sur de Florida, las comunidades inmigrantes de los condados Miami-Dade y Broward modificaron sus rutinas y desplazamientos habituales durante las primeras semanas de diciembre.
El miedo a ser detenidos en la vía pública ha provocado que indocumentados dejen de asistir a las oficinas de sus representantes legales y opten casi exclusivamente por la asistencia remota, según confirmó el abogado de inmigración Ángel Leal, quien calificó el panorama actual como una “crisis de pánico generalizado”.
En declaraciones a Diario Las Américas, Leal afirmó que "muchos de los clientes, en vez de venir a la consulta presencial, prefieren hacerla por teléfono o por videollamada por el temor inclusive de salir a buscar asesoría legal, que es su derecho absoluto".
La situación refleja un nivel de amedrentamiento tal que el simple trayecto hacia un despacho de abogados se percibe ahora como un riesgo inminente de deportación, de acuerdo con el jurista.
Para el experto legal, el impacto de las nuevas directivas federales va más allá de los tribunales y habría desmantelado la vida cotidiana de miles de familias.
"Es devastador porque es inculcar más el miedo en la comunidad", sentenció Leal.
El abogado detalló que “el terror” ya no se limita a la posibilidad de enfrentar a un juez, sino que han paralizado actividades esenciales. "Ya es el miedo literalmente de salir a la calle", acotó.
Este "confinamiento autoimpuesto", como lo llama Leal, afecta sectores vitales. Según reportes recibidos por su firma, hay "personas que tienen miedo de ir a su empleo, a sus iglesias o centros de alabanza, a buscar los mandados, o a un hospital por temas de salud".
Leal recordó que, hasta hace poco, sitios como escuelas y templos religiosos gozaban de una protección tácita contra operativos, pero "lastimosamente, el memorándum de no realizar redadas u operaciones en lugares sensibles, ya ICE lo retiró".
La parálisis comunitaria responde a una realidad tangible. Las operaciones conjuntas entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), amparadas bajo el programa 287(g), han transformado arterias viales clave en puntos de control migratorio.
Vías principales en los condados del sur de Florida y barrios icónicos de Miami como la Pequeña Habana se han convertido en escenarios frecuentes de detenciones, dirigidas especialmente a vehículos de trabajo como camiones de jardinería.
Las estadísticas indican que los arrestos diarios de ICE en Florida se han triplicado, pasando de un promedio de 20 en 2024 a 64 en este diciembre.
"Esto no solamente afecta a los inmigrantes, sino que afecta a toda el área", advirtió Leal, quien aludió a las repercusiones económicas y sociales de una fuerza laboral que teme presentarse a trabajar.
A pesar del clima adverso, el mensaje del abogado Ángel Leal a la comunidad es de resistencia a través del conocimiento. "La solución no es huir, la solución no es darse por vencido; la solución es informarse", enfatizó.
"Hay muchísimas personas que tienen miedo sin entender completamente la condición migratoria que tienen", explicó, a lo que sumó que muchos indocumentados asumen erróneamente que tienen órdenes de deportación activas o desconocen recursos legales disponibles, como el derecho a una audiencia en corte.
En este contexto de incertidumbre, donde las oficinas legales comienzan a vaciarse las líneas telefónicas no dejan de sonar, la asesoría experta se ha convertido en el último refugio para quienes sienten que "nadie duerme tranquilo" en el sur de Florida.
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