El comisionado José “Pepe” Díaz cuestiona la demanda de la ACLU

REDACCIÓN. Luego de la presentación de una demanda federal  por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida contra la ley que regula la ubicación de convictos por delitos sexuales, el comisionado del Condado de Miami-Dade, José “Pepe” Díaz, rechazó la intención de la organización activista.
Díaz fue quien impulsó esta normativa en 2010 que prohíbe a todo sujeto que cuente con registros penales por delitos sexuales vivir a menos de 2.500 pies de un colegio o algún lugar donde se reúnan niños.
“Yo no entiendo. Esta ley es por nuestros hijos y nuestros nietos, no voy a dejar que nos quiten este reglamento porque estamos protegiendo a nuestro futuro”, expresó el comisionado.
“Desde que la propuse la ACLU ha tratado en tres oportunidades de detener su aplicación y ubica a los depredadores sexuales debajo de un puente, no me voy a quedar callado con esta situación” , explicó, al referirse sobre el impedimento de poder declarar y ofrecer detalles dada la vigencia del proceso judicial.
Explicó que esta ley “hace que la gente con la mente enferma y que haya salido de la cárcel después de una condena regrese a nuestras calles, cerca de los nuestros”.  Agregó que la normativa aprobada en Miami-Dade se ha aplicado en otros Condados y Estados del  país, “los policías nos han dicho que la ley sí funciona”.
Este viernes se conoció sobre la demanda en la que ACLU pide a un juez federal que impida la aplicación de la ley, por entender que la dureza de la ordenanza ha dejado a muchos ex convictos sin hogar, una vez que son puestos en libertad.
Uno de los argumentos de la organización es que muchas de las personas que son afectadas por esta ley no cuentan con recursos económicos para ir a otra ciudad y deben ubicarse en lugares apartados, bajo puentes o en sitios sin servicios públicos.