Los derechos humanos son adquiridos por todas las personas indistintamente de condiciones como raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión: se trata derechos inherentes desde el nacimiento.
De acuerdo con la ONU, existen dos grandes clasificaciones de los derechos humanos: derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales.
Sobre los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de 1976 expresa que “protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación”. Se refiere entonces a la libertad de movimiento, igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
También abarcan derechos como la libertad de opinión y libertad de expresión; la reunión pacífica; la libertad de asociación; y la participación en asuntos públicos y elecciones. Los derechos civiles y políticos incluyen la protección de los derechos de las minorías, y prohíben la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, la discriminación y la apología del odio racial y religioso.
Derechos humanos económicos
Por su parte, los derechos económicos y culturales, consagrados desde 1948 pasan por el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo. Esto apunta hacia el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables; a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Otro aspecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico.
La Convención de Ginebra de 1951 establece los derechos de los refugiados y fija protección internacional especial para las personas que se han visto obligadas a huir.
El 30 de noviembre pasado, en audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), instó a proteger el asilo y actualizar políticas migratorias. Adam Isacson, experto en WOLA, enfatizó el peligro de socavar el derecho al asilo para personas migrantes que huyen de la violencia, crisis humanitarias y de gobiernos autoritarios.
Isacson puntualizó que las políticas de disuasión no han sido efectivas. “La agencia de la ONU para los refugiados calcula que ahora mismo en el hemisferio occidental hay más de 22 millones de personas en movimiento”, indicó el vocero de WOLA.
Apuntó que ni Estados Unidos ni la mayoría de los países de la región se han adaptado a la situación de los migrantes y las peticiones de asilo. “Tenemos 659 tribunales de inmigración que se esfuerzan por atender 2.2 millones de casos, muchos de ellos son casos de asilo”.
En un trabajo publicado por la Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos de casa de estudios, Nancy Yáñez, puntualizó que “un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo, puede ser legal, pero no es legítimo”.
En este punto, son los agentes del Estado quienes violan los derechos humanos y ocurre cuando se incumplen las obligaciones en derechos humanos.
DDHH en América
Para 2022, Amnistía Internacional hizo un resumen de la situación de los derechos humanos en América. El registro enfatiza varios aspectos.
. Las autoridades de la mayoría de los países no aplicaron medidas para reforzar la protección del derecho a la salud, a pesar de que la pandemia por el Covid-19 evidenció que los sistemas de salud necesitan de importantes reformas. Guatemala, Honduras y Paraguay “seguían asignando niveles alarmantemente bajos de gasto público a la salud, y sus servicios de atención médica estaban desbordados”.
. “Muchos gobiernos de la región no abordaron las barreras estructurales causantes de la crisis desatada por la pandemia: las desigualdades socioeconómicas previas, los bajos niveles de tributación y de gasto público en salud, y la falta de acceso a otros determinantes sociales de la salud, concretamente, la seguridad alimentaria, el agua potable y la infraestructura básica”.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte que ser mujer y activista en la defensa de los derechos humanos incrementa los riesgos que enfrentan
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La inflación fue notable en Argentina, Chile, Colombia; Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De esta manera, en Cuba la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos. Tras el resurgimiento del cólera en Haití más de 40% de la población se enfrentaba a niveles de hambre de emergencia.
Uso excesivo de la fuerza
Asimismo, según documentó Amnistía Internacional, las prácticas del uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad han sido extendidas: se registraron de manera particular en zonas de ingresos bajos y población radicalizada en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos; México, República Dominicana y Venezuela.
“En Venezuela, las fuerzas de seguridad efectuaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país entre enero y septiembre. En Brasil, las operaciones policiales causaron la muerte de decenas de personas”, subrayó Amnistía Internacional.
. Las detenciones arbitrarias siguieron siendo generalizadas en Colombia, Cuba, Ecuador; El Salvador; México, Nicaragua y Venezuela.
“Las autoridades de El Salvador decretaron en marzo un estado de excepción como respuesta a un aumento notable de los homicidios presuntamente cometidos por las pandillas. La medida dio lugar a violaciones masivas de derechos humanos, más de 60.000 detenciones y la generalización de los juicios injustos”, documentó la organización.
. En Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela “se asesinó a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo”.
En EEUU fueron detenidas más de 75 personas en relación con las protestas que tuvieron lugar a raíz de la muerte de Jayland Walker, en junio, “hombre negro contra el que la policía había disparado 46 veces en Akron (Ohio)”.
Durante la crisis política tras la destitución del presidente Pedro Castillo 22 personas perdieron la vida en Perú.
Dentro del contexto de represión, “en Colombia, al menos 189 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. En Venezuela, al menos 396 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de intimidación, estigmatización y amenazas”.
Detenciones en Nicaragua
En el caso de Nicaragua, decenas de personas disidentes y críticas que estaban detenidas fueron enjuiciadas sin las garantías procesales. “En Nicaragua, las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 1.000 organizaciones durante el año, cerraron al menos 12 universidades, encarcelaron a periodistas y hostigaron a quienes ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición”, dijo AI.
La organización indicó que, en Venezuela, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, “con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno (régimen)”.
. Sobre la libertad de expresión, en 2022, en Colombia, Haití, México y Venezuela hubo periodistas asesinados.
“México vivió el año más mortífero de su historia para la prensa: al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio. En Nicaragua y Venezuela se cerraron arbitrariamente varios medios de comunicación”, dijo Amnistía Internacional.
. La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a los mecanismos federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia de la causa Roe v. Wade. “Tras la decisión, varias cámaras legislativas estatales aprobaron legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto”.
En Puerto Rico fracasaron cinco proyectos de ley para restringir el acceso al aborto.
. “Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por esos delitos”, enfatizó Amnistía Internacional. En México, entre enero y noviembre se registraron 858 feminicidios.
@snederr
FUENTE: Naciones Unidas / Amnistía Internacional / Universidad de Chile
