Los juristas señalados participaron en el proceso que culminó el 15 de enero de 2026 con severas sanciones contra los manifestantes, que protestaron por el servicio eléctrico
Los fiscales Yosmel Guevara Herrera, Aireby Miranda Pérez y la juez Aimee Caraballé Corrales fueron agregados a la lista de represores de “Cuello Blanco” del proyecto represorescubanos.com
Fundación para los Derechos Humanos en CubaMIAMI — El proyecto represorescubanos.com, impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, incorporó a su registro de represores de “Cuello Blanco” a jueces y fiscales del sistema judicial cubano involucrados en las condenas de hasta ocho años de prisión impuestas a seis ciudadanos del municipio de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, por participar en una protesta pacífica contra los apagones.
Según informó la organización, los juristas señalados participaron en el proceso que culminó el 15 de enero de 2026 con severas sanciones contra los manifestantes, quienes el 7 de noviembre de 2024 se congregaron frente a la sede municipal de la Asamblea del Poder Popular y del Partido Comunista para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 48 horas sin suministro.
Entre los incluidos en la lista figuran los fiscales Ayrebi Miranda Pérez —ya señalado previamente por el propio proyecto— y Yosmel Guevara Herrera, así como los jueces Aimee Caraballé Corrales (ponente), María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández.
De acuerdo con la documentación del caso, Miranda Pérez describió en el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024 que los imputados “tocaban calderos y gritaban ‘queremos corriente’”, actos que constituyen un ejercicio pacífico del derecho a la protesta. No obstante, el fiscal los acusó del delito de desórdenes públicos y solicitó penas de entre cuatro y nueve años de prisión, peticiones que fueron ratificadas durante el juicio por Guevara Herrera.
Por su parte, los magistrados impusieron condenas de entre cinco y ocho años. En la sentencia número 4 de 2026, los jueces afirmaron que los procesados “decidieron aglomerarse frente a las sedes del gobierno y el Partido (Comunista), donde una vez allí incitaron a otras personas a que se sumaran a la protesta y obstaculizaban la vía pública”.
Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes protestando de forma pacífica, tocando cazuelas y reclamando el restablecimiento del servicio eléctrico justamente ante las autoridades, en espacios donde el propio régimen ha reconocido como lícitas las manifestaciones.
El caso tuvo amplia repercusión en medios independientes y del exilio cubano, en especial por el encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea Chávez, cuya madre, enferma de cáncer, solicitó verlo antes de fallecer. La petición fue denegada por el jefe de la prisión de La Pendiente, Yurianis Speck Rosillo, y la mujer murió sin poder reencontrarse con su hijo.
Las sanciones impuestas fueron las siguientes:
Yandri Torres Quintana: petición fiscal de 9 años; sanción de 8 años
Rafael Javier Camacho Herrera: petición de 9 años; sanción de 7 años
José Gabriel Barrenechea Chávez: petición de 6 años; sanción de 6 años
Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: petición de 5 años; sanción de 5 años
Yuniesky Lorences Domínguez: petición de 4 años; sanción de 3 años de trabajo correccional sin internamiento
Marcos Daniel Díaz Rodríguez: petición de 5 años de limitación de libertad; sanción de 5 años de limitación de libertad
El proyecto represorescubanos.com considera que los jueces y fiscales implicados habrían incurrido en crímenes de lesa humanidad, específicamente encarcelamiento y persecución por motivos políticos, además de violaciones al derecho a un juicio justo y a un tribunal imparcial, recogidos en los artículos 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el delito internacional de prevaricación.
FUENTE: Con información de Fundación para los Derechos Humanos en Cuba
Descarga LA APP