Lo que el dictador Nicolás Maduro y su régimen insisten en presentar como “elecciones”, es una cadena de delitos graves para falsear la soberanía popular, sostener el narco estado y garantizarse impunidad. El “grupo delictivo organizado” que detenta el poder, ha cometido y está dispuesto a perpetrar cuanto delito sea necesario para seguir obteniendo los beneficios criminales que han llevado a Venezuela a la crisis humanitaria. Lo de Venezuela no son elecciones, es la suplantación del proceso electoral por acciones de crimen organizado transnacional y la respuesta que corresponde es el NO reconocimiento internacional.

Se trata de un proceso forzado y acomodado a conveniencia del régimen, que busca legitimar la ilegal retención indefinida del poder político que el castrochavismo ejerce por la fuerza en Venezuela. Es la acción que busca ocultar el repudio del ochenta por ciento de la población venezolana a Nicolás Maduro y su régimen de intervención y oprobio, falsificando un apoyo inexistente.

Te puede interesar

Es un “iter criminis” de una serie interminable de delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, detenciones ilegales, torturas, asesinatos, masacres, manipulación de procesos judiciales con sentencias infames, suplantación de órganos del poder público como el Tribunal Supremo de Justicia, sometimiento por la fuerza, sobornos, narcotráfico, asalto a los recursos del Estado, robos, extorsiones, falsificación de noticias, atentados contra la vida y el honor de la personas y contra la libertad de prensa, migración forzada de millones de ciudadanos, amenazas para el voto, fraude electoral y muchos más delitos se repiten usando el poder del Estado contra el pueblo venezolano en situación de indefensión.

La política como “quehacer ordenado al bien común” es una actividad de servicio e interés público cuya esencia es que sea lícita, legal, que se realice en el marco de lo permitido según la justicia, la razón y el interés común. En cambio la delincuencia refiere la “acción de perpetrar delitos” y es una consideración absolutamente negativa porque atenta contra el bien común, causa daño e implica violencia. La política y la delincuencia son conceptos antagónicos, opuestos, pues una de las funciones de la política es evitar, impedir la delincuencia.

Nicolás Maduro llegó al poder por la muerte de Hugo Chávez y lo hizo por imposición de la dictadura de Cuba, que con el dictador Castro como jefe, controló a partir de ese hecho el proyecto que llamaron movimiento bolivariano, Alba (Alianza Bolivariana para los pueblos de América), socialismo del siglo XXI, castrochavismo y que ahora es el grupo de delincuencia organizada transnacional que aún tienen los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

El siglo XXI en América Latina está marcado -hasta ahora- por quienes se presentaron como políticos populistas, socialistas, progresistas, de la nueva izquierda, bolivarianos, antiimperialistas, promotores de Alba, seguidores de Hugo Chávez y Fidel Castro, que retienen el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tomaron el poder en Ecuador con Correa, Brasil con Lula y Rousseff, Argentina con los Kirchner, la OEA con Insulza y gobiernos de países del Petrocaribe. Todos estos dirigentes y sus entornos están hoy marcados por la delincuencia, lo que plantea la cuestión de que si empezaron haciendo política y luego optaron por el crimen y la corruptela, o si el proyecto de expansión castrista con dinero y petróleo venezolanos malversados por Chávez en otra serie de delitos, fue siempre un proyecto antidemocrático y criminal.

Los resultados y la realidad objetiva demuestran hoy que aunque el castrochavismo hubiera empezado con los mas altruistas propósitos políticos para el bien común de los pueblos, lo que ha logrado es corrupción, violencia, delincuencia organizada nunca antes vistos, como el “lava jato” y su muestra Odebrecht que afecta a toda la región, el “caso Nisman” en Argentina, lo que ahora se empieza a destapar en Ecuador, o lo que simplemente aún se encubre en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua cuyos gobernantes usan el poder para mantenerse en la impunidad.

Venezuela es hoy con lo que el régimen llama elecciones, el caso más grave de las acciones de crimen organizado y la repuesta de las democracias del mundo, ajustada a derecho, es el NO RECONOCIMIENTO, o sea, quitar la condición de sujeto de Derecho Internacional. Lo contrario es aceptar que el crimen crea derechos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Aparecen en esta nota:

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.97%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.34%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.69%
61446 votos

Las Más Leídas