Larry Devoe, fiscal general encargado de Venezuela, fue sancionado en 2019 por Canadá junto con otros 43 altos cargos del chavismo. Ahora, se une a la lista de designados sin importar sus antecedentes.
Larry Devoe fue designado este 25 de febrero como máximo representante del Ministerio Público y se ha caracterizado por ser un hombre del poder
Larry Devoe, fiscal general encargado de Venezuela, fue sancionado en 2019 por Canadá junto con otros 43 altos cargos del chavismo. Ahora, se une a la lista de designados sin importar sus antecedentes.
Davoe fue señalado por el deterioro democrático en el país suramericano, de represión y persecución política. Los antecedentes le valieron para que le congelaran los activos, hacer operaciones financieras y restricciones comerciales.
Quizá esa sanción del fiscal sea el “título” más notorio y por el cual, es recordado que por su larga lista de estudios que aparecen en su hoja de vida o cargos desempeñados, siempre a favor del oficialismo venezolano.
Devoe se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, obtuvo un máster en Democracia y Derechos Humanos y en Derecho Constitucional en España. Además, exhibe un título de especialista en Ciencias Penales y Criminológicas a lo que se suman dos diplomados en Derechos Humanos.
Comparte este “honor” de las sanciones, entre otros, con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, sancionada por la Unión Europea, Luis Alfredo Motta Domínguez, designado viceministro de seguimiento de la gestión de gobierno, quien está desde 2019, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El ahora fiscal general tuvo un paso previo como secretario ejecutivo en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, adscrito al Ejecutivo; es miembro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, que participó en la redacción de la Ley de Amnistía; formó parte de la Comisión de Alto Nivel para la Liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Fue integrante de la comisión negociadora del régimen venezolano con la oposición en Barbados.
Por ejemplo, de su paso por la comisión negociadora de Barbados formó parte de quienes del bando del chavismo firmó un acuerdo de garantías políticas para celebrar las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, ese pacto no se cumplió y como se sabe hubo un fraude electoral y Maduro se adueñó de las votaciones.
Igualmente, esgrime haber integrado la delegación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa territorial con Guyana.
El letrado asesoró y fue agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también de la delegación en Ginebra ante el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En ese papel de hombre del régimen, rechazó la entrada de investigadores de la CIDH al país y en eventos internacionales ha afirmado que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Y como colorario aseveró: “Por lo tanto, la Corte Penal Internacional, CPI, no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
De acuerdo con Devoe, en Venezuela se investigan los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, pero organizaciones como el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, afirma que en la nación suramericana no se llevan a cabo investigaciones creíbles y no se condena a los perpetradores.
De su actuación en esos cargos se puede resumir que siempre fue un hombre defensor del poder y ahora, cercano a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
