El exalcalde resaltó que “no basta con el ‘olvido legal’ si permanecen vigentes instrumentos punitivos como la Ley contra el Odio y la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”
Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.
EuropaPressCARACAS.— El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, alertó que cualquier intento serio de aprobar una ley de amnistía en Venezuela debe ir acompañado del desmantelamiento completo del entramado jurídico que sostiene la maquinaria represiva del régimen chavista.
Así lo expresó este domingo a través de su cuenta en X, en un mensaje que encendió el debate sobre los alcances reales de una “apertura política” impulsada desde Caracas por la jefa nterina de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez.
“Cualquier planteamiento serio de una Ley de Amnistía debe ir indisolublemente ligado al desmantelamiento del andamiaje legal que sostiene la represión en Venezuela”, afirmó Ledezma, expreso político del régimen, exiliado en España.
Resaltó que “no basta con el ‘olvido legal’ si permanecen vigentes instrumentos punitivos como la Ley contra el Odio y la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”, normas que calificó como “diseñadas no para buscar justicia, sino para criminalizar la disidencia bajo el pretexto de ‘traición a la patria’”.
El exalcalde metropolitano subrayó que estas leyes, utilizadas durante años para justificar detenciones arbitrarias, persecución política y sentencias desproporcionadas, imponen penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, además de inhabilitaciones perpetuas que anulan la participación ciudadana y los derechos políticos de opositores, periodistas y activistas.
Ledezma fue tajante al exigir el fin inmediato de la construcción de causas judiciales fabricadas contra voces críticas al régimen: “Exigimos que se detenga la fabricación de expedientes políticos y se eliminen estas leyes que… solo sirven para justificar la persecución y anular los derechos fundamentales de quienes opinan diferente”, publicó en su mensaje.
Sus declaraciones coinciden con un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha llevado a excarcelar a presos políticos —hasta el momento, a cuenta gotas—, y a anunciar una Ley de Amnistía General y el cerre de El Helcoide, sede de la policía política, considerada el mayor centro de torturas de América Latina.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, personalidades opositoras y sectores de la sociedad civil han advertido que la arquitectura represiva sigue intacta y operativa.
La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha servido de base para encarcelar activistas, cerrar medios de comunicación, intimidar ciudadanos y castigar expresiones críticas en redes sociales.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, más reciente, amplía la noción de “traición a la patria” y la convierte en una categoría jurídica vaga y abierta, lo que —según expertos— permite al Estado perseguir prácticamente cualquier conducta disidente.
Ambas normas han sido señaladas por activistas, defensores y organizaciones internacionales de derechos humanos como incompatibles con estándares democráticos y de libertad de expresión.
Mientras algunos sectores insisten en que una ley de amnistía podría abrir paso a un proceso de transición política, Ledezma advirtió que dicha medida sería estéril si no viene acompañada de reformas estructurales.
FUENTE: Con informacón de redes sociales
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