Tras cinco años de batallas legales en tres cortes, una jueza de Miami-Dade falló el pasado lunes que la alcaldía de Hialeah debe hacer los pagos compensatorios a cientos de empleados por liquidaciones y beneficios acumulados desde el 2010.
Durante varios días DIARIO LAS AMÉRICAS ha tratado de obtener información por parte de los demandantes sobre el veredicto sin tener éxito. No obstante, antes de comenzar una reunión privada entre los líderes sindicales de la Federación Americana de Empleados Municipales, Condales y Estatales (AFSCME en inglés), se pronunciaron cautelosamente al respecto.
La decisión fue tomada por la jueza Bronwyn C. Miller, del 11ro Circuito Judicial de la Florida, pero las condiciones en las cuales se implementará el veredicto serán publicadas en el documento oficial del tribunal que puede demorar hasta 30 días.
“El sindicato está muy optimista por esta decisión pero tenemos que esperar un mes a que den la orden oficial por escrito”, explicó Yrama Medina, presidenta de AFSCME, la unión local que estableció la batalla legal contra el ayuntamiento floridano.
Líderes sindicales de AFSCME se aprestan a comenzar una reunión en privado. (ALBERTO MONTALTI)
Según recogen los archivos públicos, el concejo de Hialeah, junto al alcalde Julio Robaina, aprobó en 2010 la firma de un contrato que disminuía el 8% a los salarios de los empleados de la Ciudad, así como el 7% en otros beneficios, con la intención de ahorrar dinero a la alcaldía, cuando el municipio atravesaba un mal momento económico.
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Una vez implementada la decisión del Concejo, el contrato fue disputado en cuatro casos distintos, en los que el veredicto siempre fue a favor de los trabajadores. Primero se presentó frente al Comité de Relaciones de Empleados Públicos (PERC en inglés) y tras la victoria de los demandantes, la Ciudad apeló la decisión, la cual también fue ganada por los trabajadores. La misma situación se repitió cuando se presentó el caso a la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, el último paso antes de la recién concluida batalla en el tribunal condal.
En este momento, los líderes de la Unión de trabajadores se mantienen al margen de especular sobre las condiciones que planteará la jueza en su veredicto oficial y sobre la posible cifra que debería pagar la Ciudad a los empleados.
“La cifra aún no se ha sacado”, explicó David Alonso, vicepresidente de la unión, “como esto es algo que lleva cinco años en proceso, los números cambian todos los días”, agregó.
Los líderes explicaron que la jueza no presentará un monto específico en el documento, sino que una vez que se determinen las condiciones del fallo, tanto los trabajadores como “probablemente” la Ciudad presentarán los resultados de un estudio que indicará los montos que consideren apropiados según sus propios cálculos. Luego le correspondería al Condado la decisión.
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Sobre las expectativas que mantienen los dirigentes al finalizar los 30 días, la secretaria de la organización Julia Hidalgo expresó que aún “no se conoce la disponibilidad de la Ciudad a conversar” con ellos.
Hidalgo explicó que sólo una vez que se conozcan las condiciones, la Ciudad “decidirá o no apelar” y sólo entonces se sabría que sucedería si “ellos deciden no cumplir”.
“En la resolución final tienen que salir [las indicaciones del procedimiento] y ellos van a tener un período [de tiempo]”, comentó la secretaria, “en ese momento, la Ciudad decidirá si va a apelar o se va a sentar a conversar”, concluyó.
