Jueces de Miami-Dade negaron las últimas mociones para extender el plazo y dieron luz verde a la desocupación en 24 horas; las decisiones ponen fin a una prolongada batalla legal
MIAMI.- Jueces del condado Miami-Dade ordenaron el miércoles el desalojo definitivo de las últimas 220 familias del parque de casas móviles Li'l Abner en Sweetwater, después de negar mociones de última hora que buscaban extender el plazo.
Estas decisiones judiciales ponen fin a una prolongada batalla legal y autorizan a la policía a ejecutar la orden de desocupación en un plazo de 24 horas para dar paso a un ambicioso proyecto de desarrollo urbano en el terreno.
La jueza Diana González-Whyte denegó la solicitud de extensión presentada por el abogado David Winker, quien representa a residentes que aún permanecen en el parque.
La magistrada argumentó que los derechos procesales fueron respetados y que los residentes tuvieron la oportunidad de defenderse.
"No hubo violación del debido proceso”, declaró González-Whyte sobre uno de los casos. En una decisión paralela, otro juez también rechazó una moción similar para otro grupo de familias, lo que consolida la orden de desalojo.
Tras conocer los fallos judiciales, los afectados expresaron su angustia ante la inminente pérdida de sus hogares. "Estaré en la calle. No tengo a dónde ir", manifestó María González, quien vivió en el parque durante 24 años junto a su hijo y nuera.
Durante una protesta, Carlos Pérez, quien tenía alrededor de seis años viviendo en esa comunidad, demandó más tiempo para encontrar una alternativa. “No echan como si fuéramos los peores seres humanos del mundo”, afirmó.
Otro hombre aseguró que en todo el tiempo de litigio por más tiempo en el parque de viviendas móviles ha perdido su salud. “No tengo electricidad, no podemos cocinar y ahora toca correr a buscar un sitio para vivir”, dijo visiblemente emocionado.
El equipo legal de los residentes, encabezado por David Winker, anunció que apelará las decisiones judiciales. "Vamos a presentar una apelación", declaró el abogado, quien sostuvo que sus clientes fueron tratados de manera injusta y que el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Winker argumentó que existía "un nivel de caos" en los procedimientos y que no todos los residentes recibieron las notificaciones de desalojo apropiadas, base de su estrategia legal para impugnar la orden. "La gente me dijo: 'Siento que nos tratan como criminales'", agregó.
El conflicto se originó en noviembre de 2024, cuando CREI Holdings, propietario del terreno de 94.5 acres, notificó a los casi 5.000 residentes del parque sobre sus planes de reurbanización.
La empresa ofreció compensaciones económicas escalonadas para incentivar la salida voluntaria, pero más de 200 familias las rechazaron por considerarlas insuficientes para cubrir el valor de sus casas y los costos de reubicación.
En el lugar, la constructora planea un desarrollo que incluye miles de unidades de vivienda asequible, una escuela, instalaciones médicas y un centro comunitario.
De hecho, ya avanza la construcción de Li'l Abner III, un edificio de ocho pisos y 328 apartamentos con una inversión de 83 millones de dólares. En la mañana del miércoles, DIARIO LAS AMÉRICAS constató la presencia de varios camiones de mudanza contratados por familias que decidieron marcharse.
Mientras tanto, las demoliciones en el parque continúan, no sin complicaciones, como el hallazgo de asbesto en los escombros que resultó en una multa de más de 108.000 dólares para los propietarios.
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