Analistas destacan que el país que recibió el presidente de Bolivia hace seis meses es difícil de gobernar; señalan urgencia de mediación, también de voluntad política
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026
AFPLA PAZ.- Desde el 1 de mayo, Bolivia atraviesa una crisis política signada por protestas y bloqueos de carretera, en los que se exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025, tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda.
La situación que inició como un levantamiento por la disminución del subsidio al combustible, en las últimas semanas se ha extendido a varios gremios, grupos indígenas, sociales y mineros, quienes manifiestan su descontento con la situación económica y política. El reporte es de más de un centenar de detenidos y un manifestante de 24 años fallecido.
El mandatario centroderechista anunció el 25 de mayo la reducción de 50% de su salario y el de los ministros. Dijo que la decisión fue asumida “como parte del esfuerzo y el compromiso con el país”. Paz devengaba 24,978 bolivianos, cerca de 3,617 dólares.
“Este es un problema sobre si la democracia en Bolivia es viable o no”, señaló el mandatario hace unos días. Aseveró que “hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”.
El dirigente ascendió al poder tras atraer a ciudadanos de la clase trabajadora y a simpatizantes del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyaron en su momento a Evo Morales y a Luis Arce. En su campaña electoral, prometió “capitalismo para todos”.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA que las protestas buscan la "alteración del orden democrático".
Según el gobierno, las manifestaciones son organizadas por el expresidente socialista Evo Morales, quien se encuentra prófugo de la justicia tras la acusación en un caso por presunta trata de una menor.
Paz dijo, en entrevista con Clarín, que Morales “está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, derrocar este proceso democrático, violentar el ordenamiento constitucional y generar un nuevo escenario favorable para él y su organización".
La Cámara de Diputados de Bolivia eliminó el 26 de mayo la norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. La ley ya había sido suprimida por el Senado.
La internacionalista Elsa Cardozo enfatiza que el gobierno de Paz está en riesgo. “Se trata de una situación extremadamente peligrosa para la democracia en Bolivia”, indica Cardozo a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Explica que la gobernabilidad en el país ha sido un tema complicado antes de 1982, cuando se inició la secuencia democrática. Señala que Bolivia venía de ser un país de una larga lista de golpes de Estado, situaciones de inestabilidad y conflicto.
Añade que tras la vuelta a la democracia y, comenzando este siglo, con el regreso de regímenes alejados del liberalismo, entró Evo Morales, quien ascendió desde el Chapare con movilizaciones, bloqueo de carreteras, bloqueo de vías, y del país, tal como ocurre actualmente.
“Paz recibe un país económicamente complicado, con un enorme déficit fiscal sin dólares, con problemas para financiar programas sociales y subsidios. Es un país difícil de gobernar. Recibió una situación de precariedad material e institucional”, puntualiza.
A juicio de Cardozo, el mandatario boliviano no ha sabido manejar la situación, se confió de su triunfo electoral y de sus lemas que parecían clarificar lo que iba a hacer.
Indica que hay un aprovechamiento de los grupos radicales “que no tienen que ser muy grandes para provocar desastres mayores”.
Cardozo considera que la situación institucional comprometida exige del gobierno y de quienes fueron elegidos como senadores y diputados cuidar que la situación no se desborde. A su vez, plantea, vigilar que las políticas respondan constitucionalmente a la crisis.
Cree que, probablemente, “hace falta una mediación muy comprometida con la tranquilidad de Bolivia y con su gobernabilidad que, por cierto, no pasa por Gustavo Petro ni por Colombia”.
La mediación que refiere la ve más orientada a grupos como la Iglesia o la Cruz. La investigadora sostiene también que debe presentarse un diagnóstico más claro de la situación y de las opciones que tienen por delante, tarea nada fácil en un clima tan exacerbado.
A su vez, habla de la necesidad de posiciones más equilibradas en las que se inste diálogo.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y activistas de DDHH llamaron al diálogo entre el gobierno y los trabajadores.
“Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas”, ha dicho el mandatario.
El analista boliviano Alex Contreras dice a DIARIO LAS AMÉRICAS que el gobierno dialoga con algunos dirigentes que han estado con los gobiernos de turno y que no solucionan la problemática. “Más allá de haber llamado a dirigentes que están encabezando estas movilizaciones, Rodrigo Paz tiene que hacer un diálogo verdadero”, sostiene.
Contreras destaca que los principales dirigentes de las organizaciones que convocaron la movilización tienen orden de aprehensión, entre ellos de la Central Obrera Boliviana (COB), con lo cual considera imposible que dialoguen.
El 27 de mayo, Paz encabezó el Consejo Económico y social sin sectores movilizados que exigen su renuncia. El viceministro de Autonomía, Adrián Oliva, afirmó que alrededor de 250 organizaciones sociales fueron convocadas al encuentro.
“El gobierno tiene que buscar soluciones políticas a un conflicto que, lamentablemente, ya se ha convertido en político, tiene que buscar el diálogo con los representantes elegidos democráticamente por sus sectores. Caso contrario, los dirigentes desde la clandestinidad están convocando a continuar y radicalizar las movilizaciones”, asevera Alex Contreras, quien hasta 2008 fue portavoz del gobierno de Morales.
No considera necesaria la mediación externa. “Yo veo que lo que ha pasado en estos seis meses de gestión de gobierno de Paz, es que, en primer lugar, no se han cumplido las promesas de campaña. En segundo lugar, el sector que lo ha apoyado en la primera y segunda vuelta lo ha traicionado”.
“Lo que hace falta es voluntad política del gobierno de Bolivia”, subraya.
El analista enfatiza que los 19 años de gobierno del MAS dejaron un país en quiebra, “pero precisamente sobre esa crisis tenían que llevarse medidas económicas y sociales acordes a la realidad nacional y pensando en la población boliviana”.
Por su parte, Ernesto Estremadoiro, periodista del diario El Deber de Bolivia, indica que dentro del origen de la protesta está la marcha contra la Ley 1720, la cual autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a realizar la conversión voluntaria de la categoría de pequeña propiedad rural titulada a la de mediana propiedad.
Estremadoiro relata a DIARIO LAS AMÉRICAS que la ley generó susceptibilidad en quienes tienen los títulos comunitarios. “El crédito al sector agrícola es muy limitado en Bolivia. Los productores tienen que obtener crédito a través de las casas comerciales que le venden insumos y semillas o sino con las mismas fábricas a las que le venden el grano que financian su producción. Esto especialmente en la zona del oriente”, señala.
El periodista afirma que en el país hay un sistema estatal muy burocrático.
Sostiene que, ante la crisis económica, “todo el mundo esperaba que hubiera un cambio, todo el mundo estaba dispuesto incluso a hacer el sacrificio. Ahora han dicho que el cambio es muy gradualista”.
El expresidente Evo Morales señaló el 24 de mayo que Paz "tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días".
Morales también acusó de “intromisión” a Estados Unidos.
“Lo que se tiene que preservar, más allá del gobierno de cualquier presidente, es la democracia y lo que está planteando Evo Morales es totalmente anticonstitucional”, subraya el analista Alex Contreras.
Destaca que al gobierno de Rodrigo Paz “aún le restan cuatro años y medio para hacer gestión”.
El analista también indica que urge un golpe de timón a la gestión de gobierno y un cambio en el equipo político, donde la mayoría son técnicos y tecnócratas. “No está mal, pero hace falta un equipo político que pueda resolver los conflictos y además priorice la cultura de la paz”, añade.
El 21 de mayo, el presidente Paz nombró a Williams Bascopé como nuevo ministro del Trabajo.
Estados Unidos y 13 países de la alianza Escudo de las Américas expresaron el 21 de mayo su "profunda preocupación" ante las protestas.
"Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas" explicaron los firmantes de un comunicado distribuido por el Departamento de Estado.
En el pronunciamiento también se advirtió: "No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio".
Además de Estados Unidos y Bolivia, los países firmantes del comunicado son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Por su parte, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expuso el 18 de mayo su preocupación por las protestas y bloqueos en Bolivia. Alertaron sobre posibles riesgos para la estabilidad democrática del país en medio de las movilizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
@snederr
FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Infobae, Clarín
Descarga LA APP
video