Ya en agosto del año pasado, la Policía registró la sede del periódico y detuvo a su responsable, Juan Lorenzo Holmann, lo que llevó a La Prensa a informar sólo a través de su página web. En julio de 2022, el medio anunció que su plantilla escapaba de la "persecución".
Las oficinas que quedaron vacantes en la entrada norte de Managua amanecieron este martes ya sin el distintivo de La Prensa y reconvertidas en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, como anunció Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han denunciado en estos últimos meses la deriva autoritaria de Ortega contra los medios independientes, entre los que incluyen a La Prensa.
Tras el exilio de su personal, el responsable de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, denunció que "el aparato represivo desplegado por el régimen de Ortega para reducir a los periodistas al silencio es tan terrorífico como intolerable".
"La prensa independiente de Nicaragua está en fase de agonía y las voces críticas con las autoridades desaparecen de forma inexorable", lamentó.
Desvalijamiento de las instalaciones de La Prensa
El diario La Prensa, el más antiguo del país y que permanece ocupado por la policía desde hace un año, denunció el lunes que operadores del régimen de Daniel Ortega están retirando equipos y maquinarias de sus instalaciones, donde además se realizan “obras de construcción”.
“El régimen Ortega Murillo intenta poner fin a 96 años de historia del decano del periodismo nacional, desmantelando el plantel que lo albergaba”, señaló un artículo publicado en el rotativo, que sólo circula de manera digital desde su cierre y ocupación policial el 13 de agosto de 2021. “¿En qué se convertirán sus instalaciones?”, se preguntó.
Consultado por The Associated Press, el editor jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, dijo que en los últimos días empleados del régimen han entrado a las instalaciones del diario y han sacado maquinarias, según observaron testigos que pasaron frente al edificio, situado en el sector norte de la capital, Managua.
Enríquez desconoce cuántos equipos o máquinas han sido sustraídos de la sede del diario, en la que solamente permanecen policías fuertemente armados. También recibieron reportes de supuestas remodelaciones en el plantel que alberga al diario y a la imprenta de La Prensa, la más moderna y mejor equipada del país.
“No nos extraña que concreten este robo de las instalaciones y los equipos”, expresó Enríquez. Dijo que lo mismo ocurrió con otros medios independientes, como la publicación Confidencial y el canal 100% Noticias, cuyos inmuebles fueron ocupados por la policía en 2018 y adjudicados posteriormente a entidades del gobierno.
“Y yo le llamo robo, ni siquiera confiscación, porque la confiscación está prohibida en la Constitución”, agregó el periodista. Según el artículo 44 de la Carta Magna de Nicaragua, el Estado garantiza la propiedad privada y no permite las expropiaciones.
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Un partidario del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ondea una pancarta con una imagen de él, en Managua, el 30 de abril de 2018. Los opositores comparan a Ortega con el dictador Anastasio Somoza por sus tendencias autoritarias.
AP/Alfredo Zúñiga, Archivo
Exilio de periodistas
Enríquez recordó que hace un mes toda la redacción de La Prensa fue obligada a abandonar Nicaragua por persecución policial y allanamientos a viviendas de los últimos periodistas y fotógrafos del diario que quedaban en el país.
Según la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), al menos 150 comunicadores se han exiliado por presiones o amenazas desde 2018. Otros seis periodistas están presos desde hace más de un año, incluyendo el gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Hollman, y el exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora.
A juicio de Enríquez, el régimen arreció en las últimas semanas sus presiones sobre la prensa independiente y la Iglesia católica, dos de pocos sectores críticos que aún subsisten en Nicaragua, tras el encarcelamiento de líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, empresarios y activistas.
Al menos tres canales de televisión y nueve radioemisoras, la mayoría de ellas vinculadas a la Iglesia católica, fueron cerradas en el último mes. Más de 1.000 ONG fueron clausuradas este año por decisión del Ejecutivo.
Los sandinistas “han acabado no solo con la oposición, sino con toda entidad que pueda emitir un pensamiento independiente”, dijo el editor jefe de La Prensa.
Enríquez consideró que las expresiones de la oposición en las redes sociales son apenas “un desahogo de uno que otro ciudadano, desde el anonimato… han impuesto un régimen de terror”.
Con respecto a La Prensa, dijo que sus periodistas se han reorganizado en el exilio, desde donde seguirán trabajando. “No han podido silenciarnos”, subrayó.
Más tarde el lunes, el régimen de Nicaragua inauguró la llamada “Casa de la Soberanía”, en el edificio que alquilaba la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la capital, el cual fue expropiado hace cuatro meses.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Ramona Rodríguez, anunció que en ese local funcionará un “centro de estudios de la soberanía” bautizado con el nombre del excanciller sandinista Miguel D’Escoto, fallecido en 2017.
“Este era un lugar donde funcionaba el ministerio de colonia que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano”, dijo Rodríguez al referirse a la sede de la OEA.
La propiedad fue ocupada por la policía el pasado 24 de abril, día en que el gobierno expulsó de Nicaragua a los representantes de la OEA.
Nicaragua vive una grave crisis política desde que el régimen reprimió con fuerza una revuelta social en abril de 2018 y provocó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. La oposición por su parte, asegura que hay unos 190 “presos políticos” en distintos penales del país.
FUENTE: Con información de AP y Europa Press