BOGOTÁ — El expresidente colombiano Juan Manuel Santos refutó el miércoles las acusaciones de que su campaña de reelección presidencial de 2014 recibiera fondos de la empresa brasileña Odebrecht.
Santos le dijo a la prensa que no hay “ni una sola prueba” de que se cometieran faltas éticas después de testificar durante dos horas ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia.
Agregó que se ha mantenido en silencio durante tres años para “no politizar la justicia” a pesar de que surgieron acusaciones en su contra.
El Consejo Nacional Electoral realiza una investigación preliminar contra el expresidente, pero no se han presentado cargos.
La Fiscalía General señaló hace un par de años que la campaña de Santos había recibido un millón de dólares de Odebrecht.
Decenas de políticos en diversos países de Latinoamérica han sido objeto de investigaciones, forzados a renunciar o han visto afectada su imagen luego de que se dio a conocer el escándalo de corrupción de Odebrecht. La compañía admitió en un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.
Las acusaciones contra Santos surgen de testimonios proporcionados por Andrés Sanmiguel, que afirma que su compañía de logística fue utilizada para canalizar casi 1,2 millones de dólares de Odebrecht para la segunda vuelta de la campaña de reelección del expresidente.
Sanmiguel hizo las acusaciones en un testimonio ante la fiscalía de Colombia que posteriormente se filtró a una estación de radio local.
El miércoles, Santos negó conocer o haber tenido relación alguna con Sanmiguel y otras personas identificadas como partícipes de la supuesta trama. Caracterizó a las acusaciones como parte de una cacería de brujas política más amplia dirigida a manchar su legado.
“No existe ni una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre”, aseveró Santos.
El escándalo de corrupción de Odebrecht ha terminado con las carreras de algunos de los líderes políticos más importantes de Latinoamérica, destapando una corrupción endémica que ha enfurecido a los ciudadanos y provocado protestas en varios países en el último año.
En Perú, casi cada expresidente que sigue vivo está bajo investigación en relación con la pesquisa de Odebrecht. Por otro lado, los políticos más poderosos de Colombia han permanecido prácticamente indemnes, en lo que algunos analistas sostienen es una señal de que las instituciones encargadas de hacer rendir cuentas a los líderes siguen estando politizadas.
“No deja tranquilo a los ciudadanos”, dijo Patricia Muñoz Yi, profesora en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Santos gobernó Colombia de 2010 a 2018, periodo en el que su administración encabezó las negociaciones y firmó un histórico acuerdo con las FARC.
El conflicto entre los rebeldes de izquierda, paramilitares y el Estado resultó en por lo menos 250.000 muertes, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.
Santos ganó el premio Nobel de la Paz por su trabajo para lograr un acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, a quienes les dio Amnistía por los crímenes cometidos. El acuerdo se firmó con el apoyo del régimen comunista de Cuba.
En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles de Colombia para protestar contra el actual mandatario Iván Duque, alegando que no ha hecho lo suficiente para cumplir con los compromisos del pacto.
Muñoz Yi señaló que, pese a que Santos no enfrenta cargos formales, las meras acusaciones y audios filtrados afectan su legado.
“Desafortunadamente, la política hoy en buena parte se mueve en ese terreno, en el terreno de las percepciones”.
El CNE controla las acciones de los partidos políticos colombianos y coordina los procesos electorales. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht admitió en 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en 12 países, entre ellos, Colombia.
Políticos de alto nivel en diversos países de Latinoamérica han sido acusados de recibir dinero de Odebrecht a cambio de lucrativos contratos para obras públicas.
FUENTE: Con información de AP
