MANAGUA.- Las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continuaron estancadas este lunes por la falta de acuerdos para definir a los testigos y a los acompañantes del proceso.

"La mesa de negociación comunica que continúa la consideración entre ambas partes sobre la definición de los testigos y acompañantes de la negociación", indicaron las partes en un comunicado conjunto, al concluir la cuarta ronda en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de la capital.

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Hasta ahora el único testigo consensuado por las partes es el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, que ha estado presente en las cuatro sesiones.

En tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) afirmó este lunes que ni el régimen de Ortega ni la oposición han mostrado interés en que los obispos tengan algún rol en las negociaciones, por lo que han decido distanciarse del proceso.

En un comunicado, el Episcopado explicó que el cardenal Leopoldo Brenes asistió por "cortesía" a la primera sesión de las negociaciones el pasado miércoles, e "hizo saber a los participantes que, si necesitaban algún servicio de la CEN, ambas partes hicieran llegar sus respectivas cartas de invitación".

"Ya que hasta el momento no hemos recibido ninguna correspondencia al respecto, comprendemos que no somos de ineludible necesidad para dichas negociaciones", resaltó el Episcopado.

Anunció que a partir de ahora su aporte "seguirá siendo acompañar al pueblo en sus sufrimientos y dolores (...) para que Nicaragua encuentre caminos civilizados y justos para una solución pacífica en vista del bien común".

Brenes, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal, aclaró el domingo a los periodistas que a la sesión de instalación de las nuevas negociaciones el miércoles pasado había sido invitado "para la oración", que no acudió a las dos reuniones siguientes y tampoco estaría en la de este lunes.

El Episcopado nicaragüense jugó un rol trascendental como mediador y testigo en el diálogo nacional entre el régimen y la Alianza Cívica iniciado en mayo pasado, que fue abandonado de forma unilateral por el gobernante Ortega dos meses después.

Hasta ahora, la Iglesia católica era vista como el único mediador confiable en cualquier diálogo o negociación para buscar salida a la crisis de Nicaragua.

En la mesa de negociación, los representantes del régimen y de la Alianza Cívica han avanzado lentamente en la definición de la agenda y de los mecanismos del proceso.

En el documento de este lunes, ambas partes reiteraron que "se continuó discutiendo la hoja de ruta de la negociación", y que una vez aprobada se procederá a la discusión de la agenda.

Durante la jornada, la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cuestionó que el régimen estableciera medidas cautelares a reos que no tienen procesos judiciales en su contra, lo que legalmente "no es posible".

Los reos con medidas cautelares son unas 100 personas que han participado en protestas contra el gobernante Ortega y que fueron trasladados de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) hacia sus casas el miércoles pasado, previo al inicio de la mesa de negociación.

Parte de esos manifestantes encarcelados sufren problemas mentales, denunció, por su lado, el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.

"Están saliendo muy enfermos, hay jóvenes que no duermen, escuchan ruidos, otros que ni siquiera desean comer o se quedan dormidos", dijo la integrante del Comité Lilliam Ruiz a periodistas.

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos ya ha dispuesto un protocolo de atención médica, tanto para padecimientos psicológicos como físicos, según dijo Ruiz, madre de Hansel Vásquez, condenado a 17 años y 3 meses de prisión por "terrorismo" y otros delitos.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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