Corría el año 1948, cuando la Asamblea General de la ONU procedió a aprobar, mediante la Resolución 217 A (III), un documento de capital importancia. El texto, concebido como un ideal común para todos los pueblos y naciones, era la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Más allá de lo contenido en declaraciones previas, ésta recogía una visión que superaba el particularismo de naciones, sistemas o culturas, independientemente de su sexo, religión, raza o posición social. En su artículo 25, afirmaba: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos resulta de obligado recuerdo y de aún más obligado cumplimiento a día de hoy. El acceso a la sanidad ha sido considerado el avance médico más importante desde 1840 por encima de los antibióticos, de las vacunas y de la anestesia. A pesar de tan señalada circunstancia, el 40 por ciento de la población del globo carece de esa asistencia y eso incluye a decenas de millones en la nación más poderosa del planeta.

La defensa de los Derechos Humanos no sólo incluye las elecciones celebradas con regularidad o la apertura de mercados. También implica, de manera más que relevante, la asistencia médica. Cuando ese derecho es aplastado, es recortado, incluso negado, se está produciendo una violación de los derechos humanos absolutamente intolerable, especialmente en aquellas naciones que se jactan de haber alcanzado un alto grado de bienestar.

Señalo todo esto porque escuchando conversaciones cercanas no puedo dejar de sufrir un profundo estupor. Cuando contemplo que un sector de los políticos de este gran país está dispuesto a dejar sin cobertura sanitaria a 24 millones de estadounidenses se me hiela la sangre en las venas. El Obamacare no me gusta y creo que es más que mejorable, pero la salida no puede ser suprimir de un plumazo la cobertura médica para millones. Seguramente, algunos se sentirán más contentos viendo como aumenta el gasto militar o cómo se aceptan las reivindicaciones del lobby gay o cómo se prepara la próxima invasión en el extranjero. Son muy dueños de pensar así, pero lo cierto es que los ciudadanos de Estados Unidos tienen una esperanza de vida no sólo inferior a la de Unión Europea o Japón sino incluso de naciones hispanoamericanas como Chile.

Esa circunstancia, lejos de provocar nuestra indiferencia, debería cubrirnos de vergüenza porque todo ese dinero estaría mucho mejor empleado en evitar que una persona muriera por no poder costearse una intervención quirúrgica, en impedir que un niño con problemas psicológicos se vea desatendido o en detener que la enfermedad vaya corroyendo a una persona a la espera de atención. La atención sanitaria universal y digna es un derecho humano fundamental y pretender no verlo, negarlo o mirar para otro lado implica una sobrecogedora violación de los derechos humanos.

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