La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro al descontento social que moviliza a miles de venezolanos a las calles del país, para exigir que se retome el hilo constitucional, se realicen las elecciones programadas para este año y se liberen a los presos políticos, ha sido cuando menos brutal.
El artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. En su parágrafo segundo contempla expresamente que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
No obstante, los manifestantes han sido atacados con gases lacrimógenos, arrojados a diestra y siniestra en todos los puntos donde se han concentrado las manifestaciones, afectando no sólo a quienes protestaban en las calles sino también a quienes decidieron mantenerse en sus viviendas.
Los hechos registrados el martes 10 de abril en Caracas, donde la GNB lanzó bombas lacrimógenas dentro de una clínica en Las Mercedes, acción en la que resultó afectado un bebé de mes y medio de nacido. Una mujer de 87 años falleció en su casa como consecuencia de esos mismos gases tóxicos que se colaron por las ventanas de su vivienda y la asfixiaron.
Las acciones de los cuerpos policíacos contradicen lo que está establecido en la Carta Magna, cuando reprimen a manifestantes desarmados con sustancias químicas que son incluso disparadas desde un helicóptero de la policía política. Delito tipificado en el artículo 141 de la Ley Aeronáutica Civil, que establece que “el que lance cosas o sustancias nocivas desde una aeronave o desde cualquier objeto, que sin serlo, utilicen el espacio aéreo, será castigado con prisión de seis a ocho años…”
Mientras tanto, dos jóvenes fueron asesinados durante las protestas: Jairo Ortíz, de 19 años, recibió un disparo por la espalda que le perforó el corazón, y el estudiante Daniel Queliz, también 19, quien murió tras ser herido en el cuello.
Organizaciones internacionales han pedido al Gobierno de Venezuela que respete el derecho de sus ciudadanos a manifestarse, pero aún falta solidaridad de naciones. ¿Qué más tiene que ocurrir en el país sudamericano para que haya una postura crítica ante un gobierno represor?
Descarga LA APP