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CARACAS.- "Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Colombia y para la seguridad regional”, dijo contundentemente la vicepresidenta de este país, Marta Lucía Ramírez, al pronunciarse este jueves 10 sobre la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo de seis años en Venezuela. La frase deja clara la preocupación de su Gobierno y la región sobre la situación que vive su país vecino, con el que comparte una extensa y conflictiva frontera.

Las palabras de Ramírez, además, le subieron el tono a la consternación de los países de la región luego de la toma de posesión de Maduro como “Presidente” de Venezuela, un cargo que está ahora en entredicho debido a la dudosa legalidad y legitimidad de las elecciones de mayo de 2018 en las que se proclamó “reelecto”, por lo que ahora es catalogado como usurpador del poder, según la Asamblea Nacional (AN) (Parlamento), una situación extraordinaria que ha levantado las alarmas de la comunidad internacional.

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Pero la preocupación internacional por lo que sucede en Venezuela no explotó ayer. Varios países latinoamericanos, la Unión Europea, EEUU, Canadá, y organismos multilaterales como la OEA y la ONU ya se venían pronunciando desde 2017, aunque fue en 2018 cuando el asunto pasó a ser un tema obligado de la agenda internacional. Las razones son evidentes si se echa un vistazo a lo interno de este país: una crisis humanitaria causada por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, una economía con hiperinflación, y una oleada de emigración que ha afectado significativamente a los países vecinos.

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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para dar seguimiento a la situación en Nicaragua.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para dar seguimiento a la situación en Nicaragua.

Estos factores componen un cuadro riesgoso para la región latinoamericana, inestable de por sí, y más todavía si se considera que la crisis venezolana empeora cada día más.

"Estamos ante un hecho totalmente extraordinario, una situación de violación total y absoluta del pacto social venezolano y la toma del poder por parte de un gobierno espurio, usurpador e ilegítimo, estamos hablando de un gobierno forajido, que a su vez tiene como propósito la instauración de un gobierno socialista comunal y el desmonte definitivo de un estado liberal burgués, entonces, eso lleva a que se trate de deslegitimar, en forma y en fondo, todas las instituciones que tengan que ver con el Estado liberal y por eso es que se habla de un Estado fallido”, manifestó el especialista en temas internacionales Carlos Luna, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (CORVI), para explicar el porqué de la preocupación regional alrededor del caso venezolano.

A lo anterior se agrega la emergencia humanitaria que experimenta Venezuela, que ha causado que unos “cuatro millones de personas, incluso hasta más, hayan salido de las fronteras, trasladando un conjunto de problemas y riesgos a otros países”.

Pero hay más. Un Estado fallido facilita la acción de grupos irregulares y de crimen organizado. “Es un peso muy grande para el continente o la amenaza sustantiva a la seguridad (es enorme), y por eso es la actitud concertada del Grupo de Lima y la OEA de tratar de ayudar en lo posible a la transformación y la transición política en Venezuela”, asevera.

En fecha próxima al 10 de enero, el Grupo de Lima, que está integrado por 13 países de Latinoamérica, emitió una declaración en la que acordó desconocer el nuevo mandato de Maduro. La declaración supuso un golpe duro para el gobernante porque significa que todos esos países vecinos de Venezuela no lo reconocen como legitimo Presidente de ese país.

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El canciller peruano, Néstor Popolizo (cen.), durante una rueda de prensa junto a sus pares del Grupo de Lima Carlos Trujillo (izq.), de Colombia, y Roberto Ampuero (der.), de Chile.
El canciller peruano, Néstor Popolizo (cen.), durante una rueda de prensa junto a sus pares del Grupo de Lima Carlos Trujillo (izq.), de Colombia, y Roberto Ampuero (der.), de Chile.

También, el jueves 10 de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó “no reconocer” el nuevo periodo de Maduro y pidió que se celebren nuevas elecciones, en una fecha cercana, y con observación internacional. Asimismo, urgió a los Estados miembros y Observadores Permanentes de la OEA a adoptar "de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional", las "medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras" que consideren necesarias para "contribuir a la restauración del orden democrático" en Venezuela.

Los recursos de la presión internacional

El especialista explicó que a partir de ahora la comunidad internacional tiene en sus manos varios recursos para enfrentar al régimen venezolano. En primer lugar, está el desconocimiento y el no reconocimiento de Maduro como Jefe de Estado. Los efectos de esto podrían ser variados.

“En diverso grado puede haber desde rompimiento de relaciones diplomáticas, como es el caso que estamos viendo de Paraguay, o puede haber reducción al mínimo de relaciones diplomáticas como es el caso de Perú, o puede haber sanciones, como es el caso de EEUU, una multiplicación de las sanciones individuales, así como también se le puede imponer una sanción petrolera a Venezuela”, dijo.

Sobre este último recurso, indicó que agravaría la situación económica del país por lo que cree que “los Estados se van a cuidar, ya que se quiere afectar lo menos posible al pueblo venezolano”.

Graves consecuencias

El régimen de Maduro se enfrenta a consecuencias graves al no ser reconocido por la comunidad internacional, una de ellas es que su capacidad de acción y maniobra se verá reducida de manera significativa.

"Esta situación ahora de usurpación de Nicolás Maduro hace que se pierda mucha más la confianza de los mercados y capitales internacionales y hace que sea menos posible la importación de alimentos o la recepción de préstamos internacionales”, manifestó Luna.

En una hipotética situación en la que el régimen de Maduro decidiera disolver al Parlamento, el único poder legítimo en el país, Luna considera que se profundizaría “la perspectiva de gobierno de facto”.

“Si esto fuera así dejaría a la ciudadanía en una situación de indefensión en términos de derechos humanos frente al poder, con lo que la reacción de la comunidad internacional sería mucho más virulenta y profunda”.

Para el experto, la comunidad internacional ha hecho lo suficiente en la medida de sus capacidades, sin embargo, considera necesario que esto se acompañe de una organización y articulación social alrededor del Parlamento. “Donde los gremios, los sindicatos, los estudiantes, y demás fuerzas vivas de la sociedad luchen por la restitución de la Constitución y la democracia, pero de la mano del único poder constituido como es la AN (Asamblea Nacional)”.

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