BRUSELAS.-EFE
Presentaron quejas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización "Women's Link Worldwide" y la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
BRUSELAS.-EFE
La defensora del pueblo de la UE, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación en la que pide a la Comisión Europea (CE) que analice el impacto en los derechos humanos del acuerdo con Turquía para frenar la llegada de refugiados, a raíz de varias quejas de organizaciones y ciudadanos de España.
Según confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la institución dirigida por O'Reilly, la investigación responde a cinco quejas, tres de organizaciones y dos individuales, relativas a la aplicación por parte de la CE del acuerdo y que censuran "la ausencia de un seguimiento de su impacto en los Derechos Humanos".
La defensora del pueblo no ha dado una fecha límite a la CE para responder, aunque espera que conteste "lo antes posible", dijeron.
Presentaron sus quejas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización "Women's Link Worldwide" y la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ).
La CEAR sostuvo en un comunicado que el acuerdo con Turquía "vulnera los derechos de las personas refugiadas" y confió en que la investigación de O'Reilly "suponga un paso más para que la UE retire urgentemente su acuerdo ilegal e inmoral y centre sus esfuerzos en garantizar la protección internacional de quienes huyen de la guerra".
Para Women's Link Worldwide, la CE "está fallando en el cumplimiento de sus obligaciones de proteger a los refugiados y a las personas que buscan protección internacional, en concreto mujeres y niños".
Según su presidenta, Viviana Waisman, "con la admisión de esta queja" la defensora del pueblo "reconoce que existen suficientes argumentos para comprobar si la Comisión Europea está actuando de forma negligente y si esta acción está violando el marco regulador de la Unión Europea".
La CEAJ presentó su denuncia en nombre de los 50.000 juristas representados en esta organización, que considera que el acuerdo vulnera la Convención de Ginebra, el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. EFE
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