La lupa puesta sobre la aplicación de esta normativa también recae sobre nueve consulados, en los cuales se cometieron “presuntas irregularidades”
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 5 de octubre de 2026 para convocar elecciones anticipadas. (AFP)
AFPMADRID.- La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como “Ley de Nietos” concentra sus principales críticas en dos dimensiones: la gestión de los trámites y sus posibles efectos electorales para los comicios generales del 29 de noviembre.
En esta dimensión de la gestión de trámites entra en juego la contratación de personal cubano en la isla, mediante la empresa Palco, lo cual le da acceso a esos trabajadores de la información consular.
Ante las denuncias sobre esta irregularidad, al gobierno de Pedro Sánchez no le quedó más remedio que admitir el hecho.
El medio español Vozpopuli, el pasado 22 de octubre, informó que la confirmación se hizo a través de una comunicación enviada al Congreso, en la cual reconoce que los trabajadores cubanos suministrados por Palco pueden consultar documentación y sistemas informáticos de la sede española en La Habana. No se señaló específicamente que información tienen a su alcance.
Ente otros de los cuestionamientos que se le hacen al contrato, está que no hay cláusulas de confidencialidad.
Si bien la comunicación oficial indica que los accesos a la información están limitados a las necesidades del servicios y sujetos a controles, pero sin concretar qué documentos pueden consultar los cubanos ni el alcance de sus permisos, el hecho es relevante por el volumen de expedientes que acumula esa oficina consular y por la naturaleza de la información que requieren estos procedimientos, reporta Vozpopuli.
El medio destaca que las solicitudes incluyen partidas de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes familiares para acreditar el derecho a obtener la nacionalidad española. Pero el Ejecutivo sostiene que los trabajadores de Palco realizan funciones administrativas y auxiliares bajo supervisión española y que no participan en las decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados.
Defiende la contratación de los cubanos bajo el argumento de que por las restricciones de la legislación cubana, las representaciones diplomáticas y consulares españolas no pueden contratar directamente a empleados locales y deben recurrir a una entidad empleadora autorizada.
El medio español señala que queda abierta la incógnita, a la cual el gobierno de Sánchez no da respuesta: ¿qué información pueden consultar realmente los trabajadores de Palco y dónde están recogidas, de forma verificable, las garantías de confidencialidad que asegura aplicar España?
Así mismo, esta situación “afecta la supervisión de un contrato público y a la protección de los datos personales de quienes acuden al consulado español en La Habana para solicitar nacionalidad”, acota Vozpopuli.
Ya en julio pasado, Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular (PP) acusó a Sánchez de “fabricar votantes” a través de la Ley de Nietos.
Feijóo explicó que el PP está preocupado por cómo se están ejecutando las nacionalizaciones y alertó de que los consulados, o empresas externas contratadas para agilizar el proceso, tienen la potestad de asignar una provincia cuando los solicitantes no tienen arraigo en ninguna.
Las premoniciones del líder del partido opositor, al parecer, se están cumpliendo, porque el sindicato Manos Limpias denunció este 14 de octubre que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción a nueve responsables consulares españoles destinados en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas.
Manos Limpias solicita que se investigue presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa (decisión arbitraria e injusta). Sospechan que hayan concedido ciudadanías sin comprobar debidamente el cumplimiento de los requisitos.
Manos Limpias advierte que las posibles irregularidades en la concesión de nacionalidades podrían tener consecuencias sobre la composición del censo electoral, dado que los nuevos ciudadanos españoles adquieren derechos políticos cuando cumplen los requisitos establecidos.
Sin embargo, la denuncia no acredita que exista una operación organizada para alterar las elecciones ni que las personas nacionalizadas hayan cometido fraude electoral, de acuerdo con lo reseñado por La Gaceta de la Iberoesfera, este 19 de octubre.
La abogada María Herrera Mellado explica el procedimiento jurídico. En primer lugar, puntualiza que Manos Limpias, pidió a la Fiscalía que se investigue el posible delito de falsedad documental y prevaricación administrativa, entre otras cuestiones, todo esto en relación con la tramitación de expedientes de nacionalidad.
“La denuncia contra los nueve cónsules va más allá de que no solamente hayan podido interpretar erróneamente la ley o que hayan cometido fraude, sino que también se habla de irregularidades. Por ejemplo, a los consulados que estaban aceptando algunas fotocopias, entonces pide que se investigue si se aprobaron determinados expedientes utilizando fotocopias, sin comprobar suficientemente la autenticidad. Es decir, que si se respetó o no la exigencia documental que exige la ley”.
Herrera Mellado señaló que no hay una fecha exacta para que la Fiscalía abra la investigación sobre el caso de los consulados señalados. Se esperaba que el procedimiento de averiguación fuera expedito, dado que el 22 de octubre cerraba el censo de votantes en el exterior.
“Ese es el problema, que más allá del 22 de octubre se mantendrá la suspensión cautelar”, indicó y explicó que generalmente la Fiscalía, tras recibir una denuncia penal, tiene un plazo de 30 días para investigar.
Se calcula que por esta ley unas 600,000 personas se hayan podido beneficiar de la nacionalidad española.
Por ahora, el Tribunal Constitucional ratificó que 163,020 personas que no se les ha permitido el derecho voto, seguirán en esta condición hasta tanto sean capaces de acreditar que las condiciones legales vinculadas al exilio existen.
La abogada especificó que la suspensión en lo electoral no significa que se les anule la nacionalidad española, sino que, para efectos de estas elecciones, salvo que los consulados de verdad acrediten y cumplan las condiciones legales asociadas al exilio, no van a poder votar.
Destacó que el problema es que el Ministerio de Exteriores reconoció que es muy difícil revisar todos los expedientes, “pero ya sabemos que a la fecha de hoy hay 48 oficinas consulares que han completado total o parcialmente los casos”.
“El proceso de verificación está en marcha y si se comprueba que todo está en orden podrán votar. Es lo que el gobierno espera, pero por ahora lo que ha dicho el Supremo es que se mantiene la restricción, si los consulados no pueden acreditar que se cumplen con las condiciones legales, no se les va a permitir a las personas votar”.
Herrera Mellado apuntó que existen las sospechas de que podría haber una maniobra para que 163,000 votantes lo hicieran a favor de Pedro Sánchez. Apuntó que en realidad no se sabe por quién sufragarían.
“Lo que sí se está intentando demostrar es que se cambió una instrucción para incluir la presunción de que había una condición de exilio cuando no la hay y eso más todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y el PSOE hace pensar que han intentado colar a muchas personas y que quieren además utilizar esto como arma para que los voten en las elecciones”.
El Tribunal Supremo decidió este 23 de octubre requerir a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que en un plazo de cinco días remitan la relación nominal de las 163,020 personas nacionalizadas por la Ley de Nietos, que no podrán votar el 29-N salvo que los consulados certifiquen que realmente cumplan con los requisitos.
El alto tribunal hace a ambos ministros una advertencia de que si no envían esa lista, pueden ser objeto de multas reiteradas hasta que lo hagan y la Sala podría deducir testimonio contra ellos para que se les exija la responsabilidad penal que proceda.
La decisión del Tribunal Supremo es un salto cualitativo que pone de manifiesto hasta qué punto consideran que, transcurridos 43 días desde la primera resolución sobre las irregularidades del censo electoral por la inscripción de los llamados “nietos”, el Gobierno no ha llevado a cabo medidas eficaces para garantizar que esas irregularidades van a ser subsanadas antes del 29-N.
La ley de Nietos se aprobó en 2022 para que los hijos y nietos de exiliados puedan acceder a la nacionalidad española. Un total de 2.4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, incluida en la Ley de Memoria Democrática, de los cuales 544,722 la tienen aprobada y 306,000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
FUENTE: Con información de Vozpopuli/El Español/ABC
Descarga LA APP
