CARACAS.- El alcalde caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho, se convirtió en la madrugada de este martes en el cuarto mandatario local de la oposición al que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituye, inhabilita y cuyo encarcelamiento ordena desde julio, por desacatar sus instrucciones de tomar medidas contra las protestas que vienen registrándose en varias localidades del país desde abril pasado.
Sin embargo, a diferencia de los tres casos anteriores (Gustavo Marcano de Lecherías, de Alfredo Ramos de Barquisimeto y Carlos Odón García de Mérida) en este último la Sala Constitucional no solo le ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aprehender al funcionario sino que emitió una orden de captura internacional.
Lo ocurrido en las últimas semanas no es más que la continuación de una estrategia que se puso en marcha en 2014, cuando en la anterior ola de protestas la intérprete de la Carta Magna desarrolló un procedimiento no previsto en ninguna ley para remover y encarcelar a los entonces alcaldes de San Diego (Carabobo) y San Cristóbal (Táchira), los opositores Enzo Scarano y Daniel Cabellos, elegidos apenas meses antes, bajo el argumento de que desacataron las instrucciones que les giró.
Para la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León; y para el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, José Vicente Haro, estos casos revelan que el máximo juzgado se ha convertido en el verdugo de la disidencia.
“La Sala Constitucional ha distorsionado la figura del amparo. El amparo es un recurso extraordinario al que pueden acudir los ciudadanos cuando no consiguen justicia o para protegerse ante la inminente violación de un derecho, pero aquí se ha torcido y se está utilizando para perseguir a ciudadanos y detenerlos en una única instancia y sin posibilidad de revisión”, denunció, al tiempo que agregó: “El objetivo es anular el derecho a la protesta al presionar a los alcaldes para que impidan las protestas, so pena de terminar en la cárcel y bajo el argumento de que busca garantizar el derecho al libre tránsito (…) Se ha pretendido enfrentar el derecho al libre tránsito con el derecho a la protesta”.
En similares términos se pronunció Haro, quien afirmó: “Las medidas que hemos visto contra los alcaldes desde 2014 no están previstas en la legislación venezolana y constituyen una forma muy sofisticada de persecución y criminalización de la disidencia y de la protesta, porque se ha pretendido utilizar a los alcaldes opositores para frenar protestas opositoras”.
Sin sustento
Los expertos también coincidieron al poner en duda la legalidad la decisión de detener a los alcaldes.
“El desacato no es delito”, soltó Mármol de León y al revisar el Código Penal ciertamente no se le encuentra. La única ley que habla de desacato es la de Amparo, la cual en su artículo 31 establece penas de 15 meses y multas para aquellas personas que no cumplan una decisión judicial de amparo, sin embargo no prevé el procedimiento para aplicar dicho castigo.
Hasta 2014 la jurisprudencia del TSJ establecía que el juez que detectara que una decisión suya no era cumplida tenía que notificarlo a la Fiscalía para que ese organismo decidiera si procesaba o no al presunto rebelde.
La magistrada emérita calificó de “exceso” la detención de Ramos y de García, así como antes la de Ceballos y Scarano. ¿La razón? “La Ley de Amparo habla de arresto no de prisión, por lo cual se puede imponer una libertad vigilada, pero además nuestra ley establece que nadie que haya sido castigado a una pena de menos de ocho años debe ir a una cárcel”, replicó.
Por su parte, Haro indicó que lo que ha pedido el TSJ a los alcaldes es imposible de ejecutar, de acuerdo a la ley. “Los alcaldes ciertamente tienen competencia en materia de tránsito y de orden público, pero son muy básicas. Las policías municipales no están dotadas ni legal ni materialmente de herramientas para controlar manifestaciones”.
Asimismo denunció que el procedimiento aplicado a los alcaldes atenta contra el debido proceso, por cuanto “no se garantiza a los funcionarios ser juzgados por su juez natural, porque la Sala Constitucional no tiene competencias para decidir sobre la libertad de las personas, eso es asunto de la justicia penal y además su decisión no puede ser revisada por otra instancia”.
Doble rasero
Para Haro un elemento que deja en claro que el TSJ está utilizando este cuestionado procedimiento para perseguir y sacar del camino a dirigentes opositores está en el hecho de que el mismo no ha sido aplicado a ningún alcalde oficialista.
“Las protestas no solamente se han desarrollado en municipios controlados por la oposición, sino también en algunos en manos del chavismo, como por ejemplo el oeste de Caracas, pero ningún Alcalde del Partido de Gobierno ha sido citado, con lo cual es claro que la idea es descabezar a dirigentes opositores e impedirles competir en las siguientes elecciones”, apuntó, al tiempo que agregó: “Incluso aquellos opositores más cercanos al chavismo, como el Alcalde de Cabudare, no ha terminado en prisión sino que le ordenaron negociar con los manifestantes, lo cual es otra prueba de que esto se está utilizando para perseguir a la dirigencia opositora”.
Un 44% de los 77 alcaldes que tiene la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han sido destituidos, están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones o inhabilitados desde 2013, de acuerdo con un estudio recientemente publicado por la organización Transparencia Venezuela.
Pero Muchacho no será el último, para este miércoles fue citado el alcalde del también caraqueño municipio El Hatillo, David Smolansky, quien seguramente correrá la misma suerte y aún hay procesos abiertos contra otros siete más, sin contar el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.
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