La activista continúa bajo medidas cautelares, sin autorización para declarar públicamente, según informó su familia
La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero
Control Ciudadano La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con medios independientes en Caracas en 2019.
AFP/ARCHIVOMIAMI - La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel informó este sábado que la defensora de derechos humanos no goza de “libertad plena”, sino que se encuentra bajo una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial en Venezuela.
San Miguel, detenida en febrero de 2024 por el régimen chavista, llegó este viernes a Madrid por intermediación del Gobierno español, según confirmó su hermano y portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, en un comunicado difundido públicamente.
La familia precisó que su traslado a España forma parte de acuerdos humanitarios y diplomáticos que permitieron su excarcelación y aclaró que esta situación “no constituye un destierro ni una renuncia a sus derechos” en el país caribeño.
Sin embargo, su familia indicó que la activista tiene restricciones legales vigentes, entre ellas la prohibición de realizar declaraciones públicas, razón por la cual terceros no están autorizados a hablar en su nombre.
Respecto a su estado de salud, aseguraron que Rocío San Miguel se encuentra en “buen estado general” y continúa un proceso de rehabilitación en el hombro, tras haber sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas durante el último año. Su defensa también confirmó que su condición médica es estable.
San Miguel, abogada, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, fue acusada por el régimen chavista de los presuntos delitos de terrorismo y traición a la patria, en relación con un supuesto plan para atacar una base militar en el estado Táchira y atentar contra el depuesto dictador Nicolás Maduro. Su defensa negó de forma reiterada estas acusaciones.
Organizaciones de derechos humanos, como Provea, denunciaron en reiteradas ocasiones que el caso contra San Miguel carecía de sustento jurídico y estuvo motivado por su trabajo de documentación e investigación sobre defensa, soberanía nacional y asuntos militares.
También se había alertado que la persecución del régimen se extendió a su entorno familiar, con la detención y desaparición temporal de al menos cinco parientes.
La detención de Rocío San Miguel se produjo cinco meses antes de las elecciones presidenciales y antecedió a una ola de más de 2.400 arrestos registrados tras las protestas contra la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro.
En su comunicado, la familia señaló que "Rocío San Miguel mantiene la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad, y que estos pasos formen parte de un proceso amplio de reconciliación nacional".
FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/DLA
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