La dictadura de Nicolás Maduro es ineficiente para muchas cosas, sobre todo para las que tienen que ver con resolver los problemas de la población, sin embargo, es una tiranía coherente con su discurso y su estrategia de dominación. En ese sentido, el régimen de Maduro, sin ningún tipo de fervor popular, ha apostado a ser temido, represivo, despótico, y hoy cuenta con dos grandes instrumentos para lograr su objetivo: la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro logró imponer la ANC pasando por encima de la Constitución, la democracia y el pueblo venezolano, y ahora con ese mismo instrumento busca liquidar los vestigios de libertades que quedan. Esta semana, desde esa instancia se promulgó la “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que no es más que un instrumento para censurar y liquidar a la disidencia.

Se trata de un texto de 25 artículos que dice promover la “convivencia” mientras facilita la proscripción de los partidos opositores, ampliar la censura a los medios digitales y amenazar hasta con 20 años de cárcel a todo aquel que “incite al odio”. Como es típico en las tiranias, el documento no define qué entiende por odio y deja la puerta abierta a la discrecionalidad del Estado, que en el caso venezolano, es lo mismo que hablar de Maduro y sus colaboradores cercanos.

Esta normativa; además de ilegal, pues no pasó por el Parlamento venezolano, debe encender aún más las alarmas de la comunidad internacional y de las organizaciones que velan por la libertad de expresión y los derechos humanos, pues con ella se consagra un arma de retaliación política y se atenta contra la libre expresión de pensamiento y de críticas al poder. Es un paso más en contra del pueblo que protesta y se expresa incluso a través de las redes sociales. Es la confirmación de la arbitrariedad del sistema de justicia en Venezuela.

Así como la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que la Ley contra el odio es una nueva coartada del Gobierno de Maduro para acabar con la debilitada libertad de expresión y criminalizar la disidencia porque “borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia: la libertad de asociación y la libertad de expresión”, deben levantarse con fuerza las voces en contra de esta ley. Cada paso de Maduro y la Constituyente es una manera de buscar legitimar su dictadura.

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