La exmagistrada Blanca Rosa Mármol indicó que el régimen impide a los presos políticos acceder a defensa propia para controlar los procesos judiciales
Funcionarios del régimen en la presentación de la memoria y cuenta del dictador Nicolás Maduro ante el Parlamento chavista
AFP / ArchivoCARACAS.- En Venezuela, el derecho a la defensa es “evidentemente violentado” por el régimen de Nicolás Maduro, que ha impedido a los presos políticos acceder a abogados privados durante los procesos judiciales que enfrentan, en el marco de la persecución política que ha incrementado en los últimos meses.
“El ejercicio efectivo del derecho a la defensa en el país queda evidentemente violentado”, aseguró la abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora actúa como brazo judicial del régimen chavista.
En una entrevista concedida a El Nacional, la exmagistrada, reconocida por la firmeza y coherencia de sus resoluciones, sostuvo que la prohibición a los presos políticos de elegir una defensa propia, consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es una “violación de los derechos legales y constitucionales de las personas sometidas a juicios penales”.
El régimen de Maduro ha impedido que presos políticos como la abogada Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente en febrero pasado; o los jefes de Vente Venezuela, movimiento político de María Corina Machado, Dignora Hernández y Henry Alviárez, a quienes aún mantienen aislados, accedan a la defensa privada.
A los detenidos de conciencia le han asignado defensores públicos sobrecargados y con recursos limitados, que fallan en conocer personalmente a los defendidos y omiten asistir a apelaciones críticas.
Mármol recordó que el derecho a nombrar un abogado de confianza es “inalienable y afecta indudablemente” el derecho a la defensa del imputado “al no permitirle el asesoramiento de su confianza”.
“Indudablemente, es un atropello a los derechos de las personas sometidas a investigación penal y también al ejercicio profesional de los abogados en ejercicio al no permitirles realizar su trabajo profesional”, apuntó.
A juicio de la jurista, el irrespeto al derecho humano a la defensa y al debido proceso obedecen a “razones evidentemente políticas” que buscan controlar al equipo legal para que cumpla la órdenes del régimen y los presos políticos sean “condenados en virtud de una mala defensa”.
“Habrá excepciones, no debemos descartar, pero los defensores públicos así ‘designados’ temerán ser destituidos de no acatar las instrucciones recibidas, siendo de notar que estos son casos de persecución política”, resaltó.
Aunque las acciones legales en estos casos se ven afectadas por falta de un abogado propio, Mármol consideró que la primera medida a tomar debe ir dirigida a revocar a la defensa impuesta.
“Procedería un amparo judicial, dentro del país, con resultados previsiblemente negativos y luego recurrir a instancias internacionales denunciando la conducta del régimen”, indicó.
Ante este escenario, destacó la importancia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos para hacer públicas las denuncias de esta violaciones a derechos fundamentales, a las que se deben sumar los familiares de los presos políticos.
Estimó, además, que debe haber pronunciamientos de los Colegios de Abogados en todo el territorio venezolano, dada la “naturaleza de la violación al derecho a la defensa en juicio para el imputado y la violación del derecho al ejercicio de la profesión para los abogados”.
“Ineludible hay que decir que el juez ante quien se realiza este nombramiento compulsivo del defensor debe impedirlo y está en la obligación de garantizar al procesado el derecho de nombrar libremente su defensor. Sólo que en Venezuela, los jueces tienen miedo. Miedo a ser destituidos y miedo hasta de ser enjuiciados y detenidos por sus decisiones”, subrayó.
La exmagistrada recordó que en la nación suramericana actualmente no existe un Estado de Derecho, puesto que los poderes Legislativo, Judicial y Electoral “están controlados por el régimen”.
“En consecuencia, las leyes, las decisiones y los resultados de las elecciones se hacen siguiendo órdenes del Ejecutivo”, precisó.
Un ejemplo de ello, mencionó, fue la conducta de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 28 de juicio, cuando prohibieron “sin base legal ni constitucional” la candidatura de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien resultó electa en las primarias de octubre pasado con más de dos millones de votos.
“Admitieron, una vez más, la candidatura de Nicolás Maduro, quien no cumple los requisitos constitucionales para optar a la Presidencia de la República, pues, en el mejor de los casos, tiene doble nacionalidad”, puntualizó.
La ausencia del Estado de Derecho se evidencia, además, en la persecución política de la disidencia, que ha arreciado en los últimos meses, principalmente, contra personas del entorno de Machado, que tiene nueve miembros de su equipo de campaña detenidos y otros seis asilados en la Embajada de Argentina en Caracas.
“Para decirlo claramente: En Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir”, enfatizó Mármol.
FUENTE: Con información de El Nacional
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