Desde la revolución islámica de 1979, Irán ha sido un estado que auspicia el terrorismo y ha tratado de expandir su influencia. Coopera con los talibanes, un grupo extremista islámico de Afganistán, y se estima que también intervenga en el reciente conflicto entre Azerbaiyán y Armenia.

Las actividades criminales de Irán son un componente clave de esa estrategia. El crimen organizado es una pieza fundamental en la exportación del yihadismo, sobre todo en momentos en que la propia República Islámica es objeto de severas sanciones.

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Los barcos, aviones y compañías de transporte iraníes se utilizan para el tráfico de drogas y alcohol, para el contrabando de petróleo y para el tráfico de armas en gran escala. Irán percibe dinero por la producción de opio en Afganistán y, a cambio, proporciona armas a los talibanes, quienes los usan para combatir a las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, en Afganistán. La actividad ilegal se utiliza principalmente para expandir la yihad o el terrorismo, y para financiar a sus aliados en Siria, Yemen, Irak, y Líbano.

Irán también opera en Latinoamérica, una región que tiene importancia geográfica y estratégica para Estados Unidos. Ha enviado gran cantidad de armas y dinero a Venezuela, un enemigo declarado de EEUU. Venezuela es un gran narcoestado que se ha asociado con Irán para dar impulso a sus propias actividades delictivas. Un informe de la DEA indica que Hezbolá obtuvo mil millones de dólares por año del tráfico de armas y cocaína. Según el informe, el tráfico de cocaína se inició en Venezuela y México, mientras que las ganancias procedían de Estados Unidos, donde también se lavaban las utilidades. Irán también se benefició del contrabando de oro venezolano, obtenido por medio de la explotación inhumana de mineros por parte del régimen de Maduro con disidentes de las FARC, miembros del ELN colombiano y grupos criminales. Según el experto en seguridad Douglas Farah, Irán recibió de Maduro 500 millones de dólares en lingotes de oro a cambio de más de 1,5 millones de barriles de petróleo, sumados a reparaciones en las deterioradas instalaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los nexos de Venezuela con Irán han permitido que el país islámico y representantes suyos como Hezbolá hicieran una profunda incursión en el continente. Venezuela proporcionó pasaportes a los miembros de Hezbolá y también influyó en otros países de la región para que hicieran lo mismo.

Según Emanuel Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, las redes latinoamericanas de Hezbolá han colaborado con carteles de drogas y organizaciones criminales en el envío de cocaína a los Estados Unidos, la distribución y venta de narcóticos y el lavado de las ganancias, lo que contribuye a financiar las aventuras subversivas de Irán en Medio Oriente.

Las actividades criminales de Irán seguirán aumentando mientras las sanciones en su contra se intensifican y sus arcas fiscales se vacían. Hezbolá recibe de Irán solo el 20% de su presupuesto. El crimen organizado le aseguraría el otro 80%.

Es evidente que la presencia de Irán en América Latina constituye una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región.

En 2007, un miembro de Hezbolá apostado en Guyana intentó realizar un atentado terrorista en el Aeropuerto Kennedy. De forma similar, en 2011 Irán trató de asesinar al embajador saudita en Washington con ayuda de Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano. El especialista en terrorismo Matthew Levitt reveló en 2013 que miembros del Cartel de Sinaloa recibieron entrenamiento en explosivos y armas en Irán. Un reciente informe del Atlantic Council sostuvo que la agenda político-terrorista de Irán es la principal motivación. El delito es un medio para sostenerla.

Independientemente de a quién sea elegido como próximo presidente de Estados Unidos, estas problemáticas deben resolverse.

¿Pero cómo?

Por un lado, las sanciones no van a bastar para disuadir a Irán. Por el otro, opciones como restablecer el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 (en inglés JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action) –el acuerdo con Irán-, o llegar con Venezuela a un acuerdo similar al alcanzado con Cuba en 2014, no contribuirían a la seguridad nacional de EE. UU.

Incluso si conseguimos la paz nuclear, Irán persistirá en sus actividades delictivas y desestabilizadoras dado que busca impulsar sus ambiciones expansionistas revolucionarias. Una flexibilización de las sanciones incrementará el financiamiento de las acciones desestabilizadoras. Sería imposible lograr un amplio acuerdo para poner a fin a esas actividades.

Por eso, Estados Unidos debe embarcarse en una estrategia global para acabar con las actividades criminales de Irán y de los países y entidades que colaboran en el crimen organizado transnacional. En nuestro hemisferio, Venezuela es clave. Estados Unidos debe seguir sancionando a personas y organizaciones que apoyan las actividades criminales del régimen de Maduro. Pero las sanciones no bastarán para poner fin al régimen. Por ende, Estados Unidos y sus aliados internacionales deben considerar un bloqueo naval, además de acciones conjuntas de vigilancia, seguimiento y seguridad. Ese bloqueo naval tiene que derivar en un completo control estadounidense de las rutas usadas para el transporte de drogas. Debe proporcionarse ayuda humanitaria a Venezuela, pero asegurándose de que no tenga relación alguna con fuentes alternativas de ingresos procedentes de aliados de Maduro como China, Rusia, Turquía e Irán.

En ese contexto, Estados Unidos y compañías americanas que operan en Venezuela, deben mantener su presencia en ese país para evitar posibles tomas de activos por parte de los aliados de Maduro en el crimen organizado, ya sea Rusia o Irán.

Del mismo modo, hay que presionar a Cuba para que deje de brindar apoyo a Maduro. De ser necesario, también por medio de un bloqueo naval.

Estados Unidos también tienen que seguir combatiendo la corrupción y fomentando la democracia mediante el fortalecimiento de los lazos con la OTAN y con otros países democráticos, además de acordar una política para la promoción de la democracia y el imperio de la ley sin intervenciones militares. Es necesario abordar la corrupción, una táctica clave de delincuentes y terroristas, y sancionar de forma apropiada a los transgresores. México y muchas naciones centroamericanas tienen una creciente corrupción que genera un caldo de cultivo para actividades criminales.

La idea de que el mundo no es problema de Estados Unidos, es una noción falsa que ha influido de forma directa o indirecta en las administraciones de Obama y de Trump. Si no abordamos el crimen organizado transnacional, éste se volverá contra nosotros en nuestro propio país.

Luis Fleischman, PhD, copreside el Palm Beach Center for Democracy & Policy Research y es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Ha escrito con frecuencia sobre Latinoamérica y el Medio Oriente y es autor de “Latinoamérica en la era post Chávez: la amenaza para la seguridad de EE.UU.”

@LuisFleischman

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