El TSJ legítimo calificó a Maduro como "dictador y terrorista" sin inmunidad diplomática ni estatus de prisionero de guerra; los magistrados denuncian ilegitimidad de Delcy Rodríguez
MIAMI.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio entregó este lunes a las autoridades federales en Miami un expediente judicial para anular la inmunidad diplomática de Nicolás Maduro y exigir una investigación sobre el origen de los fondos de su defensa.
El magistrado Antonio Marval, presidente del TSJ, certificó la condición de usurpador del exmandatario, capturado el pasado 3 de enero, para garantizar su enjuiciamiento como un criminal común y descartar la solicitud de trato como prisionero de guerra ante los tribunales estadounidenses.
En un movimiento estratégico para cerrar las vías de escape legal del detenido, los magistrados se reunieron con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. El objetivo fue consignar más de 150 sentencias y resoluciones emitidas desde 2017 que demuestran la ruptura del hilo constitucional en Venezuela.
Para el tribunal legítimo, la estrategia de la defensa de Maduro de presentarse como un jefe de Estado capturado carece de sustento jurídico.
"Nicolás Maduro no tiene la legitimidad en Venezuela de ser presidente (…) no puede ser considerado un prisionero de guerra, no puede ser considerado con los privilegios y la inmunidad que goza un presidente constitucional de un país, sino que, por el contrario, Nicolás Maduro es un dictador, es un terrorista", declaró el magistrado Marval.
El expediente entregado incluye la condena previa por el caso Odebrecht y la declaratoria de abandono del cargo, documentos clave para que la fiscalía estadounidense argumente que el detenido no era un mandatario en funciones, sino un ciudadano con orden de captura.
Entretanto, el TSJ puso el foco en una contradicción financiera que podría derivar en nuevos cargos por lavado de activos. Marval cuestionó cómo un funcionario que públicamente afirmaba vivir de un “salario mínimo estatal” puede costear una representación legal de alto nivel en Estados Unidos.
"Maduro, en reiteradas oportunidades, ha manifestado su estado de pobreza porque ganaba dos petros. Ese es su sueldo", indicó Marval, quien calculó ese ingreso en unos seis dólares mensuales.
El jurista contrastó esta cifra con la realidad procesal en Estados Unidos: "Hoy en día cuenta con dos escritorios de renombre para el objeto de su defensa. Una defensa de esas debe estar por encima, por lo menos, de 40 millones de dólares".
El magistrado instó a las autoridades a rastrear estos capitales y sugirió que podrían provenir de las arcas del Estado o de actividades ilícitas.
Ante el escenario político en Caracas, donde Delcy Rodríguez encabeza un gobierno de transición tras la captura de Maduro, el TSJ en el exilio mantuvo su postura de no reconocimiento a esa figura del chavismo.
Marval aplicó la doctrina del "fruto del árbol envenenado" para deslegitimar a toda la cadena de mando actual, bajo el argumento de que sus nombramientos provienen de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, servil a la dictadura.
"Si el árbol envenenado, que en este caso era la Asamblea Nacional Constituyente, está totalmente envenenada, los frutos que de ahí se produzcan, como en este caso fueron esos funcionarios públicos (...) corren la misma suerte", explicó Marval.
El tribunal insistió en que la única elección válida reciente fue la ganada por Edmundo González Urrutia y condicionó su retorno al país al restablecimiento de una democracia real, no a una sucesión dentro del mismo sistema.
Los magistrados aprovecharon la atención mediática para denunciar que, a pesar de los cambios recientes, la situación de los detenidos de conciencia no ha mejorado sustancialmente.
"El llamado es para la libertad de los presos políticos", exigió Marval, quien se mostró preocupado por casos emblemáticos como los de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha.
"Nos preocupa mucho el estado de salud, el estado en que se encuentran actualmente", concluyó, no sin antes advertir que las violaciones de derechos humanos continúan siendo delitos de lesa humanidad imprescriptibles para quienes hoy ostentan el poder en Venezuela.
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